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LA UTÓPICA REFORMA DE SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA (II)
Organismos muy criticados por la tardanza en sus informes y recomendaciones

La Comisión para la Reforma de las Administraciones no contempla recortes en los organismos de Control del Estado que cuestan 130 millones anualmente

Junio 24, 2013

En total son trece organizaciones que cuestan más de 2,8 euros por habitante al año

Después del Tribunal de Cuentas, con un presupuesto de 61,3 millones de euros, Cataluña, Andalucía y País Vasco destinan 11,1 millones, 9,2 millones y 7,2 millones respectivamente

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La “reforma Soraya”. Esa reforma de la Administración Pública que el Gobierno Central dibuja para mitigar los efectos de la crisis. El objetivo, una quimera. Ahorrar 37.700 millones de euros entre 2012 y 2015 a través de las medidas de la CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones) estudiada por el Consejo de Ministros. El texto contiene 217 propuestas concretas destinadas a reducir el gasto público y acercar la administración a los ciudadanos. Propuestas a las que, como exponía ayer extraconfidencial.com, las Comunidades Autónomas comienzan a poner las primeras reticencias. Y es que el de la lucha contra la crisis no es, precisamente, un camino de rosas.  

Máxime cuando es el propio Gobierno el que presume de lo que carece. La Agencia Tributaria, por poner un ejemplo, saca pecho por la presentación telemática de declaraciones que, en teoría, ahorra una cantidad importante en el envío tanto del borrador como de los datos fiscales, cambiándolo por la recepción de un mensaje. Mientras tanto, licita el servicio de envío postal de los años 2013-2014 por 5,24 millones de euros.

Con estos antecedentes, la reforma de Soraya Sáenz de Santamaría deberá ser ejecutada desde el control más estricto y el régimen financiero más matemático. Acciones pergeñadas por un buen puñado de instituciones para las que no se contempla ningún tipo de recorte en la reforma de las administraciones públicas. Trece organizaciones públicas que pagan y pagamos todos y cada uno de los conciudadanos. El Tribunal de Cuentas, con un presupuesto superior a los 60 millones de euros (61.334.930 euros), la Sindicatura de Cuentas de Cataluña (11.157.436 euros), Cámara de Cuentas de Andalucía (9.264.642 euros), Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (7.243.400 euros), Cámara de Cuentas de Madrid (6.928.397 euros), Consejo de Cuentas de Galicia (6.639.295 euros), Sindicatura de Cuentas de Valencia (6.133.830 euros), Consejo de Cuentas de Castilla y León (5.652.178 euros), Audiencia de Cuentas de Canarias (4.439.996 euros), Sindicatura de Cuentas de Asturias (3.339.778 euros), Sindicatura de Cuentas de Baleares (2.703.000 euros), Cámara de Cuentas de Navarra (2.645.853 euros), Cámara de Cuentas de Aragón (2.330.557 euros) y la Sindicatura de Cuentas de Castilla La Mancha (1.614.350 euros). Un total de más de 130 millones (131.427.642 euros) única y exclusivamente para los organismos de control del Estado.

Presupuestos dispares

¿Qué significa esto para el ciudadano de a pie? Hace pocos días la vicepresidenta del Partido Popular aseguraba, respecto a la reforma que lleva su nombre, que “ha llegado la hora del sacrificio de los políticos”. La hora del pueblo llegó mucho antes, y parece que se va a quedar por mucho tiempo. El mantenimiento anual del Tribunal de Cuentas, la institución dependiente del Estado le cuesta 1,30 euros a cada uno de los más de 47 millones de españoles, pero desde luego no es la más cara. El coste per capita de la Sindicatura de Cuentas a cada asturiano se eleva a 3,09 euros, 3,32 euros paga cada vasco por el Tribunal de Cuentas Públicas, o 4,12 euros a cada navarro por la Cámara de Cuentas, en total si tenemos en cuenta el coste del organismo estatal y los autonómicos se dispara el gasto medio hasta los 2,8 euros por ciudadano. Pero en presupuesto total las Comunidades que destinan más dinero son Cataluña, Andalucía y País Vasco que destinan 11,1 millones, 9,2 millones y 7,2 millones respectivamente. Unas partidas más que importantes para organismos muy criticados por presentar informes generalmente con muchos años de retraso y por tanto con unas conclusiones que de poco sirven en la práctica para controlar los distintos organismos que analizan.

 
Jesús Prieto