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El club tuvo ocasión de reconocer el fraude y pagar 9,1 millones antes del 20 de enero

La “amnistía fiscal” pudo salvar al Barça de la imputación

Febrero 20, 2014
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El actual presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor, Sandro Rosell, terminarán declarando, entre otros directivos, como imputados ante el juez Pablo Ruz por un presunto delito fiscal en el ‘caso Neymar’. Será un episodio inevitable dentro de la estrategia emprendida por el club de negar cualquier irregularidad en el fichaje del jugador brasileño y demostrarlo en la Audiencia Nacional. De haber reconocido el fraude antes del 20 de enero y haber saldado su deuda con el fisco, los directivos del Barcelona y el propio club, como persona jurídica, habrían sido eximidos de responsabilidad penal. ¿El modo? La famosa “amnistía fiscal”, según explican fuentes del tribunal.

No es casualidad que la imputación del Barcelona como persona jurídica se haya producido en estas fechas. Para acusar al Barcelona, la Fiscalía aguardó a la finalización del plazo estipulado para saldar las deudas del ejercicio anterior, que finalizó el 20 de enero. Según la jurisprudencia del Tribunal Supremo esgrimida por la Fiscalía, todo abono que no corresponde a la adquisición de los derechos federativos del jugador se considera rendimientos del trabajo, y como tal debe tributar al 24,75 por ciento. Sin embargo, el Barcelona solo aplicó ese porcentaje a los 8,5 millones de euros que el jugador recibió en concepto de nómina el pasado septiembre. El club evitó aplicar esa deducción a un total de 37,9 millones de euros por los contratos suscritos en 2011 y 2013 para la compra del jugador. Según el fiscal, José Perals, el Barcelona utilizó toda “una ingeniería financiera” para “engañar” al fisco y entregar el dinero a sociedades en la órbita del jugador. El fraude, según el cálculo del Ministerio Público, se eleva a un total de 9,1 millones de euros.

A la espera de la investigación por apropiación indebida

De haberse acogido a la “amnistía fiscal” aprobada por el actual Gobierno, el Barcelona habría evitado su imputación y otras que se aproximan. Según fuentes del caso, cuando Hacienda y el padre del jugador entreguen toda la documentación requerida por Ruz, se comprobará quién firmaba contratos en nombre del equipo y quién estampaba su firma en las declaraciones tributarias. Todos ellos serán llamados a declarar en calidad de imputados por un delito de fraude fiscal.

Otro asunto es la investigación por apropiación indebida. Esta solo señala, por el momento,  a Rosell. El fraude fiscal es un delito “conexo” a aquel y por eso es competente para investigar la Audiencia Nacional y no un juzgado de Barcelona. Los contratos fueron firmados por Rosell en Sao Paulo, alegan los investigadores. Esto es, el sospechoso es un ciudadano español que habría cometido presuntamente un delito en el extranjero.

Las acusaciones de que la Fiscalía actúa por indicación del Gobierno, previa instrucción de Florentino Pérez, causan hilaridad entre los integrantes del Ministerio Público. Un detalle: el escrito de acusación lleva fecha del pasado lunes, pero la Fiscalía lo hizo público dos días después, una vez que el Barcelona había jugado su partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pedro Águeda