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Nuevo choque entre Fuerzas de Seguridad

Interior margina a la Guardia Civil en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

Noviembre 21, 2013
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La reforma de la ‘Ley Corcuera’ emprendida por el Ministerio del Interior encierra varios debates, uno de ellos mudo. La Secretaría de Estado de Seguridad ha optado por no consultar a la Guardia Civil sobre el borrador que presentará el viernes al Consejo de Ministros. Se trata del último episodio de la guerra soterrada entre ambos Cuerpos, recrudecida en los últimos dos años. La marginación del Instituto Armado ha creado un fuerte malestar en la sede de Guzmán el Bueno.

El Anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana tiene en la represión de manifestaciones no comunicadas su apartado más polémico. Esas manifestaciones se suelen dar en las grandes ciudades, donde la competencia de seguridad ciudadana es del Cuerpo Nacional de Policía. Sin embargo, hay otros muchos aspectos de la Ley que afectan directamente a la labor de la Guardia Civil. Una de las novedades del texto, por ejemplo, es la facultad que se otorga a las Fuerzas de Seguridad para disolver una manifestación con vehículos que entorpezcan el tráfico. Y las carreteras son de la Guardia Civil.

En el epicentro de todos los choques

Detrás de la redacción del texto ha estado un asesor del secretario de Estado de Seguridad que es considerado un hombre de Eugenio Pino, el director adjunto operativo de la Policía. Pino ha estado en el centro de todos los choques con el Instituto Armado desde que se inauguró la legislatura. El primer roce estuvo relacionado con la presencia de la Guardia Civil en Europol, al reclamar la cúpula policial para sí la exclusividad de la representación internacional de las Fuerzas de Seguridad. A consecuencia de aquella refriega fue cesada la primera jefa de gabinete del secretario de Estado de Seguridad, Concepción Figuerola. Su jefe, Ignacio Ulloa dejó el cargo al año de ser nombrado.

El enconado enfrentamiento también tuvo un episodio visible, en la calle, el 12 de febrero pasado. Aquel día, policías y guardias civiles acudieron raudos a la alarma creada en el consulado de Francia por la llegada de un paquete sospechoso, que podría contener una sustancia tóxica. La polémica incluyó la desautorización que el secretario de Estado, Francisco Martínez, hizo de la orden que había dado antes la delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes. Esta había solventado la disputa ordenando que fuera la Policía la encargada del caso. Una denuncia del Sindicato Profesional de Policía (SPP) hizo llegar el caso a los tribunales. Recientemente, la Audiencia Provincial de Madrid dictó una sentencia en la que no aprecia delito en ninguno de los participantes en el choque.

Pedro Águeda