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La medida sólo afecta a la R-3, R-5 y la M-50

José Blanco presupuesta 129 millones más para los sobrecostes no previstos en las autopistas de peaje de Madrid

Diciembre 29, 2010

La concesionaria, Accesos de Madrid, reclamó por una infravaloración de las expropiaciones para la construcción de las carreteras

Además, la Dirección General de Carreteras modificó el proyecto inicial de la autopista, por obras no previstas, por importe de 146 millones


Una vez más, y a golpe de Real Decreto (1770/2010, de 23 de diciembre), José Blanco ha tenido que salir al paso de imprevisión y de la mala gestión del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en los últimos años. La última del Ministro de Fomento: modificar determinados términos de la concesión administrativa para la construcción, conservación y explotación de los tramos: M-40-Arganda del Rey, de la autopista de peaje R-3, de Madrid a Arganda del Rey; M-40-Navalcarnero, de la autopista de peaje R-5, de Madrid a Navalcarnero, y de la M-50 entre la autopista A-6 y la carretera M-409. Todo ello “para compensar los sobrecostes por obras adicionales y expropiaciones, según lo establecido en la disposición adicional cuadragésima primera de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010”.

La titular de la concesión para la construcción, conservación y explotación de las citadas vías fue la sociedad Accesos de Madrid. Según se explica en el mencionado Real Decreto, en la oferta que presentó el grupo licitador que resultó adjudicatario de la citada concesión se prevé que las expropiaciones necesarias para la construcción de la autopista supondrían un coste que en la realidad se ha incrementado considerablemente, dado que “en los justiprecios de los terrenos expropiados que se han venido estableciendo tanto por los Jurados provinciales de expropiación como por las sentencias de los Tribunales, se ha valorado el suelo muy por encima de las estimaciones que sirvieron de base al contrato de concesión. Esa circunstancia ha afectado significativamente el equilibrio económico financiero de la concesión”.

Expropiaciones a la baja

Con la Ley en la mano, la empresa concesionaria se acogió a la posibilidad de solicitar préstamos participativos con objeto de afrontar los pagos que por expropiaciones deba ejecutar. En ese sentido, en el segundo trimestre del año 2010, la citada sociedad adjudicataria solicitó a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje, la concesión de un primer préstamo participativo, por valor de 37.471.142,22 euros, por los sobrecostes de las expropiaciones necesarias para la construcción de las citadas autopistas de peaje. Solicitud aceptada por de Fomento.

 

Posteriormente, Accesos de Madrid solicitó otros dos préstamos participativos. La segunda solicitud, con fecha 14 de julio de 2010, por un importe de 66.647.976,88 euros y la tercera solicitud, con fecha 13 de octubre de 2010 por un importe de 25.824.595,39 euros. Es decir, el importe total solicitado por Accesos de Madrid durante este año 2010 ha sido de 129.943.714,49 euros.

 

Obras no previstas por 146 millones

 

No todo queda ahí. Por otra parte, durante la ejecución de las obras, la Dirección General de Carreteras ordenó modificar el proyecto constructivo de la autopista, al objeto de incorporar distintas obras adicionales no previstas inicialmente por un importe de 146.948.553,75 euros, sin I.V.A.
 
Pero nos podríamos dar con un canto en los dientes si todo quedará ahí. Porque el problema mencionado de sobrecoste no previsto de las expropiaciones en la construcción de autopistas de peaje no es exclusivo de la concesión de Accesos de Madrid. No. Tal y como reconoce José Blanco en el Real Decreto, ese problema “en mayor o menor medida, ha afectado a varias concesiones de titularidad estatal adjudicadas en los últimos quince años, lo que ha provocado que las citadas sociedades interpusiesen ante la Administración reclamaciones para que se les compensase por el exceso de los costes reales respecto a los previstos, al considerar que los mismos no podían considerarse dentro del riesgo y ventura del negocio concesional al constituir un riesgo imprevisible que afecta gravemente su equilibrio económico financiero”.