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Ante las críticas de Gaspar Llamazares el ministro insiste que el Gobierno central "jamás" indultará a quien haya llenado su bolsillo con dinero público

Gallardón concedió el indulto en apenas un año a nueve cargos políticos condenados por prevaricación y malversación de fondos públicos

Marzo 18, 2014

Nueve Real Decretos han conmutado las penas a cuatro ediles populares malagueños, dos cargos catalanes de Unión Democrática de Cataluña (UDC), una directiva del PSOE de Sevilla, una funcionaria de Alicante y un empresario sevillano
El responsable de la cartera de Justicia asegura de modo incierto que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que menos indultos ha dado en toda la democracia española

 
Considerando el primer año y medio de gobierno de Rajoy, se han concedido 1,39 indultos por día, solo superados por los 1,89 del mandato de José María Aznar


El debate de los indultos le ha estallado a Alberto Ruiz Gallardón con gran virulencia y directamente relacionado con las decisiones del ministro de Justicia. El indulto (posteriormente anulado por el Tribunal Supremo) de el conductor kamizake  con  una condena de 13 años de cárcel, que curiosamente fue defendido por Esteban Astarloa, hermano del diputado del PP y ex alto cargo de Interior y Justicia Ignacio Astarloa, del despacho Uría y Menéndez, donde también trabaja el hijo mayor del ministro Alberto Ruiz-Gallardón. Una polémica que no ha cesado y se ha trasladado en los últimos meses en los indultos por caso de corrupción en un tenso debate a dos entre Alberto Ruiz-Gallardón y el diputado de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, el primero dice que nunca, mientras el otro dice que más de veinte.

La, primera entrega del serial sucedió cuando el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón aseguró queel Gobierno de Mariano Rajoy “no ha concedido ni un solo indulto” por delitos de corrupción y que mientras él esté en este cargo no se producirá el primero. La réplica de Llamazares no se hizo esperar, cifrando en 700 los indultos concedidos por el Ejecutivo, de los que una veintena corresponden a delitos relacionados con la corrupción. La última secuela de la confrontación tuvo lugar en los Pasillos del Congreso dónde el ministro de Justicia reiteraba que Moncloa no indultará “jamás” a ningún político que haya llenado “su bolsillo” con dinero público.
 

Los nueve perdones de Gallardón

 
Tomas Gómez Arrabal, Fermín Muñoz Armero, María Teresa Mesa Pernia, Antonio Pérez Postigo, Josep Maria Servitje Roca, Víctor Manuel Lorenzo Acuña, Adoración Pomata Zaplana, María Dolores Mateos Sánchez y Antonio Manuel Morales Fernández son nombres anodinos en el contexto de la política nacional. Sin embargo, cada uno de ellos cuenta con un Real Decreto redactado ex profeso para su amnistía. Sus pecados en forma de prevaricación urbanística, malversación de fondos o malversación impropia fueron expiados por la vía rápida y con un latiguillo que ya chirría en el ministerio de Justicia al conmutar todas las penas “por otra única de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia, a condición de que no vuelva a cometer delito doloso en el plazo de tres años desde la publicación del real decreto”. Esto es, quedar exento de todo tipo de cargo previo pago económico.
 
Por hechos cometidos entre el 2001 y el 2004, el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga procedía a sentenciar al que fuera alcalde de Valle de Abdalajís entre 1995 y 2007 y a tres de sus compañeros en la corporación por delitos vinculados a la prevaricación urbanística. Precisamente, fueron el regidor, Tomas Gómez Arrabal, “condenado como autor de tres delitos de prevaricación urbanística, a la pena de seis meses de prisión y cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística y cinco delitos continuados de prevaricación urbanística, a la pena por cada delito de un año de prisión”; y los tres ediles populares, Fermín Muñoz Armerocondenado como autor de cinco delitos continuados de prevaricación urbanística a la pena de nueve meses de prisión”; María Teresa Mesa Pernia, “condenada como autora de tres delitos de prevaricación urbanística y cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística a la pena por cada uno de ellos de nueve meses de prisión” y Antonio Pérez Postigo, “condenado como autor de tres delitos de prevaricación urbanística y cuatro delitos continuados de prevaricación urbanística, a la pena por cada uno de ellos de nueve meses de prisión”. Todo ello sin contar la “inhabilitación especial para empleo o cargo públicos electivos durante diez años” accesoria a cada uno de ellos. En lugar de tales “penas privativas de libertad impuestas”, los procesados vieron conmutada su penitencia con “otra única de dos años de prisión”. Cuatro indultos exprés ejecutados tras la deliberación del Consejo de Ministros del día 29 de junio de 2012.
 
