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La mayoría de los agentes de Información siguen dedicados a combatir a una desaparecida ETA

Ignacio Cosidó, director general de la Policía, agita el fantasma del terrorismo anarquista sin ampliar en un solo efectivo la lucha contra el fenómeno

Junio 13, 2014
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El director de la Policía, Ignacio Cosidó, aprovechó este jueves la presencia de un nutrido grupo de periodistas y cámaras de televisión para advertir de que el “terrorismo anarquista se ha implantado” en España y que existe el riesgo de nuevos atentados. España estaría, por tanto, bajo una nueva amenaza terrorista. ¿Pero a qué atentados pretéritos se refería Cosidó? Y sobre todo, ¿cuál es la reacción del Gobierno ante esta reciente amenaza?

En el desayuno informativo, Cosidó citó el atentado contra la Basílica del Pilar de octubre del año pasado, cometido por el denominado ‘Comando Mateo Morral’, autor también de la colocación de otro explosivo en la Basílica de La Almudena. Ninguna de las dos explosiones, logradas con dos pequeños artefactos de fabricación casera, provocó heridos. Dos anarquistas chilenos fueron detenidos semanas después del atentado en Zaragoza. Desde entonces, no ha habido más bombas de procedencia anarquista, ni de ninguna otra.

Ningún movimiento que indique preocupación

¿Por qué agitar el fantasma de un nuevo fenómeno terrorista entonces? La afirmación de Cosidó se podría explicar en análisis de los Servicios de Información que el director de la Policía no citó. Pero en ese caso, sería lógico esperar de los responsables del Ministerio del Interior una reestructuración de las estructuras policiales para combatir el nuevo fenómeno. Sobre todo, ahora que la mayoría de agentes de la lucha antiterrorista presencian cómo la amenaza a la que se dedicaban, el terrorismo de ETA, ha desaparecido sin indicio alguno sólido de reaparecer. Pues ningún movimiento en este sentido se ha producido por parte de la cúpula de Interior.

Quizá la explicación del gesto de Cosidó se encuentre al adelantar un poco la cinta y llegar al momento en que habla de la “violencia callejera” producida al término de la gran manifestación de las Marchas de la Dignidad, el pasado 22 de marzo. “Son grupos marginales que pretenden subvertir la democracia con la violencia sin que tengan la más mínima posibilidad de lograrlo”, dijo. La frase también vale para el terrorismo anarquista. De hecho, se podría colocar al lado de su afirmación sobre la nueva amenaza terrorista, de igual procedencia ideológica, sin que desentonase en el mensaje del Gobierno del PP y el Ministerio del Interior.

El caso de Resistencia Galega

¿Quiso vincular Cosidó disturbios en las manifestaciones y bombas que matan personas? Si fue su intención, no lo confesó. Pero lo cierto es que desde que ETA decidió abandonar definitivamente la violencia, el Ministerio del Interior parece empeñado en comparar algunos fenómenos delincuenciales con el gravísimo ataque a la democracia y la integridad de las personas que encarnó la banda terrorista durante cuatro décadas. Uno de esos ejemplos es el fenómeno de Resistencia Galega: graves declaraciones, informes filtrados a la prensa afín…

Ya hay sentencias en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo considerando organización terrorista al grupo gallego. Sin embargo, hay un sector progresista de la judicatura que exige pruebas siquiera de su existencia. El pasado 31 de mayo se conoció la condena a 6 y 12 años contra dos integrantes del grupo. Pero el juez Ramón Sáez emitió un voto particular en el que rechazaba las condenas. Sáez se venía a preguntar qué tipo de grupo terrorista permite que sus miembros no vayan armados, lleven encima su documentación legal y no disponga de depósitos de explosivos. “No todo acto de violencia con finalidad política puede ser calificada de terrorista, porque de lo contrario podríamos incurrir, en materia tan sensible de los derechos, en una aplicación extensiva de los tipos penales”, alegaba.

Nuevas formas de protesta social

La afirmación de Cosidó no se produce en un momento cualquiera. El diseño actual del Estado se enfrenta a su amenaza más grave con el éxito inesperado de formaciones de izquierdas que reclaman un nuevo proceso constituyente. Esas formaciones, las más importantes Izquierda Unida y Podemos, apoyan las nuevas formas de protesta social, aunque se desvinculen de los actos violentos. Esas nuevas formas de protesta, ya sean escraches, paralización de desahucios o protestas alrededor del Congreso, han sido objeto de una criminalización por parte del Ministerio del Interior, que ha intentado que sus protagonistas sean juzgados en la Audiencia Nacional en algunos casos. En ninguno lo han conseguido. En el resto, los juzgados ordinarios han archivado las denuncias policiales. Ya fuera por protestar 20 minutos ante la casa de la vicepresidenta del Gobierno, por descolgar un cartel por el frontispicio del Congreso o por organizar un asalto a un supermercado para entregar el botín a los necesitados.

Pedro Agueda