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Según la edil, están imputados en "procesos judiciales por actos delictivos cometidos por anteriores equipos de Gobierno"

La alcaldesa de Marbella justifica la presencia de imputados por la Justicia en su equipo de trabajo

Febrero 25, 2009

La alcaldesa de Marbella marcó otro hito en estancia al frente de la Alcaldía con las declaraciones efectuadas ayer, en su acostumbrada rueda de prensa semanal, ante la pregunta de algún medio de comunicación sobre la postura adoptada por su equipo de Gobierno al mantener activos a cuatro empleados municipales imputados en distintas causas judiciales, siendo dos de ellos altos directivos del Planeamiento Urbanístico de la ciudad, concretamente Francisco Merino y Federico Guardabrazos. María Angeles Muñoz alegó que están imputados en “procesos judiciales por actos delictivos cometidos por anteriores equipos de Gobierno”.

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Debe ser una nueva figura del ordenamiento jurídico español, que alguien sea imputado en un delito por actos que otras personas han realizado. Simplemente, la señora alcaldesa de Marbella no supo qué responder a la pregunta y tiró por la calle de en medio, emborrando un poco más la plana.
Realmente, Francisco Merino está imputado por acciones que el propio Tribunal de Cuentas ha considerado que pudiesen ser causa delictiva. Tampoco conviene olvidar que el Sr. Merino, en la época de Juan Antonio Roca, fue parte importante del entramado urbanístico del citado Consistorio, trabajando codo con codo con éste y siendo uno de los máximos responsables del desbarajuste urbanístico marbellí, según fuentes de los promotores no imputados en la Operación Malaya y que intentaron desarrollar su labor con todas las garantías jurídicas, siendo Francisco Merino la mayor rémora para los mismos. Puede que ser familiar de uno de los altos cargos del Planeamiento de la Junta sea una razón para seguir realizando libremente su trabajo en el organigrama de María Angeles Muñoz.
En cuanto a Federico Guardabrazos, jefe del Area de Planeamiento Urbanístico, se encuentra imputado por los presuntos delitos de falsedad y estafa inmobiliaria, hechos acaecidos en acciones realizadas como gestión privada con un ciudadano árabe y supuestamente en una época que el mencionado se encontraba de excedencia en su labor municipal.
Con ésos “mimbres” fue rescatado por el equipo de Angeles Muñoz para desempeñar su actual labor en unión de su propia hija, Isabel Guardabrazos, al frente del futuro Planeamiento de Marbella. Y ello aún cuando desde su despacho privado se han trascrito la mayoría de las alegaciones al Plan General que se intenta aprobar. Para que se entienda: son juez y parte de esas alegaciones. Si ellos mismos tienen que contestar a las alegaciones planteadas por los ciudadanos, ¿cuáles creen que se informarán positivas? Y, ¿cuáles sí estarán debidamente informadas? Como dice el refrán, “Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo como”. No es de extrañar que la “guasa” andaluza ya haya sacado un chiste de esto:
– ¿Quién es el político con mayor seguridad de España?
– La alcaldesa de Marbella: porque tiene dos guardaespaldas – policias locales- y dos “guardabrazos”.

Chuflas de esta tierra aparte, en los hechos se demuestra que María Angeles Muñoz en cada rueda de prensa destila “algunas perlas” que demuestran el carácter dictatorial, sectario y de falta de transparencia que día a día inunda la sociedad marbellí.

La segunda, en la cara

Si estos cuatro empleados no han sido expedientados ni apartados de sus funciones, más bien al contrario, ¿por qué Rafael del Pozo, jefe de la Policía Local, otros seis agentes locales y un empleado municipal, sí han sido expedientados y separados de su trabajo sin una resolución judicial? La respuesta nos la imaginamos: es que los anteriores han estado detenidos al menos unas horas en Comisaría.
Si es así, deben explicar los motivos razonados para que Rafael González Carrasco, imputado en Malaya y sentenciado en infinidad de delitos contra el Planeamiento, puede hacer su trabajo en el Ayuntamiento marbellí y volver por las noches a la prisión de Alhaurín para cumplir con sus sentencias. O los ex concejales Pedro Pérez y Carlos Marín, que también fueron detenidos en la Operación Malaya, imputados y en libertad bajo fianza, continúan trabajando en el Ayuntamiento de Marbella percibiendo sus honorarios íntegros. O el interventor Antonio Castro, que está imputado en dos causas; o el Jefe de Estudios de la Policía Local, Javier Martín, que sigue imputado por la desaparición de los atestados que afectaban a personas relevantes de la vida pública y recientemente ha sido imputado en un nuevo delito en el Juzgado Nº 1 de Marbella -en los próximos días daremos a conocer los detalles de este nuevo sumario-; o el subinspector Ricardo del Río, imputado por varios presuntos delitos… Todos ellos están trabajando en la Corporación de María Angeles Muñoz, la cual o mira para otro lado en estos casos o como está inmersa continuamente en ocupaciones de su partido con Javier Arenas y Ruíz Gallardón, no puede atender “estas minucias” discriminatorias.
A unos sí y a otros no… o lo que es lo mismo, las acciones del Partido Popular en una ciudad castigada de manera continuada por la clase política.