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La reforma del Código Penal, aún en trámite parlamentario, permitiría introducir nuevos artículos

La cruzada del ministro Jorge Fernández Díaz contra twitter

Mayo 15, 2014
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Hay que limpiar las redes de indeseables”. Con esta frase, Jorge Fernández Díaz volvía a incendiar esta semana Twitter y Facebook, así como el ánimo de la oposición. Sin concretar una reforma legal, lanzó la propuesta y, de paso, ordenó a las Fuerzas de Seguridad que se pusieran a perseguir delitos que no existen. ¿Se trata de una nueva ocurrencia del ministro del ministro del Interior o está preparando Jorge Fernández Díaz el terreno para una nueva ‘reforma-mordaza’? Por si acaso, el político catalán amplió el ámbito de estudio de nuevas medidas al Ministerio de Justicia, con el que ya ha tenido desencuentros por anunciar propuestas no consensuadas de dudoso encaje legal.

La afirmación de Fernández Díaz surge a raíz de los comentarios de mal gusto sobre el asesinato de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Mientras Fernández Díaz dio por hecho que su Ministerio y el de Gallardón iban a trabajar conjuntamente en una reforma legal, el ministro de Justicia se limitó a señalar: “Ahora lo que hay que estudiar es, si además de ese reproche ético y político, algunos de esos comentarios pueden tener consecuencias jurídicas como consecuencia de haber vulnerado la legislación”.

Lo cierto es que, como es habitual, un sector mediático recogió enseguida el guante que lanzó Fernández Díaz y fue más allá. Horas después de las declaraciones del ministro, el diario ‘ABC’ mostraba en portada una foto de Isabel Carrasco y titulaba: “El odio envenena las redes sociales”. Sobre la foto de Carrasco aparecía impresa una gran arroba que mutaba en serpiente, con las connotaciones que el animal siempre ha tenido en España al relacionarse con la violencia de ETA.

¿Qué quiere Fernández Díaz?

La noticia ya no era el salvaje asesinato de un político, consecuencia, según la investigación, de un proceso de obsesión personal de dos mujeres, madre e hija, que devino en venganza. Algunos medios  desviaban, sin embargo, la atención hacia los comentarios de mal gusto que usuarios de las redes sociales habían vertido tras el asesinato. Una estrategia similar a ignorar una manifestación de decenas de miles de personas porque una minoría de violentos aprovecha la concentración para realizar actos vandálicos.

El Código Penal ya recoge los delitos de injurias o calumnias, que pueden ser sancionados también si han sido cometidos a través de las redes sociales. ¿Qué quiere Fernández Díaz? ¿Un delito de “incitación al odio”, expresión que él mismo utilizó? La reforma del Código Penal aún está en trámite parlamentario, lo que permitiría introducir nuevos artículos. Pero para eso, la propuesta del ministro del Interior debe llevar el visto bueno de Justicia y el resto del Gobierno.

El antecedente de la Ley de Seguridad Ciudadana

El borrador del Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana fue presentado a los medios de comunicación sin ponerlo antes en conocimiento del Ministerio de Justicia. Tras su aprobación en el Consejo de Ministros, el texto ha recibido el varapalo del Consejo General del Poder Judicial, que ha llegado a tachar algunos artículos de inconstitucionales. Ese informe ha sido votado también por los vocales conservadores e Interior no ha tenido más remedio que asumir que introducirá cuantas recomendaciones le hagan el órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo Fiscal y el Consejo de Estado, a pesar de que sus informes son preceptivos y no vinculantes.

Precisamente, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana evita sancionar la exhibición de símbolos franquistas. ¿No incita eso al odio? Recientemente, la Guardia Civil detuvo a 21 personas por enaltecimiento del terrorismo. Ese delito está recogido en el Código Penal y es indiferente a través de qué medio se cometa: una manifestación, Twitter o una pintada. Aún así, la redada recibió numerosas críticas. Los detenidos no guardaban relación entre sí y a pesar de ellos fueron englobados en una misma operación, de nombre ‘Araña’. La Audiencia Nacional ha repartido el caso por varios juzgados.

Pedro Águeda