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Exige cambios legislativos para poder contratar técnicos y crecer empresarialmente

La Asociación de Empresas de Detectives Privados quiere que se modifique la Ley de Seguridad Privada

Septiembre 17, 2007

Reivindicar para el detective privado la figura del “colaborador dependiente” y personal laboral, el reconocimiento del secreto profesional, participar en la forma que se determine en la investigación de delitos perseguibles de oficio, el estudio del planteamiento actual de las sociedades de detectives y adaptarlo a las necesidades actuales, son los objetivos básicos que reclaman los detectives privados ejercientes en España, y que se han constituido en la Asociación de Empresas de Detectives Privados, creada en Barcelona.

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En esencia los detectives privados españoles se encuentran en una situación legal que dificulta su crecimiento empresarial, a diferencia de lo que sucede en otros países miembros de la Unión Europea, como es el caso de Bélgica, Francia, Italia o Reino Unido. En estos países si se permite la constitución de agencias de detectives privados con estructura empresarial específica, acogidas al régimen mercantil, donde se les permite contratar personal subalterno para tareas rutinarias, administrativas y de seguimiento sometidas, eso si, a la supervisión del detective debidamente acreditado por la autoridad competente en cada país. En España, por ejemplo, los detectives privados han de estar en posesión de una titulación académica determinada y haber obtenido la preceptiva tarjeta de identidad profesional que expide el Ministerio del Interior, y de cuya supervisión se encargan las correspondientes unidades de Seguridad Privada de la Dirección General de la Policía.
 
Hay que tener presente que el ejercicio del detective privado conlleva una serie de obligaciones legales de indudable cumplimiento, amén de estar considerados ante los tribunales como peritos cuyo testimonio es tan válido y creíble como el de cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. El problema que plantean en este caso es que la Ley vigente impide a los detectives crear empresas entre cuyo personal sea el mismo o junto con otros detectives, pero no pueden contar con personal subalterno o colaboradores.
 

No se cubre la demanda

Esto provoca que la capacidad real de atender nuevos casos sea tarea casi imposible por la incapacidad humana de disfrutar del don ubicuidad. Tanto es así que el mundo académico no genera tantos profesionales como para atender la demanda del mercado, lo que es aprovechado por agencias de detectives francesas y otras de la UE para aprovechar el tratado de Libre Comercio que, en esencia, permite que una empresa legalmente constituida en un país miembro de la UE pueda abrir delegaciones u oficinas en cualquier país la Unión Europea y desarrollar su actividad mercantil.
 
Esto es, una agencia de detectives constituida en Bruselas puede abrir una oficina en Málaga, contratar auxiliares, secretarias y todo el personal que estime necesario, para realizar su labor de investigación. Pero tal actividad no está permitida para los detectives españoles. Lo que nos llevaría a la paradoja de que si la Policía española decide intervenir no podrá sancionar a la agencia de detectives belga, pero si a una agencia de detectives española, aun trabajando las dos en territorio del Estado español. Absurdo.
 

Equiparación con la seguridad privada

“El hecho de revindicar la figura de personal colaborador que no necesariamente deba ser Detective, no debe mal interpretarse. Sólo pedimos que, dada la realidad de nuestro sector, podamos disponer de ayudas complementarias en actividades de vigilancia u otras similares, tal y como realiza el sector de la Seguridad Privada, a través de los vigilantes jurados por ejemplo. Para crecer empresarialmente quién lo desee, se debe poder dar respuesta a la demanda creciente de nuestros servicios y ello, exige poder disponer de estructura competitiva con otros sectores, que nos permitan desarrollar actividades que nos son propias como es el caso de la vigilancia en ferias, hoteles, etcétera, según establece la Ley de Seguridad Privada”, aseguran los detectives españoles.
 
En España ejercen en torno a los 2.000 detectives privados y sus principales servicios, a día de hoy, están basados en el fraude de trabajadores y pequeños empresarios a la Seguridad Social y a las Mutuas. Concretamente la investigación de simulación de falsas bajas laborales que persiguen la obtención de pensiones de invalidez permanente, han superado con creces a otras investigaciones privadas.
El espionaje industrial, el seguimiento a menores por encargo de sus padres o tutores o la localización de personas desparecidas, superan y mucho a los tradicionales casos de enredo sentimental, aunque aun todavía investigar a maridos y esposas infieles supone un ingreso interesante en las cuentas de los detectives privados, aunque si se modificara la Ley de Seguridad Privada se resolverían muchos más casos y mas pronto.