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Así fue como se fijó la fianza de 16 millones de euros o el embargo de sus bienes

La Audiencia Nacional teme que Miguel Blesa pueda intentar evadirse o dilatar indefinidamente el proceso

Diciembre 3, 2014

Los Magistrados han decidido mantener la fianza de 16 millones de euros impuestos al ex presidente de Cajamadrid, ya que sopesan "la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su fin"
Según el auto de la Audiencia Nacional, "basta escuchar la audición de la declaración prestada por el Sr. Blesa ante el Juez Instructor para comprobar que la petición del Ministerio Fiscal se efectuó de manera razonada en aquel acto"; es decir, que Blesa dio motivos de inculpación, así como para pensar que podría intentar evadirse de la Justicia


Miguel Blesa, ex presidente de Cajamadrid, el amigo íntimo de José María Aznar, el inspector de Hacienda venido a banquero, podría intentar evadirse de la Justicia por sus responsabilidades penales al frente de la Antigua Caja Madrid. Eso es lo que creen los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, María de los Ángeles Barreiro y Carmen Lamela, de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, en un Auto en el que desmontan tajantemente los argumentos de la defensa de Blesa y confirman que este inspector venido a más debe abonar una fianza de 16 millones de euros sólo para garantizar sus responsabilidades en el ´fraude´ cometido con las tarjetas ´Visa etiqueta negra´. El resto de las responsabilidades por su gestión van por otras vías judiciales y son, probablemente, aún más graves.

Los posibles planes evasivos de Miguel Blesa de la Parra es lo que esos tres Magistrados denominan como concurrencia de “periculum in mora”; esto es, “la existencia de una situación de riesgo o peligro de que el inculpado se sustraiga al proceso o a la ejecución de la condena”, según se lee textualmente en el Auto de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional. Ésa es la razón por la que los Jueces han decidido mantener la fianza de 16 millones de euros impuestos a Blesa, ya que los jueces sopesan “la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su fin”. Es decir, que existe riesgo de fuga, o de maniobras dilatorias para evadirse de la justicia (como ya ocurrió respecto al juez Elpidio Silva), y por esa razón le han dicho al amigo de José María Aznar que o paga o le embargan todos sus bienes. La Justicia parece que empieza a desperezarse en esta caso concreto. 

Los jueces destrozan los argumentos de Blesa 

El Auto de la Sección Tercera contra Blesa no tiene desperdicio. Sus razonamientos jurídicos son de tal contundencia que presuponen la existencia de pruebas más que suficientes contra el que antaño fuera altanero presidente de Cajamadrid, puesto para el que fue nombrado por su amistad con Aznar. Y eso que este Auto sólo está referido a las posibles responsabilidades penales por el caso de las ´tarjetas en negro´, que causaron un perjuicio a la Caja y en general a toda la sociedad de más de 15 millones de euros. El resto de la macrocausa de Caja Madrid va por otras vías.

Los razonamientos jurídicos son tan contundentes que apenas dejan resquicio para cualquier maniobra evasiva: “Entendemos que la medida acordada [fianza de 16 millones], es procedente en este momento procesal”, dice el Auto, dado que hay indicios de criminalidad” contra Blesa y la Ley obliga directamente a que “preste fianza bastante para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse procedentes”, decretándose el embargo de bienes suficientes para cubrir dichas responsabilidades si no prestare la fianza. Es decir, que los Jueces quieren garantizar que Blesa va a pagar “las responsabilidades civiles que pudieran derivarse de su ilícito actuar”, así como las que puedan declararse procedentes “como consecuencia del ilícito penal en los términos que determinan los arts. 109 y siguientes del Código Penal”. 

La Audiencia Nacional no sólo confirma la existencia de indicios de delito en la actuación en Blesa, sino que dejan en muy mal lugar los argumentos de sus abogados, que en el recurso ante la Sala Tercera llegaron a señalar que “no se discute en este momento la existencia de indicios contra él”. Pero así responden los Jueces a los letrados de Blesa: “Basta escuchar la audición de la declaración prestada por el Sr. Blesa ante el Juez Instructor para comprobar que la petición del Ministerio Fiscal se efectuó de manera razonada en aquel acto” (es decir, que Blesa dio motivos de inculpación, así como para pensar que podría intentar evadirse de la justicia).

Reparto de tarjetas

Los jueces creen que existen “indicios que permiten en este momento dirigir el procedimiento contra D. Miguel Blesa de la Parra“; indicios como los resultantes del Informe de Auditoría emitido por los órganos centrales de la actual Bankia y de las propias declaraciones prestadas por las tres personas que hasta ahora lo han hecho como imputadas.

De ahí se infiere que entre 2003 y 2009 se repartieron entre consejeros y directivos de la Entidad, bajo la presidencia de Blesa, tarjetas de crédito fuera del circuito ordinario sin ningún tipo de soporte legal, estatutario o contractual y al margen de cualquier acuerdo o decisión adoptados por los órganos directivos de la Entidad: “Con las mencionadas tarjetas determinados directivos y altos cargos de la Caja dispusieron de fondos de la Entidad que destinaron al pago de gastos propios y ajenos a cualquier actividad de representación de la misma (…) llegando a alcanzar la suma de las cantidades dispuestas de esta forma la cantidad de 15.249.300 €. Tales cantidades fueron contabilizadas como ´gastos de órganos de gobierno´ o como ´tratamiento administrativo circular 50/99”.

