Menú Portada
En plena vorágine de casos en los que estas pruebas han sido declaradas nulas

Fernández Díaz y Pedro Morenés dotan a Policía y Guardia Civil de equipos para realizar escuchas telefónicas por más de un millón de euros

Julio 2, 2015

El contrato regirá “el mantenimiento y soporte 24×7 de los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones EVIDENT PROSIS”. Ha sido adjudicado a través de un procedimiento negociado sin publicidad. Una empresa británica, BAE Systems Applied Intelligence, ha sido la beneficiaria

pq_933_pedro-morenes.jpg

“Anulan las escuchas telefónicas que permitieron desarticular una red de narcos en Jávea”. Este titular se puede leer en La Verdad de Alicante, una noticia que habla de la nulidad de la prueba principal de un caso por el que se produjeron importantes arrestos de supuestos narcotraficantes hace casi diez años. Casi al mismo tiempo, en la esquina gallega del noroeste español, la defensa de un caso similar -comerciantes de Vigo acusados de tráfico de mercancías pirateadas- espera la resolución de los recursos interpuestos ante la Audiencia de Pontevedra para dejar sin efecto las escuchas telefónicas realizadas a los propios comerciantes. Si cruzamos el charco, la situación no es muy diferente. La justicia estadounidense acaba de declarar ilegales las escuchas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) norteamericana realizadas a los ciudadanos. Entonces, ¿para qué sirven las escuchas telefónicas?

Supuestamente, para mucho. Es cierto que en algunos casos como el que ha comprometido al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, han servido para expurgar rápidamente a las manzanas podridas del tiesto (a pesar de mantener su cargo de alcalde de Játiva) y poder pasar página a corruptos que, como en su caso, llegaron a afirmar: “dile al promotor: cómpralo por este precio y me dais el 5%”. Sin embargo su efecto no es casi siempre el deseado

A dedazo para el extranjero: ¿está asegurada la seguridad?

A pesar de ello, los ministros del Interior, Jorge Fernández Díaz, y de Defensa, Pedro Morenés, no lo creen así y han decidido -a cargo de la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del primero- destinar algo más de un millón de euros (1.119.250 euros) a la “contratación del mantenimiento y soporte 24×7 de los sistemas de interceptación legal de las telecomunicaciones EVIDENT PROSIS para la Dirección General de la Policía y Dirección General de la Guardia Civil”. O lo que es lo mismo, software para las escuchas telefónicas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Un contrato adjudicado además a través de un procedimiento negociado sin publicidad, yendo en contra de los principios de la concurrencia competitiva. El Estado ha decidido beneficiar a la empresa británica BAE Systems Applied Intelligence, fomentando de este modo la fuga de capitales y privando de la oportunidad de crear empleo a una empresa española.

A pesar de solo haber recibido esta propuesta, dice el acta de adjudicación que se ha seleccionado “por ser la oferta más ventajosa” aunque no ha reducido ni un céntimo el presupuesto base de licitación.