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El departamento que dirige María Seguí insta a todos los españoles con un vehículo de más de 10 años a comprarse un coche nuevo

La DGT adjudica por 800.000 euros la póliza de responsabilidad civil obligatoria de sus coches oficiales a la norteamericana AIG, la empresa que inició la crisis financiera mundial en 2008

Noviembre 22, 2013

Paga a su vez más de 890.000 euros anuales a la francesa AXA por otro seguro voluntario que cubre el mismo concepto

Ambos contratos, adjudicados en un idéntico proceso de licitación, tienen una duración de dos años 
Este verano la Dirección General de Tráfico presupuestó importantes cantidades para la contratación de cinemómetros con un claro afán recaudatorio

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El departamento que dirige María Seguí vive tiempos convulsos. Las decisiones polémicas y las críticas se acumulan en torno a la DGT, tras un verano en el que las acusaciones apuntaron al famoso helicóptero Pegasus que, con su caro radar y su elevado coste por viaje, sobrevuela las carreteras españolas con un afán que muchos creen exclusivamente recaudatorio. No empero, la última polémica viene a engordar los problemas de la Dirección General de Tráfico. El detonante ha sido una carta enviada a los propietarios de vehículos con un tiempo de vida superior a los 10 años en la que invitaba a los mismos a deshacerse de su medio de transporte y adquirir uno nuevo, recordando que el plan PIVE -Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente auspiciado por la propia DGT- sigue en marcha y que todo el que quiera puede adherirse. Bien es cierto que a pesar de los datos que maneja el organismo dependiente del Ministerio del Interior, “de los casi 33 millones de automóviles registrados en España, 13 millones tienen diez o más años”, la situación económica que vive el pueblo español dista mucho de una realidad en la que la mayoría de los hogares puedan incurrir en el gasto que significa un coche nuevo.

No obstante, la misiva tiene un claro carácter imperativo expresando como “un reciente estudio” demuestra que en vías convencionales “el riesgo de que haya al menos un fallecido se duplica en los vehículos antiguos respecto a los más modernos y con mayor equipamiento de seguridad activa y pasiva”. Además, la carta sugiere valorar la “posibilidad de beneficiarse de las ayudas de los planes de renovación del parque” automovilístico si el receptor de la carta “está pensando en comprar un vehículo nuevo”. Ante la polémica suscitada, fuentes de la DGT aseguran que “no le estamos pidiendo a nadie que compre un coche, sino que le advertimos de los riesgos de los vehículos antiguos para que decidan si hacer o no hacer un viaje en ese coche”. Sin embargo el comunicado no sólo ataca la libertad de los usuarios, según ha denunciado la Red Operativa de Desguaces Españoles (Ro-Des), sino que la gran mayoría ha recibido la circular con referencia a un vehículo que hace años, e incluso décadas, dejaron de poseer.

Muchas eran las formas que conocíamos a través de las cuales el Gobierno intentaba alimentar sus desnutridas arcas, pero esta es una de las más innobles que ha intentado el Estado. De hecho, la DGT ha sido protagonista de algunas de ellas tras un ajetreado verano en el que se ha dedicado a presupuestar grandes cantidades para hacerse con numerosos cinemómetros que colocar a lo largo y ancho de las carreteras españolas. Es más, desde que María Seguí sustituyó a Pere Navarro en la dirección del órgano público, apenas ha habido propuestas en seguridad vial sino tan solo una serie de alteraciones de la velocidad en las vías españolas. Lejos quedan las verdaderas funciones de la DGT como ocuparse de la seguridad, el cuidado de las carreteras o el cumplimiento de la Ley.

Más de 5 millones estimados para seguros

A pesar de todo ello, la DGT no escatima en gastos propios. Ahora el organismo autónomo vuelve por sus fueros y adjudica los contratos que van a regir dos pólizas de seguro para sus vehículos oficiales. Por un lado el seguro de responsabilidad civil de vehículos y seguro complementario de suscripción voluntario. En un principio para ambos compromisos, la dirección adscrita al Ministerio del Interior de Fernández Díaz presupuestaba un valor estimado del contrato que rozaba el disparate: más de 5 millones de euros (5.369.075 euros). En la licitación final se consiguió reducir esta cantidad, sin dejar de representar ésta un importe descabellado.

El primero de los lotes, el contrato para el “seguro de responsabilidad civil obligatoria (SOA)” fue adjudicado a la sucursal española de la internacional americana AIG Europa Limited por un total de 802.210 euros. En añadidura, el segundo paquete, el contrato para el “seguro complementario de suscripción voluntaria” se concedió a la filial multinacional francesa Axa Seguros Generales S.A. de Seguros y Reaseguros por un importe de 891.955 euros.

¿Qué significa esto? En resumidas cuentas, cerca de 2 millones de euros (1,7 millones) vuelan de las arcas del erario público allende nuestras fronteras para satisfacer los intereses privados de dos compañías de seguros y servicios financieros. El escarnio es mayor cuando se trata de dos objetos que bien podrían cubrir cualquiera de las empresas españolas del sector público o del privado.

La DGT favorece al epicentro de la crisis

Curioso es, cuanto menos, que la DGT otorgue uno de sus contratos a la empresa que desató la mayor crisis económica de la época moderna. American International Group (AIG) es uno de los líderes mundiales de seguros y servicios financieros con una red que se extiende por más de 130 países y en los Estados Unidos es el actor más importante en el sector de seguros comerciales e industriales. Sin embargo, AIG una gran desconocida para muchos españoles salto a los informativos hace pocos años por razones ajenas a su actividad de concesión de seguros, sino relacionado como ser una de las empresas detonantes de la crisis financiera mundial. En septiembre de 2008 en el contexto de la crisis subprime -hipotecas basura concedidas en Estados Unidos- AIG tuvo serios problemas para refinanciar una deuda de entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, desplomándose en el mercado bursátil estadounidense un 60,8% el mismo día que la multinacional americana Lehman Brothers también quebraba. De enero a septiembre de 2008 la empresa perdió el 92% de su valor en bolsa y acumuló pérdidas por valor de 18.000 millones de dólares que llevó a que el 17 de septiembre de 2008, la Reserva Federal de los Estados Unidos nacionalizara AIG, al borde de la quiebra, para evitar que su derrumbe arrastre a todo el sistema financiero mundial. De este modo entregaría 85.000 millones de dólares -60.000 millones de euros- a la compañía para hacerse con el 80% de sus activos. A partir de ese momento, la deriva que tomó la economía mundial es conocida por todos.

En un alarde de justicia, el Ministerio del Interior, en lugar de premiar los esfuerzos de las compañías nacionales, recompensa los heroicos actos de multinacionales extranjeras como AIG que a punto han estado de hacer desaparecer la autonomía financiera española y que han condenado a la práctica totalidad de la población a vivir muy por debajo del nivel que acostumbraban.