Blesa ha admitido ante los jueces la existencia de esas tarjetas y las disposiciones efectuadas a través de ellas, aunque sostiene que tenían cobertura legal porque se trataba de un “complemento retributivo” y que su actuación venía amparada por determinados acuerdos del Consejo de Administración. Incluso, ha intentado justificar sus actos señalando que la entrega de tarjetas y el destino que a las mismas se dio por muchos de sus destinatarios era para completar sus retribuciones, y que ello se realizó con pleno conocimiento el Consejo de Administración, quien delegó en la Comisión de Medios y en el presidente (el mismo Blesa) la aprobación de gastos y la concesión de tarjetas de empresa. Y citó las actas del Consejo de Administración de 20 de junio de 1994, 24 de mayo de 1988 y 30 de octubre de 1995, así como las sesiones de la Comisión Ejecutiva de 23 de mayo y 14 de noviembre de 1988.

Los jueces demuestran que Blesa miente
 
Sin embargo, los jueces han demostrado ahora que ninguno de los acuerdos adoptados y reflejados en las citadas actas autoriza el pago de otros gastos que no sean los derivados de gastos de viaje y representación. En concreto, en el acta del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988 se hizo constar que las dietas de los consejeros eran bajas, debiendo compensarse sus esfuerzos y dedicación a la Entidad, cubriendo al menos los costes en que se incurría por el ejercicio de su función. Igualmente, en el Consejo de Administración celebrado el 30 de octubre de 1995 se hizo referencia únicamente a la existencia de una tarjeta VISA “exclusivamente para gastos de representación”. Luego, los jueces le están diciendo a Blesa que miente.

Así es como los jueces han desmontado las versiones de Blesa: “Resulta pues evidente que en aquellos Consejos en ningún momento se aprobó el abono de gastos de los consejeros de carácter personal y ajenos al ejercicio de sus funciones dentro de la Entidad o la entrega a los mismos de tarjetas a tales fines. Por ello, ninguno de los acuerdos alcanzados en dichos Consejos amparaba la emisión, entrega y uso que se hizo de las tarjetas”. Está clarísimo.

Sin embargo, Blesa admitió en su declaración que en esas tarjetas se cargaron gastos distintos a los expresados, en concreto gastos personales de los Consejeros, justificando esa actuación en que se trataba de “una forma de remuneración, en concreto, un complemento retributivo“. Igualmente señaló que a partir del año 1996 (cuando él accedió a la Presidencia de Caja Madrid), de manera periódica, se actualizaban los límites de disposición de acuerdo con un procedimiento en el que Recursos Humanos hacía la propuesta, él como presidente de la entidad la daba por buena, y se iniciaba el circuito para la aprobación por el Comité de Medios. También expresó que las tarjetas en cuestión podían utilizarse para pagos de gastos de representación de la Caja y también podían utilizarse libremente para otros gastos personales.

Con el visto bueno de Blesa

Pero los jueces le han respondido igualmente que eso era una ilegalidad: “Es más, a partir de la promulgación de le Ley 4/2003, de 11 de marzo, de Cajas de Ahorro de la Comunidad de Madrid tal posibilidad era contraria a la Ley“. Y añaden que tales partidas tampoco se contabilizaron de manera adecuada en la contabilidad de la Entidad: “Se contabilizaban en las cuentas de “gastos de órganos de gobierno” y “tratamiento administrativo Circular 50/99” en lugar de en las cuentas destinadas a contabilizar las remuneraciones; tampoco se practicaba la retención oportuna, y por si fuera poco las cantidades obtenidas por este medio no eran declaradas por los perceptores. “Tales circunstancias no podían ser desconocidas por el Sr. Blesa, quien durante 13 años presidió la entidad, daba su visto bueno a las propuestas de Recursos Humanos, y era usuario habitual de una de las citadas tarjetas”, afirma categóricamente el citado Auto de la Audiencia Nacional.

En vista de todo ello, los magistrados Guillermo Ruiz Polanco, María de los Ángeles Barreiro y Carmen Lamela concluyen que “conforme a lo expuesto, es evidente que concurre el primero de los requisitos necesarios para la adopción de la medida cautelar que se impugna, esto es, el ´fumus boni iuris´, o juicio de probabilidad consistente en atribuir razonadamente un hecho punible a una persona determinada”.

En definitiva, que las pruebas contra el amigo de Aznar se acumulan, y es en este punto donde la Audiencia cree que hay peligro de fuga (el famoso principio de “periculum in mora” que cita el Auto): “Esto es, la existencia de una situación de riesgo o peligro de que el inculpado se sustraiga al proceso o a la ejecución de la condena”, teniendo en cuenta “la actitud de la persona a la que afecta el proceso, que si es culpable o así se siente, su tendencia natural le llevará a realizar actos que dificulten o impidan que el proceso penal cumpla su fin”. En ese sentido, algunos juristas recuerdan cómo Blesa ´se libró´ (sic) del juez Elpidio Silva, consiguiendo, incluso, que le apartaran de la vida judicial. Es evidente que Blesa no va a poder hacer ahora lo mismo con el juez Fernando Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4.

Y es que los jueces lo tienen muy claro: “En el supuesto de autos la gravedad de los hechos que se imputan al Sr. Blesa, y sobre todo la cuantía de la responsabilidad civil que previsiblemente pudiera declararse procedente, aconseja desde luego la adopción de la medida impugnada al objeto de asegurar el normal desarrollo del proceso, garantizar la ejecución de una posible futura sentencia condenatoria y dar protección a los perjudicados, al amparo de lo dispuesto en el art. 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal” (sic). 

Jorge Ventura