Los indultos exprés, casi personalizados
 
La Audiencia Provincial de Barcelona castigó también en su día al ex secretario general de la Conselleria de Trabajo de la Generalitat de Cataluña, Josep Maria Servitje Roca, y al empresario Víctor Manuel Lorenzo Acuña, que han militado en Unión Democrática de Cataluña (UDC). La sentencia, por el caso ‘Treball´ -hechos cometidos en el año 1994-, acabó con idéntico resultado: agua de borrajas. Por un lado, Servitje Roca fue “condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de cuatro años y seis meses de prisión y seis años de inhabilitación absoluta”. Por el otro, Lorenzo Acuña, “condenado como autor de un delito continuado de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de malversación de caudales públicos a la pena de dos años y tres meses de prisión y cuatro años de inhabilitación absoluta”.
 

Ambas penas fueron anuladas “por otra de un año de multa, que se satisfará en cuotas diarias de diez euros, cuyo inicio y forma de cumplimiento serán determinados por el Tribunal sentenciador, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia”. Otras dos absoluciones por la vía rápida tras la reunión del Consejo de Ministros el día 17 de febrero de 2012.

 
Reducciones de pena
 
La funcionaria del Ayuntamiento de Alicante, Adoración Pomata Zaplana fue “condenada por el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Alicante como autora de un delito de malversación impropia, a la pena de un año de prisión, y un delito de falsedad en documento oficial, a la pena de un año y seis meses de prisión”. Además de su inhabilitación absoluta, la suspensión del derecho de sufragio pasivo y una multa de diez euros diarios durante nueve meses. Todo ello por redactar y validar hasta tres expedientes falsos para que su expareja recibiese del programa de acción social la cantidad de 6.000 euros -hechos cometidos en los años 2006-2007-. Tras la reunión del Consejo de Ministros a 18 de mayo de 2012, la sanción volvió a quedar en (casi) nada: “Dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia”.
 
La integrante de la dirección del PSOE en un barrio sevillano y ex colaboradora de un diputado autonómico socialista imputado en el caso de los ERE, María Dolores Mateos Sánchez, fue “condenada por la Audiencia Provincial de Sevilla, como autora de un delito de malversación, a la pena de tres años de prisión”. Además de su inhabilitación especial y suspensión del derecho de sufragio pasivo.  Por octava vez el Consejo de Ministros se reunía el 26 de julio de 2013 para conceder otro perdón. De nuevo se conmutaban las penas por “otra de dos años de prisión, dejando subsistentes los demás pronunciamientos contenidos en la sentencia”.
 

Más de 7.200 indultos desde 1996

 
Además, el 19 de abril de 2013 el Gobierno indultó parcialmente a Antonio Manuel Morales Fernández. Un empresario sevillano que según la Audiencia Nacional (en el caso del fraude de 12 millones de euros del catering de AENA), descapitalizó cuatro empresas a su cargo que regentaban los servicios de cafetería y restauración de cinco aeropuertos españoles, dejando deudas millonarias a Aina, al Banco Santander y a los proveedores. Por ello fue condenado por a tres años y diez meses de prisión por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y un delito continuado de insolvencia dolosa; para ser más tarde indultado reduciendo su pena a dos años de cárcel.  
 
Ante estos datos, pocas reservas le quedan al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para defender su falaz argumento de que el Gobierno central no indultará “jamás” a ningún político que haya llenado “su bolsillo” con dinero público. Además, las palabras de Gallardón afirmando con vehemencia que el Gobierno de Mariano Rajoy es el que menos indultos ha concedido en toda la democracia española también quedan al descubierto.

Como pueden comprobar en el siguiente cuadro elaborado por Extraconfidencial.com, en lo que lleva de legislatura Mariano Rajoy ya ha realizado 790 indultos en tres años, con un primer ejercicio, el 2012, que superó a cualquiera de los realizados por José Luis Rodríguez Zapatero aunque disminuyendo de forma brusca en el 2013. Eso sí, muy lejos de los 6.132 que indultó en sus 8 año gobierno José María Aznar, en el que destacan los 1.744 del año 2000.

 
En un sentido similar, el programa de La Sexta, “El Objetivo”, centró su última emisión en los indultos que se han ejercitado en los diferentes Gobiernos de España. En el mostraba que existen Gobiernos que han indultado menos que el actual (especialmente el de Adolfo Suárez y la segunda legislatura de Felipe González), pero también más. Teniendo en cuenta los 812 días en la Legislatura y comparando los indultos por día, Rajoy ha concedido 0’92, muy por debajo de los 1’89 de Aznar y los 1’22 de Calvo Sotelo, 1’21 de Zapatero y 1’16 de González, pero sí se sitúa por encima de los 0’78 de Felipe González.
 
Las palabras del presidente del Tribunal Supremo, Carlos Leznes, -en una entrevista publicada por El Mundo el pasado 17 de marzo, pesan ahora como una losa sobre las prácticas del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón: “El indulto debe tener un carácter excepcional, debe hacerse un uso moderado y debe tener siempre una causa que lo justifique. Si se da, debe ser entendible; es decir, que el ciudadano medio entienda que hay razones para utilizar la prerrogativa. No veo causas que justifiquen indultar a los condenados por corrupción, que es una de las conductas que tiene un mayor reproche”.