Menú Portada
Mientras en Madrid se convoca la segunda huelga del personal sanitario en apenas una semana

La Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía renuncia a ejercer sus competencias atribuidas por Ley socavando el derecho del ciudadano español a la atención médica

Diciembre 3, 2012

Ignacio González oferta 3.571 plazas públicas destinadas a médicos de atención primaria. En Andalucía, la Junta cede 17 hospitales a la iniciativa privada.

Normal
0

21

false
false
false

ES
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabla normal”;
mso-style-parent:””;
font-size:11.0pt;”Calibri”,”sans-serif”;}


La segunda fase de la huelga de la sanidad pública madrileña ya está en marcha. Desde ayer a primera hora de la mañana, los trabajadores pertenecientes a los hospitales y centros de salud de la Comunidad de Madrid cejarán en el desempeño de sus tareas garantizando tan solo al ciudadano los servicios mínimos propios de un domingo o día festivo. Este parón -convocado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM)- se prolongará de modo indefinido cada semana de lunes a jueves. Los motivos, la temida privatización. Según los sindicatos, el Gobierno madrileño prevé “externalizar la gestión” de seis hospitales, 27 centros de salud y 26 categorías de personal no sanitario.

Ignacio González, presidente del Ejecutivo regional, consciente de la situación precaria que está atravesando el personal público en general y la sanidad en particular, actúa en consonancia con las demandas del pueblo. El Gobierno madrileño para paliar esta circunstancia lesiva provee la mayor oferta de empleo público en la sanidad con un total de 3.571 plazas destinadas a médicos de atención primaria. Con todo, Madrid es la Comunidad que más plazas ha convocado para profesionales sanitarios desde 2003 en toda España. La interrupción de la actividad sanitaria en forma de huelgas se debe a la crítica del modelo sanitario de la Comunidad de Madrid. Una tempestad que González ha querido calmar asegurando que “nadie está privatizando la sanidad ni la vamos a privatizar, la sanidad va a seguir siendo universal y gratuita y de la máxima calidad”. El plan de externalización de la gestión sanitaria ya se ha llevado a cabo en algunos hospitales –Valdemoro, Torrejón y Móstoles- que según el presidente, “están funcionando a la perfección”. Mientras en Madrid se critica un modelo de externalización de los servicios en seis hospitales, en Andalucía 17 de sus centros se encuentran controlados por manos privadas.

El polvorín andaluz

Y es que como enunció el PP regional hace ahora cinco meses, la sanidad pública andaluza es “un polvorín a punto de estallar”. El cierre de centros de salud en la jornada vespertina, partidas presupuestarias que no se han ejecutado todavía, recortes en los salarios de los trabajadores o despidos masivos de personal eventual, eran las prácticas implementadas por el ejecutivo que dirige José Antonio Griñán que subyacían tras las palabras de la oposición en Andalucía. Ahora, un nuevo hándicap sobrevuela el periodo más negro de la sanidad en los últimos años, el derecho del ciudadano español a la atención médica.      

Si nos remitimos al texto legal que rige el derecho del ciudadano español -acreedor de su seguro médico a través de la sanidad pública- a la atención y observación especializada en todo el territorio nacional, parece a todas luces un servicio indispensable y universal. La atención sanitaria a los individuos propios de una Comunidad Autónoma, cubierta por la consejería de turno, parece obvia. Sin embargo, la asistencia a los ciudadanos desplazados desde su Comunidad Autónoma a otras del territorio nacional entraña mayor controversia, por su aplicación. Ésta viene regulada en la Ley 16/2003, del 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Concretamente esta norma, en el punto c de su artículo 4 –derechos de los ciudadanos en el conjunto del Sistema Nacional de Salud- dicta lo siguiente: “a recibir, por parte del servicio de salud de la comunidad autónoma en la que se encuentre el desplazado, la asistencia sanitaria del catálogo de prestaciones del Sistema Nacional de Salud que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa comunidad autónoma”.

En este aspecto tiene vigencia también el Real Decreto 183/04 de Tarjeta Sanitaria en el apartado dos de su artículo dos –emisión y validez de la tarjeta sanitaria individual-. En esta disposición se puede leer: “la tarjeta sanitaria individual emitida por cualquiera de las Administraciones sanitarias competentes será válida en todo el Sistema Nacional de Salud y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente”.

Una realidad diferente

Con la ley en la mano el escenario en el que nos encontramos parece halagüeño para el ciudadano español, que puede viajar a través de la geografía de todo el país sin miedo a carecer de atención médica en cual quiera que sea el centro de salud en el que se encuentre en el hipotético caso de caer enfermo. Sin embargo la realidad –al menos en lo concerniente al sistema sanitario andaluz- pinta diferente.

Extraconfidencial.com ha tenido acceso al caso práctico sucedido a un particular. Se trata de una niña de 5 años que padece de otitis y que se dirigió en período vacacional –acompañada por sus padres- a un centro de salud de la provincia de Málaga. En el centro sanitario se le derivó a un hospital emplazado a 40 kilómetros de distancia ya que según le indicaron las personas que no tienen tarjeta sanitaria andaluza solo son atendidas en hospitales”. Algo que contradice el apartado dos del Real Decreto 183/04 en todos y cada uno de sus puntos.                  

Desde el departamento de prensa de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía aseguran, al ser preguntados por el trámite que debe seguir el ciudadano español desplazado a su Comunidad Autónoma, que “evidentemente cumplimos la ley” y que, a la vista de lo recogido en las leyes respecto a la atención de desplazados, “se actúa así”. En cuanto se hace referencia a supuestas irregularidades en su gestión médica y a la omisión de sus obligaciones responden que, de haber sido remitido algún paciente a un hospital en lugar de ser atendido en el centro, “la decisión de un médico no se va a juzgar si cree que es lo más oportuno”. Añaden que todos los incidentes “dependen del caso clínico” y que “en caso de urgencia el médico lo ve siempre” –al paciente-. Al traer a colación el suceso de la niña de 5 años, el discurso varía automáticamente y tras expresar su asombro y considerarlo un caso “muy extraño” aluden a un “error por parte del profesional” que la atendió, esto es, una negligencia médica a través del incumplimiento de una obligación fijada por ley.  

Esta situación contrasta con la vivida en otras Comunidades Autónomas, como Galicia. Allí, la Xunta –desde su departamento de Sanidade- atiende a “todo ciudadano español que tenga en vigor su tarjeta de la Seguridad Social”, como nos indican desde la sección de prensa.