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El Alto Tribunal balear dictaminará en los próximos días sobre el recurso interpuesto por la Fiscalía y la Abogacía del Estado en contra de la imputación de la hija del rey Juan Carlos

La Audiencia Provincial de Palma baraja que la infanta Cristina sea llamada a declarar como testigo en el caso Urdangarín para así quitarle el “estigma” de la imputación

Abril 16, 2013

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Hay que recordar que, ya en julio de 2012, la misma Sección Segunda dijo no a la imputación de la duquesa de Palma a solicitud del sindicato Manos Limpias. Entonces se indicó que “conocer no es participar”, y además no se veía complicidad ante un supuesto enriquecimiento del matrimonio a pesar de un considerable aumento en su nivel de vida
Lo único que ha variado ha sido el cambio de presidente de la Sección. Ya no está Eduardo Calderón y ahora el presidente es Diego Gómez-Reino, un veterano juez que es el único magistrado que mantiene su plaza en la Audiencia de los que hace apenas cuatro años constituían el Tribunal

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Según fuentes de toda solvencia a las que ha tenido acceso Extraconfidencial.com, el auto del juez José Castro sobre la imputación de la infanta Cristina de Borbón en el llamado caso Urdangarín será echado por tierra por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que es la que debe decidir si la hija del rey Juan Carlos debe ser finalmente imputada o no. “Todo indica que le van a dar un buen revolcón a Pepe Castro”, afirman estas mismas fuentes. Salvo que las cosas cambien mucho, casi 360 grados, el Alto Tribunal mallorquín aceptará el recurso contra dicha imputación presentado por la Fiscalía Anticorrupción, al que también se ha adherido la Abogacía del Estado.

Ambos organismos afirman en sus escritos que no existe “un sólo indicio incriminatorio” respecto a la hija del rey Juan Carlos, “más allá de ser titular en un 50 por ciento de la sociedad Aizoon, de la que es copropietaria junto a su marido, Iñaki Urdangarín”. Incluso, la Abogacía del Estado apunta que ni siquiera al inspeccionar la actuación “fraudulenta y evasora” por parte del duque de Palma, a quien Hacienda atribuye el impago de más de 240.000 euros entre 2007 y 2008 del IRPF, se desprenden indicios de cooperación o complicidad “de ninguna otra persona“. E, incluso, la Agencia Tributaria indica en otro escrito que si bien Urdangarín ha aportado sus rendimientos personales a una sociedad en la que participa su esposa, esto es “tributariamente  irrelevante y no genera responsabilidad en la persona que participa en esa sociedad“.

Temor a un serio revolcón

Las fuentes consultadas por este periódico afirman que los escritos de impugnación al auto del juez Castro sobre la imputación de la infanta son contundentes desde un punto de vista jurídico y dejan en clara evidencia a dicho juez que ha tenido, al menos, el valor de enfrentarse en solitario a lo que ya se considera como una batalla perdida. Las misma indican que aunque la Audiencia Provincial de Palma dirá no a la imputación de la infanta Cristina, si que dejara abiertas las puertas para que pueda ser llamada a declarar dentro de la instrucción de este caso como testigo.

De esta manera se le quita el estigma de la imputación. “No tiene sentido que declare como imputada, con el estigma público que ello conlleva, y que luego que se marche a su casa como ha venido… sin nada. Es mejor que Castro la llame a declarar como testigo y así le puede preguntar lo que quiera, pero no con el sello de imputada, ya que no le va a poder señalar ningún delito”, afirman estas fuentes que señalan como el propio Castro,ante el temor a un serio revolcón”, suspendió la declaración de la infanta Cristina, que él mismo había fijado en un principio para el 27 de abril.

Se espera que en los próximos días, en muy breve espacio de tiempo, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma dictamine de nuevo sobre la imputación de Cristina de Borbón. Hay que recordar que ya en julio de 2012 esta misma Sección dijo no a la imputación de la infanta a solicitud del sindicato Manos Limpias.

