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Pocos meses antes de las próximas elecciones a la Junta de Andalucía

Griñán aprueba una Ley de Incompatibilidades que solo afecta a los representantes del PP

Enero 29, 2012

Elimina a los ex presidentes de la Junta de Andalucía la remuneración al finalizar la actividad a los 65 años cuando tanto él como Chaves la tienen más que garantizada tras ser diputados nacionales y ministros
Los socialistas no cuentan con ningún regidor en la Cámara autonómica


Andalucía es un desastre. El pasado miércoles 25, en el debate en el Parlamento de balance de la Legislatura, el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, aseguraba que el déficit de las cuentas de la Comunidad Autónoma se situaría por encima del 1,4% y estaría en la media. Veinticuatro horas después, esta cifra fue corregida al alza por Carmen Martínez Aguayo, consejera de Economía, en declaraciones a Onda Cero, en las que afirmaba que “estaremos en el entorno de la media y la media estará en el 3%”.
 
Más del doble que lo que afirmó en sede parlamentaria Griñán. La respuesta del Gobierno a este despropósito no se hizo esperar, y este pasado viernes, tras el Consejo de Ministros, Cristóbal Montoro calificó de “poco serio” que un presidente autonómico sea “corregido” por su consejera de Hacienda y que esta actitud es la que “perjudica” realmente la imagen a Andalucía.
 
Una imagen, que a costosísimas campañas de publicidad, está más que dañada. Y para muestra el escándalo de los ERE, y la ruptura del “dique” que la Junta había puesto culpando de todo a una sola persona, Francisco Javier Guerrero, el que fue director general de Trabajo de la Consejería de Empleo entre septiembre de 1999 y abril del 2008. En total, 642 millones de euros destinados a distintos Expedientes de Regulación de Empleo de los que -se estima-, se desviaron para otros fines hasta 10 millones.
 
Intentando eliminar rivales
 
Así, con todas las encuestas en contra de cara a las elecciones autonómicas del próximo 25 de marzo y que colocan al popular Javier Arenas como próximo presidente de la Junta de Andalucía con una más que una posible mayoría absoluta, el Ejecutivo socialista de José Antonio Griñán adoptaba medidas. En un intento casi desesperado de amortiguar el probable batacazo electoral, aprobaba el pasado 23 de noviembre, mediante una modificación de la Ley de Electoral de Andalucía, la incompatibilidad entre el cargo de diputado autonómico y los puestos de alcalde y presidente de diputación provincial, además de regular el Estatuto de los ex presidentes de la Junta, por el que se elimina la asignación mensual actualmente prevista a partir de la finalización de la actividad laboral a los 65 años. El cambio en la normativa fue aprobado únicamente con los votos del Partido Socialista andaluz, mientras que el Partido Popular votó en contra e Izquierda Unida se abstuvo.
 
En la misma línea, también se establece que los parlamentarios no perciban retribuciones y asignaciones, públicas o privadas, al margen de las propias del cargo. Los familiares directos, por su parte, estarán obligados a formular declaración de sus retribuciones y relaciones en materia de contratación con todas las administraciones.
 
En lo que se refiere a los ex presidentes de la Junta de Andalucía, la reforma plantea la obligación de que incluyan, en la declaración de actividades e intereses, tanto sus remuneraciones como las relaciones de sus familiares directos en materia de contratación con las administraciones.
 
Las reformas legislativas planteadas se concretarán en la modificación de las leyes 1/1986, Electoral de Andalucía; 3/2005, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Administración de la Junta y de Declaración de Actividades, Bienes e Intereses, y 2/2005, del Estatuto de los Ex Presidentes de la Junta de Andalucía.
 
En contra del deseo de los ciudadanos
 
Las críticas a esta intentona de última hora de vender transparencia no se han hecho esperar. La portavoz parlamentaria del PP andaluz y alcaldesa de Fuengirola, Esperanza Oña, afirmó recientemente que el único objetivo de la maniobra socialista es el “acoso y derribo de los alcaldes que han ganado las elecciones municipales. Los socialistas no soportan el resultado de las urnas y usan la ley, no para mejorar la sociedad y generar más igualdad, sino en una acción totalitaria para adaptarla a sus caprichos electorales. La modificación de la Ley Electoral de Andalucía supone una perversión de la democracia”.
 
Precisamente, Oña es una de las afectadas por la medida, al ser, al alimón, regidora de la localidad malagueña y portavoz parlamentaria, al igual que otros 16 alcaldes del PP, que tendrían que elegir entre uno y otro cargo. El Gobierno de Mariano Rajoy no ha tardado en posicionarse, y ha aprobado recurrir ante el Tribunal Constitucional la normativa andaluza con un informe elaborado por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.
 
Esta ley no afecta a los socialistas, ya que no cuentan con ningún alcalde en la Cámara autonómica, pero sí a los 17 regidores del PP ya mencionados, entre los que destacan los de Sevilla, Huelva, Córdoba y Jaén, así como a uno de IU, el histórico alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo.
 
Hasta ahora, los alcaldes andaluces podían compatibilizar su cargo con el de diputados autonómicos, así como ser parlamentarios nacionales en el Congreso o senadores, pero la nueva ley les impedirá concurrir a las próximas elecciones autonómicas.