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La bajada del IRPF del PP costaría a las arcas públicas un máximo de 4.300 millones y comprometería aún más el objetivo de déficit, según Gestha

Junio 1, 2016
Agencia tributaria

Esta propuesta electoral provoca una pérdida notable de progresividad en el IRPF, de forma que la rebaja es mayor cuanto mayor es el nivel de ingresos. Así, alguien que declare 14.591 euros obtendrá un rebaja del 1,1% de sus ingresos, mientras que los escasísimos declarantes de 794.634 euros obtendrá casi el doble de la rebaja del anterior, el 2% de sus ingresos.

Esta regresividad de la propuesta se produce por dos motivos, uno porque reduce todos los tramos en dos puntos, por lo que los ingresos más elevados van acumulando las rebajas de los tramos anteriores; y otro, porque disminuye el primer tramo que se aplica a la cuota correspondiente a los mínimos personales y familiares con lo que aumenta carga impositiva.

De este modo, el PP sigue apostando por bajar los impuestos en la próxima legislatura si gana las elecciones a pesar de que España incumplió el objetivo de déficit el pasado año, al cerrar con una desviación del 5,1% del PIB frente al 4,2% del PIB pactado con Bruselas.

Gestha avisa de que las medidas que propone Mariano Rajoy en su candidatura a la Moncloa podrían comprometer aún más los compromisos de España con la UE en un momento especialmente delicado, pues a los ajustes de 8.000 millones que deberá acometer el próximo Ejecutivo se suma una posible multa millonaria por parte de Bruselas por el incumplimiento del déficit en 2015.

Por ello, los Técnicos creen que la propuesta popular peca de optimista al confiar en que la mejora de la economía conllevará el aumento de los ingresos tributarios, aun bajando los impuestos, y será capaz de corregir el déficit por sí solo. No obstante, recuerdan que el propio Gobierno estima en 5.902 millones la pérdida recaudatoria en 2015 por la reforma del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades y que, a pesar de la recuperación de la economía en 2015 (el 3,2% del PIB), las arcas públicas ingresaron en términos de caja solo 7.021 millones más que en 2014, pero la recaudación total de 2015 es aún 18.667 millones de euros menor que en 2007.

Para corregir esta situación y mejorar el cumplimiento de los principios tributarios del artículo 31 de la Constitución, los Técnicos proponen reducir la dualidad fiscal del IRPF, que favorece la tributación de la rentas del capital frente a las del trabajo y actividades económicas. En esta misma línea, sugieren aumentar el número de tramos de la tarifa del IRPF y eliminar las reducciones de la base imponible por aportaciones a planes de pensiones y otros sistemas de previsión social sustituyéndolas por una deducción de cuota.

Una reforma fiscal inoportuna

Gestha recuerda que la reforma fiscal que aplicó el gobierno durante la pasada legislatura fue la principal causante de la desviación del déficit público en 2015, ya que tuvo un coste para las arcas públicas de 9.000 millones de euros -6.000 millones de la primera fase y 3.000 millones más de la segunda-.

A juicio del colectivo, esto demuestra que la reforma fiscal se hizo de forma precipitada, a pesar de que el Gobierno afirmó que se ejecutaba en dos años precisamente para no comprometer el déficit público, cuando finalmente ocurrió lo contrario. Por ello, los Técnicos advierten del riesgo que podría tener una segunda bajada impositiva en un contexto en el que España podría tener que afrontar un cuantioso pago por sanción.

Es más, Gestha propone al próximo gobierno una batería de medidas para reducir el déficit público de acuerdo a los objetivos marcados por Bruselas. Además de reducir la dualidad del IRPF, recomienda la creación de un impuesto sobre las grandes fortunas de forma armonizada en todas las comunidades autónomas, así como la equiparación del tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades de las grandes compañías con el de las pymes, elevando el tipo nominal en cinco puntos para los grupos societarios a partir del primer millón de euros de beneficio al año, lo que podría aportar con ambas medidas unos 13.000 millones de euros anuales adicionales a las arcas públicas.

Por último, considera imprescindible que se intensifique la lucha contra el fraude asumiendo la Agencia Tributaria (AEAT) un objetivo de recaudación más ambicioso que el actual, pues cabe recordar que durante la crisis la economía sumergida aumentó en 60.000 millones de euros, hasta los 253.000 millones actuales, lo que supone casi el 25% del PIB.