Pocos cambios

Desde entonces poco ha cambiado judicialmente en torno a la hija pequeña del rey Juan Carlos, indican las fuentes consultadas. “Lo único que ha variado ha sido el cambio de presidente de la Sección, ya no está Eduardo Calderón y ahora el presidente es Diego Gómez-Reino, un veterano juez que es el único magistrado que mantiene su plaza en la Audiencia de los cuatro que hace apenas cuatro años constituían el tribunal que juzgó el primer caso de corrupción”.Pero además de él, la Sección Segunda está conformada por otros tres magistrados, que si estaban por entonces, Mónica de la Serna, Juan Jiménez y Carmen Ordóñez, de los cuales dos de ellos formaron parte del citado Tribunal.

Fue en julio de 2012 cuando por primera vez la Audiencia Provincial de Palma decidió no imputar a la infanta Cristina en esta pieza separada del caso Palma Arena. El ponente fue entonces Eduardo Calderón, en auto de escasos nueve folios, donde se indicaba que “conocer no es participar”, y donde además no se veía complicidad ante un supuesto enriquecimiento del matrimonio a pesar de un considerable aumento en su nivel de vida. Para los magistrados no fue significativo entonces que el matrimonio de la infanta de España y un balonmanista pasara de tener un piso en la Avenida Diagonal de Barcelona, valorado en unos 300.00 euros, a tener un mansión meses después en la lujosa zona barcelonesa Pedralbes, valorado en 15 millones de euros, tras su remodelación.

¿Manos limpias de la infanta Cristina?

La imputación y declaración de la infanta Cristina  fue solicitada en su día  por el sindicato Manos Limpias, presente en la causa como acusación particular, después de que tanto el juez instructor José Castro como los fiscales anticorrupción se opusieran a ello. La votación de la Audiencia Provincial de Mallorca estaba ya tomada de antemano, como ya anticipó Extraconfidencial.com, y no rompió ningún prejuicio establecido. La misma Sala y el entonces mismo ponente, Eduardo Calderón, ya habían emitido una sentencia referida a otro caso de corrupción (caso Son Oms-Bartolomé Vicens), donde absolvieron a la mujer de uno de los implicados en malversación de caudales públicos. Pero a diferencia del caso Urdangarín, aquí sí que la Fiscalía Anticorrupción solicitó la imputación de la mujer de uno de los principales imputados, en un claro ejemplo contrario al de la infanta Cristina a quien ahora piensan exculpar.

En su reciente auto, el juez Castro explicaba que decidió imputar a la infanta Cristina ya que, en caso contrario, hubiese dejado que “se perpetúe la incógnita” de su supuesta implicación en esta causa, lo que, en su opinión, sería un “cierre en falso en descrédito de la máxima de que la Justicia es igual para todos y una clara contradicción a la práctica cotidiana de los juzgados y tribunales que en casos similares es muy escasamente probable que prescindieran del trámite“. Castro afirmaba que a partir de la declaración de Diego Torres, ex socio del duque de Palma, y de los numerosos correos electrónicos que aportó en su curso, así como después de escuchar la versión dada por el secretario de la Infantas, Carlos García Revenga, “surgen una serie de indicios que hacen dudar [que la infanta Cristina]desconociera la aplicación que su esposo diera a su mención como vocal de la Junta Directiva de la Asociación Instituto Nóos y en la mercantil Aizoon S.L.”.

Por ello, ante los “indicios” existentes, el juez considera “inevitable” que la hija del rey Juan Carlos preste declaración, al objeto de despejar “cualquier duda”, dado que “hallándonos en la recta final de la instrucción, no parece procedente que ésta se ultime gravitando la más mínima sombra de sospecha sobre la intervención que haya podido tener y si fuere otra la valoración que su versión arrojara, se depuren las responsabilidades que procedan”. Pero quizá ahora lo haga como testigo, y ahí está la nueva carta guardada en la manga por parte de un sector de la Justicia.

Juan Luis Galiacho