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Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia

Izar necesitó 400 millones de euros de la SEPI para soportar las garantías laborales de los trabajadores afectados por el proceso de liquidación

Septiembre 17, 2013
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El 30 de septiembre de 2005, Izar -la empresa pública española de construcción naval por excelencia- abría el proceso liquidador de los activos de los cuatro astilleros de construcción civil segregados de una Navantia, que sí poseía viabilidad económica. Estos cuatro astilleros según una noticia de El País del 29 de septiembre de 2005, “son los de Gijón, Sestao, Sevilla y Manises, y deben ser vendidos en bloque tal y como se recoge entre en el acuerdo firmado el pasado 14 de diciembre entre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y los sindicatos”. Para asegurar las garantías laborales de los trabajadores salientes de Izar, afectados por el proceso de liquidación, la SEPI tuvo que desembolsar casi 400 millones de euros en numerosas aportaciones de capital para financiar las pérdidas en las que incurría Izar para saldar sus obligaciones. Veamos el porqué.

Estos procesos, ya complejos de por sí, causaron una gran problemática a la Comisión Liquidadora de Izar. El proceso de liquidación de la empresa pública de construcción naval fue seguido meticulosamente por los sindicatos que vigilaban el cumplimiento de todos los derechos de los trabajadores. Según el informe de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia en el periodo 2007-2010, “SEPI e IZAR (en liquidación desde 2005) han cumplido el acuerdo suscrito en 2006 con las Organizaciones Sindicales”. Un acuerdo por el que por ejemplo, “las empresas adquirientes de los activos de los astilleros de Gijón, Sestao y Sevilla enajenados por SEPI/IZAR en 2006 cumplieron el compromiso de mantener el empleo y las condiciones laborales de los trabajadores que integraban la plantilla”. Además, a través de este convenio, los sindicatos consiguieron que se activaran “las garantías laborales para 149 trabajadores del astillero de Gijón, 177 del de Sevilla y 118 del de Sestao”. “A finales del año 2012 SEPI e IZAR habían asumido 326 prejubilaciones, indemnizado a 19 trabajadores que optaron por la baja e incorporado a 99 trabajadores en Navantia”.

Compromisos a cargo de IZAR

Todos estos cargos y deberes que recayeron sobre Izar, contribuyeron a que la empresa -ya en proceso de liquidación- se fuese hundiendo todavía más. “La asunción por parte de IZAR de los compromisos contraídos con los trabajadores de los astilleros privatizados ha contribuido a que esta Entidad mantenga un patrimonio neto negativo que, a 31 de diciembre de 2011, era de 652.783 miles de euros ya que la Sociedad dota unas provisiones, que a esa fecha ascendían a 612.487 miles, para atender tanto los compromisos de su personal jubilado y prejubilado, como otros compromisos, entre ellos los derivados de la activación de las garantías laborales concertadas con los trabajadores de los astilleros privatizados”.

Debido a ello, Izar se veía en la obligación de echar mano del capital de la SEPI, dinero público que entraba en las desnutridas arcas de Izar a fondo perdido. “IZAR ha venido constituyendo estas provisiones con recursos internos con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias y, puesto que no dispone de recursos propios suficientes para ello, su accionista único SEPI se ve obligado a realizar continuas aportaciones de capital para financiar las pérdidas en la que aquella incurre de manera continuada. Las últimas aportaciones de capital ascendieron a 169.100 miles en el año 2009 y a 150.000 miles en el año 2010; y en diciembre de 2011 el Consejo de Administración de SEPI ha acordado realizar una aportación de capital a IZAR por importe de otros 76.200 miles”.

Sobrecoste millonario

Casi 400 millones de euros arrebatados del erario público para enderezar la irregular situación de los cientos de puestos de trabajo afectados por la liquidación de Izar. Una situación que a día de hoy sigue condenando al sector naval español. Los trabajadores de los astilleros confirmaban hace escasos días que el sector se está viendo perjudicado por la inseguridad jurídica que generó la decisión de la Comisión Europea.

87.000 son los empleos que parece que se perderán gracias a la determinación del comisario de Competencia Joaquín Almunia, de hacer pagar a los inversores las bonificaciones obtenidas a través del sistema del tax lease. Muchos errores en la gestión del naval -uno de los pilares de nuestra industria- que condenan a la sociedad a pagar las irresponsabilidades de la Administración.