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Iglesias, Bescansa, Girauta… los nombres de los 35 diputados que paralizaron la publicación de las Declaraciones de Intereses y Actividades en el Congreso aprobadas el pasado 29 de junio, 345 días después del inicio de la Legislatura

Julio 25, 2017

Los registros de los diputados con actividades compatibles comenzaron a subirse hace 12 días tras superar los atrancos del PSOE, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, y los propios diputados con intereses, mientras que desde un portavoz del Congreso asegura que no ha existido “ningún problema de funcionamiento”.

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El artículo 155 de la Constitución Española está en boca de todos. La afrenta independentista de Cataluña ha llevado al Gobierno a recordar en más de una ocasión que, según la Carta Magna, “si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras Leyes le impongan, o actuaremos de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general”. Sin embargo, otro artículo, el 155 -en este caso el de la Ley 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general– también se envuelve de polémica últimamente. En ese punto la LOREG establece que “las causas de inelegibilidad de los Diputados y Senadores lo son también de incompatibilidad”. Y en el artículo 157.1 especifica la dedicación absoluta de diputados y senadores ya que su mandato “será incompatible con el desempeño, por sí o mediante sustitución, de cualquier otro puesto, profesión o actividad, públicos o privados, por cuenta propia ajena, retribuidos mediante sueldo, salario, arancel, honorarios o cualquier otra forma”.

Sin embargo, los diputados españoles tienen un trato especial que, como si de una bula papal se tratara, les permite -tras aprobación del Congreso-, realizar otras actividades. Precisamente, el 29 de junio era aprobado en la Cámara Baja el dictamen de la comisión del Estatuto del Diputado en el que se recogen las compatibilidades de las actividades desempeñadas por los diputados al margen de su condición de parlamentarios.

Casi un año después

Un dictamen que se aprueba casi un año después (345 días), del inicio de la XII Legislatura de España que comenzó el 19 de julio de 2016 cuando se constituyeron las Cortes Generales y se eligió como presidenta del Congreso a la popular Ana Pastor. Esto indica, que la Cámara Baja de los representantes del pueblo han aprobado las actividades paralelas de 35 diputados (el 10% de los 350 escaños del Congreso), once meses después de que estos tomaran posesión pero, ¿desempeñaron entonces y mientras tanto estas actividades sin el consentimiento de los Grupos Parlamentarios? ¿A qué se debe tanta demora para debatir este dictamen por parte de la presidenta del Congreso?

Y es que Ana Pastor ha ido posponiendo la aprobación del dictamen en busca de una unanimidad imposible (este año es el primero que ha sido autorizado el dictamen sin el consenso de toda la Cámara de representantes). Una unanimidad inviable a sabiendas de la más que evidente reticencia del PSOE ante este tema ya que, el código ético de los socialistas, ordena a sus firmantes que “si ocupara un cargo público u orgánico lo haría con austeridad, honradez, ejemplaridad, eficacia y plena dedicación”. Esta plena dedicación es la que el Grupo socialista ha defendido en la votación del susodicho dictamen que ha sido aprobado sin su apoyo y por lo tanto sin la unanimidad buscada por Ana Pastor que ha entorpecido durante más de once meses un trámite que debería haber sido aprobado mucho antes y que no ha ejercido según sus funciones como presidenta del Congreso, cargo que le reporta unos 167.067,18 euros anuales.

Motivos políticos

Desde el Congreso de los Diputados tienen claro el por qué de esta tardanza a la hora de aprobar el dictamen, aunque insisten en que se debe a un “tema político” que se debe “preguntar a los Grupos”. Hacen referencia a “todo lo que ya ha salido sobre este tema” para responsabilizar al Grupo parlamentario del PSOE por adoptar una posición “más estricta” respecto al dictamen, ya que pedían que los diputados con actividades “explicaran y justificaran más por qué dichas actividades debían de ser compatibles”.

Así, recuerdan como en el mes de marzo la presidenta Ana Pastor retiró de la orden del día de la sesión que el dictamen fuese sometido a debate ante la convicción de que el PSOE votaría en contra ya que solicitaban que los 35 diputados con actividades fueran votados de forma separada y que se votasen uno a uno los 350 casos de cada uno de los diputados de la Cámara. De este modo, la presidenta intentó llegar a un acuerdo con los Grupos y ese es el motivo de que ahora haya sido aprobado el dictamen “in extremis”, un asunto que no refleja “ningún problema de funcionamiento de la Cámara” sino “motivos políticos”.

Culpables del retraso

Pero el PSOE y Ana Pastor no son los únicos culpables de este retraso. También han entorpecido la aprobación de este dictamen las partes interesadas. Los diputados como Pablo Iglesias y Carolina Bescansa, de Unidos Podemos; Rafael Hernando, Leopoldo Barreda o Teófilo de Luis, del Grupo Popular; o Juan Carlos Girauta o Toni Cantó, de Ciudadanos, que durante este año han disfrutado de un vacío legal pudiendo lucrarse (o no), de las actividades que realizaban al margen de su actividad en el Congreso y sin verse obligados a declararla. Peculiar es el caso de Toni Cantó que -llevando aprobado el dictamen apenas 12 días y por lo tanto aprobadas sus actividades desde ese momento-, ya tiene una pieza audiovisual más en fase de postproducción. Se trata de la cinta “Ante Bellum: The Origin” que será estrenada en septiembre del presente curso.

Ahora, esa alegalidad se ha dado por concluida y las fichas personales de los diputados comienzan a ser completadas con este apartado de actividades que hasta la fecha permanecía en blanco. Algunos Registros de Intereses, como el caso del diputado de Ciudadanos por Madrid, Miguel Ángel Gutiérrez, habían sido enviados con mucha anterioridad al 29 de junio, pero esperaban en un cajón por la aprobación del dictamen. En este caso particular, Miguel Ángel Gutiérrez reconoce ser administrador único de una Sociedad Limitada cuyo objeto social es la consultoría de Seguridad de la Información, a pesar de encontrarse sin actividad desde enero de 2015, y trabajador por cuenta ajena en excedencia especial desde el 4 de enero de 2016. Curiosamente, la consultoría, la abogacía, el asesoramiento de empresas y las actividades relacionadas con los medios de comunicación son los intereses compatibilizados en mayor medida.

Doinel Castro