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Conclusiones de CEIM

Hacienda complica la fiscalidad de las empresas con la nueva normativa sobre operaciones vinculadas

Junio 10, 2010
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Operaciones vinculadas son aquellas que realiza con su empresa el propio empresario, sus familiares o entre empresas de los mismos propietarios, a título de ejemplo se incluyen también los sueldos, retribuciones de administradores, préstamos, etc. La nueva regulación fiscal de estas operaciones obliga a que las mismas sean objeto de un detallado informe que determine que se han realizado de acuerdo al precio de mercado, no pudiéndose realizar por otro valor distinto.

El motivo de la reforma ha sido el de adaptarnos a las normas europeas para este tipo de operaciones, pero en Europa se aplican principalmente en operaciones internacionales entre empresas del mismo grupo multinacional, para evitar traspaso de pérdidas entre países, y como ejemplo:

1. En Alemania la obligación de documentación es exclusivamente para operaciones internacionales.

2. En Francia se ha excluido de esta obligación a las operaciones internas y sólo se pide para operaciones internacionales y a empresas con cifra de negocios superior a 400 millones de euros.

3. En Reino Unido exime de la obligación de documentación, a opción del contribuyente, a las sociedades con menos de 250 empleados y cifra de negocios inferior a 50 millones de euros.

Sin embargo, en España se ha establecido para todo tipo de operaciones y a todo tipo de empresas, pequeñas, medianas o grandes, exonerando de esta obligación solamente a empresas de reducida dimensión y cuando el volumen de sus operaciones vinculadas en conjunto no supere los 100.000 euros anuales. En proyecto está que esta cifra sea de 250.000 euros anuales con operaciones con la misma persona o entidad, muy lejos, por tanto, de los umbrales europeos.

El coste administrativo de documentar la totalidad de las operaciones vinculadas es inasumible para las PYMES y contrario al principio de simplificación administrativa para mejorar la competitividad de las empresas, y las sanciones por falta de documentación o por ser esta incompleta son muy elevadas.

Se ha creado también, una situación de mayor inseguridad fiscal al dejar a criterio de la Inspección si es correcto el precio establecido, y si antes existía diferencia en la valoración, se producía una juste en la imposición que por lo general era neutral para la Hacienda Pública, ya que lo que suponía ingreso para uno era gasto para otro. En la actualidad y a través de la nueva figura de “ajuste secundario” estas diferencias se ajustan en beneficio de la Administración, o considerándolas como liberalidades.

En resumen, la norma copia equivocadamente la vigente en los países de nuestro entorno, es gravosa para las empresas, aumentando el coste administrativo y las deja a merced de una situación fiscal incierta y con sanciones excesivas, por lo que debe ser modificada ajustándola a los términos que tienen esos países de aplicarla exclusivamente en operaciones internacionales.