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No se justificó que los miembros del Comité Técnico tuvieran "la cualificación apropiada"

La Consejería de Educación de Castilla-La Mancha evaluó incorrectamente las propuestas arquitectónicas de obras en dos Institutos de Toledo en 2008

Diciembre 26, 2012
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María Dolores de Cospedal intentaba aplacar el vendaval que persigue al sistema educativo nacional salvando los muebles del modelo que rige a su autonomía, hace poco más de unas semanas en una entrevista. “Tenemos los mimbres para una educación de calidad, y la primera que tiene que ser de calidad es la educación pública, que es la que garantiza, de verdad, la igualdad de oportunidades”, decía la presidenta acerca de la situación que atraviesa la región castellana. Tras los ataques constantes a la actual ley socialista y blandiendo la estadística que habla de un fracaso escolar del 33% en Castilla-La Mancha, Cospedal enviaba un mensaje alentador para el futuro que encierra sus esperanzas en los “grandes profesionales de la docencia” de la región. Parece ser que ellos, no opinan lo mismo. 

Hace apenas una semana centenares de personas se daban cita en las principales ciudades de la comunidad de Castilla-La Mancha para alzar su voz contra la nueva Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), la que representará la séptima reforma educativa de la era de la democracia. En Toledo, Talavera, Cuenca, Albacete, Guadalajara o Ciudad Real se criticaba la nueva legislación con argumentos como “imposición de un modelo ideológico”, la segregación por sexos o la orientación “a crear mano de obra barata poco cualificada y sumisa” –éstos en boca del representante toledano de CCOO, José Manuel Almeida– eran los fundamentos preferidos de los manifestantes que describían la norma como antidemocrática, privatizadora, adoctrinadora y falta de civismo. Mientras, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín salía en defensa de su colega José Ignacio Wert al definir el nuevo texto como “necesario” y que provocará “la mejora de la calidad educativa” consiguiendo la tan demandada “excelencia”. En julio del presente ejercicio, el consejero comunicaba la decisión del Gobierno de cerrar 60 escuelas rurales en la comunidad, de las cuales 29 pertenecen a la provincia de Cuenca.

Equilibrio presupuestario tras una mala gestión

Sin embargo estos no son los únicos motivos que provocan, irremediablemente, la indignación de los profesionales de la enseñanza. El cierre de las escuelas rurales fue justificado en su día con la máxima de que “todos tenemos que someternos a la estabilidad y al equilibrio presupuestario y, para eso, tenemos que controlar a nuestro sector público”. Echando un ojo al “Informe definitivo de análisis de la contratación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos Autónomos” correspondiente al año 2008 –en el cual ejercía su presidencia el socialista José María Barreda-, “estabilidad y equilibrio presupuestario” son dos términos totalmente ajenos a una gestión en la que el buen hacer brilló por su ausencia.

Cuando examinamos los apartados correspondientes a la gestión contractual de la Consejería de Educación y Ciencia hallamos 10 contratos que incumplen sobradamente los textos del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas e incluso varios artículos de Reales Decretos. Por ejemplo, la vigilancia de la salud del personal docente se rige por un expediente en el que “la aprobación del gasto no indica la partida presupuestaria a la que se imputa”, “no consta la documentación administrativa para comprobar la capacidad, solvencia y prohibiciones de los artículos del TRLCAP” y “los folios del Cuadro de Características del PCAP no figuran ni informados, ni sellados, ni rubricados por ningún servicio ni órgano administrativo”. Tres errores gravísimos en la adjudicación, financiación y legalización del acuerdo.

Deficiencias en expedientes de obra

Respecto al expediente de la obra del aparcamiento y urbanización en el IES Maestro Juan de Ávila en Ciudad Real se observan numerosas incorrecciones en el proceso de adjudicación. Por un lado “no consta el certificado del registro acreditativo de las ofertas recibidas”, por otro “el documento de formalización no contiene la conformidad del contratista con el proyecto cuya ejecución ha sido objeto de la licitación”. Además, en varias de las certificaciones “no consta la factura correspondiente”.

En tres de los contratos firmados por la Consejería de Educación “la composición de la mesa de contratación varía en la tramitación del mismo expediente, componiéndola personas distintas en las diferentes fases de su actuación, sin nombramiento que las respalde”. Una infracción que no solo alerta de la laxitud con la que se ejecutan los trámites en el Gobierno Autonómico sino que supone un claro perjuicio para los candidatos de las ofertas presentadas. En algunos de estos contratos, se riza el rizo siendo “la imputación presupuestaria en función de la naturaleza económica del objeto del contrato”, incorrecta.

Sin embargo, quizás el caso más sangrante lo encontramos en dos expedientes designados para la redacción de proyectos con elaboración de propuestas arquitectónicas del estudio de seguridad y salud y obras de dos Institutos en Recas y en Camarena (Toledo). En ambos se ha limitado “sin motivo la concurrencia, exigiendo una especialización en la ejecución del tipo de obra desproporcionada”. Estos dos expedientes presentan aberraciones mayores y más graves, la evaluación de las ofertas no se ha realizado conforme a la Ley de Contratos del Sector Público y al Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares “ya que solamente uno de los criterios subjetivos es evaluado por un Comité de Expertos o Comisión Técnica, cuando deberían haber sido todos los criterios subjetivos en su conjunto”. Además no queda justificado que los expertos del Comité “tengan la cualificación apropiada”. Es necesario recordar que estamos hablando de dos propuestas arquitectónicas para dos institutos en los que centenares de jóvenes cursarán sus clases cada día, 9 meses al año.

Jesús Prieto