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Los organismos públicos se saltaron los procedimientos legalmente establecidos en la selección de trabajadores

La Administración contrató personal de forma ilegal para trabajos de “externalización”

Septiembre 7, 2011
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El Tribunal de Cuentas aprobó una moción por la cual los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración no pueden convertirse en personal laboral de los organismos públicos. De esta forma, el Tribunal de Cuentas defiende y protege a estos trabajadores de los supuestos abusos de la Administración, y evita que pasen a ser empleados públicos indefinidos no fijos. Desde hace años, distintas entidades públicas vienen practicando la ‘externalización’ de servicios, saltándose los procedimientos legalmente establecidos de selección de personal.

Según informa el Boletín Oficial del Estado (BOE), el Tribunal de Cuentas, durante el desarrollo de diversas fiscalizaciones, descubrió la contratación de empresas para el desarrollo de trabajos que daban lugar a demandas de su personal. Estos trabajadores llegaron a obtener sentencias judiciales que establecían que habían llegado a adquirir la condición de empleados de los distintos organismos públicos. El Tribunal de Cuentas estableció que, incluso sin reclamaciones judiciales de por medio, los trabajadores se habían encontrado en situación de riesgo, por lo que era indispensable adoptar las medidas oportunas para protegerles.

Entre los supuestos atropellos, destaca la incorporación a la Oficina Española de Patentes y Marcas de 102 trabajadores cuyo fundamento de derecho se basó en su “cesión ilegal” como empleados de las empresas con las que dicho organismo público había suscrito, desde 1996, sucesivos contratos administrativos de servicios. Desde hacía varios años, la Oficina de Patentes, en escritos dirigidos a la Secretaría de Estado para la Administración Pública y a la Dirección General de la Función Pública, venía advirtiendo sobre la necesidad de contar con personal para la realización de funciones para las que existía un déficit de recursos humanos. Esta falta de trabajadores se suplió finalmente con la contratación externa de empresas de servicios, en lugar de ampliar el número de puestos de trabajo.

En su informe de fiscalización, el Tribunal de Cuentas también dio a conocer el ejercicio 2004 del Fondo Español de Garantía Agraria, donde 19 personas prestaron servicio a este organismo y finalmente fueron considerados sus propios trabajadores por los Juzgados de lo Social.

En otro de sus apartados, el estudio informa que las confederaciones hidrográficas también incurrieron en irregularidades a la hora de realizar sus contratos de trabajo. En concreto, aceptaron la cesión ilegal de trabajadores para realizar actividades jurídico-administrativas y económicas.  

Desproporciones y anomalías

También en el ámbito de la Seguridad Social el Tribunal advirtió sobre situaciones similares en contratos informáticos. Según el informe, fueron varios los contratos de consultoría y asistencia y de servicios, que encubrían auténticas contrataciones de personal, sin que tales asistencias tuvieran relación con proyectos informáticos concretos, sino para el cumplimiento de las funciones generales propias de las entidades. Además, los costes del personal ajeno eran significativamente superiores a los del personal propio.

En todos sus informes de fiscalización de las contrataciones realizadas por las administraciones públicas, el Tribunal de Cuentas ha reiterado las numerosas desproporciones y anomalías, que se traducen en “la falta de una adecuada justificación sobre la no ampliación de los medios profesionales o materiales por parte de las administraciones que hagan necesaria la celebración de contratos de consultoría y asistencia de servicios”.

El artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho de los trabajadores sometidos al tráfico prohibido a adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o en la cesionaria.