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Gestha afirma que los delitos fiscales destapados por la AEAT caen casi a la mitad en la última década, según los Técnicos de Hacienda

Octubre 8, 2015
Agencia tributaria

Para los Técnicos de Hacienda, una de los principales motivos de este desplome es la limitación de competencias para investigar delitos, pues de acuerdo a una resolución interna de la AEAT, dejan de tener control sobre los casos de especial dificultad `sobrevenida’, es decir, cuando el técnico descubre una simulación, conflicto, fraude de ley o delito fiscal.

En la práctica, esta “literatura fiscal” se traduce en que el expediente pasa a manos de un cargo superior que no ha formado parte de la investigación, con el consiguiente retraso de los procesos y el riego de prescripción de los expedientes.

En la actualidad, la AEAT ordena realizar sólo investigaciones parciales, es decir, de un hecho puntual, lo que dificulta el descubrimiento de fraudes superiores a 120.000 euros, la cantidad mínima que configura el delito fiscal.

Amnistía fiscal

La amnistía fiscal de 2012 también ha tenido que ver en este descenso de expedientes tramitados, al permitir que una parte de aquellos 31.000 contribuyentes que temían incurrir en delito fiscal pudiesen regularizar su situación pagando un 10% del capital aflorado, evitando intereses, recargos, sanciones y la imputación penal por los presuntos delitos fiscales cometidos.

Según el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, “estos datos evidencian una vez más cómo la Agencia Tributaria en lugar de centrar sus investigaciones contra el fraude más complejo y sofisticado de las grandes empresas y fortunas, sigue prefiriendo investigar las irregularidades y fraudes más fáciles de descubrir cometidos por autónomos, pymes y particulares”.

Crece la deuda tributaria pendiente de cobro

Por otro lado, Gestha destaca que el año pasado la deuda tributaria pendiente de cobro alcanzó los 52.000 millones de euros, más del doble que hace diez años; una realidad que evidencia la escasa eficacia de la recaudación ejecutiva, la elevada litigiosidad -cifrada en 10.607 millones- y el reducido número de funcionarios que se encargan de la recaudación fiscal. De hecho, de cada tres euros de la deuda pendiente de cobro se ingresa solo uno.