Menú Portada
Otro lunar más en la gestión de María Seguí dos días antes del comienzo de una de las operaciones más importantes del año

La DGT adjudica en el mismo día dos contratos diferentes por valor de 1,2 millones de euros a la misma empresa por su carácter de “exclusividad”

Diciembre 5, 2013
pq_940_maria-segui.jpg

La Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy jueves a las 15 horas un dispositivo especial para regular, ordenar la circulación y dar servicio a los 5 millones de desplazamientos previstos durante este largo fin de semana. Este año, al coincidir la festividad de la Inmaculada en domingo, siete comunidades autónomas -Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja- trasladan el festivo al lunes, motivo por el cual, la operación especial de Tráfico finalizará a las 24 horas del lunes 9 de diciembre. Para llevar a cabo todo este dispositivo, la DGT cuenta con más de 600 funcionarios y personal técnico especializado, otros 10.000 agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y más de 13.000 empleados de las empresas de conservación de vías en régimen de concesión dependientes del Ministerio de Fomento. No empero, además de las medidas de ordenación previstas para que haya fluidez en la carretera, se seguirá vigilando que los conductores cumplen las normas establecidas. Para ello se seguirán realizando controles de alcohol y drogas, se controlará la velocidad a la que se circula, se comprobará que todos los ocupantes llevan puestos los cinturones de seguridad -en especial los menores- o que no se utiliza manualmente el móvil mientras conduce.

Para ello, el departamento que regenta María Seguí ha vuelto a poner en práctica una de sus técnicas habituales: la adjudicación. De hecho, desde la llegada de la nueva directora en sustitución de Pere Navarro, apenas se han producido propuestas en seguridad vial sino tan solo una serie de alteraciones de la velocidad en las vías españolas. El ánimo por recaudar parece estar detrás de todas estas estrategias, olvidando las verdaderas funciones de la DGT como ocuparse de la seguridad, el cuidado de las carreteras o el cumplimiento de la Ley.

El 3 de diciembre de 2013, el BOE publicaba dos anuncios de la DGT por los cuales se adjudicaban dos contratos. El primero de ellos comprendía el “suministro de 4 cinemómetros para usar desde aeronaves de la DGT”. El segundo, tenía como objeto el “suministro de un sistema de captación de imágenes MX15 con capacidad cinemométrica en cambio estándar para los helicópteros dela DGT”.

Dos contratos diferentes pero el mismo procedimiento: negociado sin publicidad. ¿Por qué? Al comprobar el nombre de la empresa favorecida por ambos trámites todo cobra más sentido. La adjudicataria, tanto en el contrato de los 4 radares como en el del sistema de captación de imágenes es la misma: Etel 88 S.A. Las razones de esta convergencia se apuntan en ambos anuncios: “ser la única oferta presentada, por tratarse de un procedimiento negociado por exclusividad”.

Dicha exclusividad, que corrompe a todas luces los principios de concurrencia competitiva y libre concurso, garantiza a la empresa Etel 88 dos contratos que suman más de 1,2 millones de euros -640.000 euros el primero y 605.000 el segundo-.

¿Qué es Etel 88?

La empresa con sede en el Aeropuerto de Cuatro Vientos de Madrid se dedica al “comercio al por mayor de aparatos y material radioeléctrico y electrónicos” y sabe bastante poco de la crisis. Aunque logró sus ventas máximas en el año 2008 con 7.020.905 euros y sufrió una caída brusca en su facturación en el año 2009 y un leve descenso en 2010, en el 2011 volvió a crecer, vendiendo por 4.487.504 euros, unos activos de 7.524.299 euros y unos beneficios de 732.010 euros. La empresa es propiedad, prácticamente en su totalidad (94%), de José Luis Folch Cantón y tiene una plantilla de 6 trabajadores.

Suma y sigue

La controversia no es un ámbito nuevo para la DGT. El organismo público adscrito al Ministerio del Interior se ha llevado varios tropezones en las últimas fechas. Entre ellos destaca la polémica desatada por el famoso helicóptero Pegasus que, con su caro radar y su elevado coste por viaje, sobrevuela las carreteras españolas con un afán que muchos creen exclusivamente recaudatorio, al igual que las numerosas adjudicaciones de miles de euros que ha firmado el departamento para hacerse con cinemómetros que buscan el mismo fin. Por si esto fuera poco, la DGT ha intentado aleccionar a los propietarios de vehículos con un tiempo de vida superior a los 10 años a deshacerse de su medio de transporte y adquirir uno nuevo, recordando que el plan PIVE sigue en marcha y que todo el que quiera puede adherirse. 

La última campanada del organismo público ha sido la adjudicación por 800.000 euros de la póliza de responsabilidad civil obligatoria de sus coches oficiales a la norteamericana AIG, la empresa que inició la crisis financiera mundial en 2008, parecía haber sido la gota de agua que colmaba el vaso. La última, hasta anteayer.