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Mientras es rescatada por el Estado

La Comunidad Valenciana se gastará hasta 169.400 euros en realizar estudios trimestrales de opinión pública

Diciembre 3, 2012
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Hoy se acaba el plazo para que las Comunidades Autónomas puedan solicitar el fondo de rescate estatal. A pocas horas de cumplirse el plazo no han acudido a estas ayudas Madrid, La Rioja, Aragón, Extremadura, Galicia, Navarra, el País Vasco y Castilla y León. Quien si lo hizo en primer lugar fue la Comunidad Valenciana de Alberto Fabra, quien se las ve y se la desea para poder cuadrar sus cuentas, recortando de forma importante empresas y entes públicas, incluido el empleo, y con acreedores, especialmente las farmacias que acumulan meses de retraso.

Eso no le ha impedido que la Presidencia de la Generalitat haya hecho pública la licitación de la contratación “del servicio de realización de estudios trimestrales de opinión pública en el ámbito de la Comunitat Valenciana”. Un concurso por el que se ha presupuestado 169.400 euros, IVA incluido, por un año, y en el que se valora al 50% la oferta económica y al otro 50% la calidad técnica de la oferta como la planificación del trabajo de campo, análisis de la información  y los  recursos humanos dedicados a tiempo completo al estudio.

Sólo para el Gobierno

Pero si el gasto en tiempos de crisis es más que llamativo, lo es más su destino como ha denunciado el diario Levante. De hecho, como ha denunciado el diario Levante esta información se niega a trasladar a las Cortes Valencianas para que sea de dominio público y permite al Ejecutivo del PP, saber las preocupaciones de los valencianos y los cambios de tendencia en la sociedad para luego poder interpretarlos en términos políticos.

Es más, se ha realizado la licitación a pesar de que en los Presupuestos de la Generalitat para 2013 incluye una disposición mediante la que se impone la prohibición de tramitar nuevos contratos de servicios, para controlar todos los gastos prescindibles buscando  la reducción del gasto, pero como la fecha de inicio de la contratación es en 2012 y el límite el 8 de enero, la “trampa” está clara. Mientras, los acreedores hacen cola para cobrar sus facturas de la Generalitat.