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Anomalías reflejadas en el Registro Mercantil

Hilario Alfaro, candidato a la presidencia de CEIM, infringe la Ley General Tributaria y la Ley de Sociedades de Capital al no legalizar libros contables ni depositar en plazo las cuentas anuales de sus empresas

Febrero 27, 2014

El próximo 24 de marzo la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) celebrará por primera vez en 36 años unas elecciones con dos candidatos. Además de su actual presidente, Arturo Fernández, a esta convocatoria acude como aspirante Hilario Alfaro Moreno, presidente de la Confederación del Comercio Especializado de Madrid (COCEM), un empresario del comercio textil que bajo el lema “de otra manera” afirma querer impulsar una gestión “más transparente y más eficaz”.

Pero este propósito que afirma querer imponer para la patronal madrileña no lo aplica en la gestión de sus propias empresas donde infringe leyes tributarias y mercantiles con respecto al depósito de cuentas en el Registro Mercantil y legalización de sus libros contables, una obligación que precisamente busca ofrecer información y transparencia. Todas las sociedades tienen la obligación cada año de presentar sus libros contables en el Registro Mercantil correspondiente a su domicilio social. El tiempo para presentarlos y legalizarlos es hasta 4 meses desde producirse el cierre del ejercicio económico de la empresa (finales de abril). Con respecto al depósito de cuentas este se debe hacer dentro del mes siguiente a la aprobación de las cuentas anuales, incluyendo además de estas la certificación de los acuerdos de la junta general de accionistas, aplicación del resultado, informe de gestión e informe de los auditores, cuando la sociedad esté obligada a esta. El plazo máximo de aprobación de las cuentas es antes del 30 de junio y por tanto el depósito en el Registro Mercantil debe hacerse como máximo el 31 de julio. Transcurridos 7 y 9 meses de cada una de estas obligaciones, Hilario Alfaro acumula múltiples incumplimientos en las distintas empresas que gestiona.

Administración compartida e individual

El candidato de CEIM administra distintas empresas, algunas de manera mancomunada (junto a otros administradores) y otras de forma individual. Muchas de estas comparten un mismo objeto social, la “venta al por mayor y menor de toda clase de mercancías textiles” pero todas un punto en común, el incumplimiento en sus obligaciones registrales. Hilario Alfaro Moreno comparte la administración de dos sociedades, Inversiones y Promociones Faalmo SL e Hiche SL, en ambas tiene legalizados los libros hasta el ejercicio 2012, pero no ha depositado sus cuentas de ese ejercicio en el Registro Mercantil.  

Pero los incumplimientos son incluso mayores en las sociedades que Hilario Alfaro Moreno administra en solitario. Merpatra SL, dedicada al comercio textil y complementos, depositó sus cuentas del año 2012 con retraso (el 24 de agosto) pero la mayor irregularidad está en la legalización de libros ya que la última correspondiente al ejercicio 2010 la hizo en mayo de 2011. En el caso de Hicrisca SL, otra sociedad dedicada al comercio textil el incumplimiento es el contrario, si tiene los libros legalizados hasta el ejercicio 2012 pero no consta en el Registro Mercantil la presentación de las cuentas de ese mismo año. Esta misma casuística se repite en Racris Confección SL, empresa domiciliada en la calle Goya nº 6 (Centro Comercial del Jardín de Serrano) y con el mismo objeto social de las anteriores. En el caso de Moda y Complementos Alfaro 1926, constituida el 12 de febrero de 2010 si ha depositado las cuentas de los 3 ejercicios que lleva en funcionamiento pero no ha legalizado ninguno de sus libros contables.

Importantes sanciones económicas

Ante todos estos incumplimientos la legislación es clara. La Ley General Tributaria en su artículo 200, en concreto en su punto 1, establece como infracción tributaria el incumplimiento de las obligaciones contables y registrales. En este caso la sanción consistirá en una multa pecuniaria fija de 150 euros. Más importante es el incumplimiento en el depósito de libros, en este caso el procedimiento que se está llevando a cabo se basa en la obligación impuesta a los Registros Mercantiles de informar al Instituto de Contabilidad (ICAC) acerca de qué sociedades están incumpliendo con el deber que establece el artículo 279 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), de depósito de cuentas anuales en plazo. Una vez recibida la información, procede a abrir el expediente sancionador, pudiendo desembocar en multas, que en función de la dimensión de la sociedad, van desde 1.200 euros hasta 300.000 euros por cada ejercicio no presentado, con un límite prescriptivo de 3 años.

En el caso de presentar los estados financieros antes del inicio del procedimiento sancionador, o lo hubieran hecho fuera del plazo previsto se conseguiría disminuir la sanción en su grado mínimo y reducirla en un 50% pero nunca evitar la multa. Además, la sanción es impuesta a la sociedad incumplidora, y no a los verdaderos responsables del incumplimiento, el administrador o los administradores. Por ello, la sociedad, a través de sus socios, puede reclamar a los administradores el perjuicio que le ha sido causado mediante acción de repetición basándola en dolo o negligencia al no atender a sus deberes legales. La presentación de cuentas es responsabilidad del administrador, en este caso en solitario o compartida, de Hilario Alfaro, el que quiere ser máximo representante de los empresarios madrileños.