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"Solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a la libertad de reunión" recordaron los jueces

Fernández Díaz se estrella contra la vía catalana tras enredar a Guardia Civil y Abogacía del Estado

Septiembre 16, 2013
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La extensión de la Vía Catalana hacia la Independencia más allá de los límites de Tarragona, adentrándose en Castellón, fue motivo de una maniobra de última hora por parte del Ministerio del Interior, que implicó a la Comandancia de la Guardia Civil y a la Abogacía del Estado y que culminó en un rotundo fracaso. La cadena humana llegó a Vinarós sin que un informe de la Benemérita presentado ‘in extremis’ pudiera evitarlo. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana falló que la prohibición de la Subdelegación del Gobierno era contraria a derecho y los manifestantes se adentraron 400 metros por el territorio castellonense de la N-340.

El 14 de agosto, Acciò Cultural del País Valencià (ACPV) comunicó a la Subdelegación los motivos y extensión de la cadena humana en la provincia de Castellón, como es preceptivo cuando una manifestación en la vía pública esperar convocar a más de veinte personas. La Subdelegación no se pronunció porque sólo debe hacerlo en caso de que encuentre motivos para su prohibición, ya sean estos de orden público o porque sospeche que se va a cometer algún delito durante su desarrollo. Cinco días antes de la Diada, la delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, dijo “condenar” los objetivos de la convocatoria pero defendió su celebración al amparo del derecho constitucional de manifestación.

Sin embargo, a las 10:11 horas del lunes, solo dos días antes del 11-S y 28 después de que los convocantes comunicaran su recorrido, entró en el registro de la Subdelegación un informe de la Guardia Civil alertando de posibles atropellos y enfrentamientos entre vecinos y manifestantes. Al subdelegado, David Barelles, le faltó tiempo para, en un tiempo récord, dictar una resolución prohibiendo el acto. Según la Delegación del Gobierno no había desautorización de su jefa directa porque el informe de la Guardia Civil cambiaba el escenario.

Maniobras fracasadas

La resolución del subdelegado recogía afirmaciones del informe de la Guardia Civil que se podrían haber hecho un mes o un año antes, como la advertencia de que el tramo de la N-340 es de doble sentido, finaliza en una curva peligrosa y le sigue otro trecho de concentración de accidentes. La cadena humana era, por tanto, peligrosa, más aún si se atiende a que iban a acudir “niños”, añadía la resolución. ¿Y su desvío? El único posible, a través de la N-238, afectaba a “numerosos cruces, fincas particulares, negocios de hostelería, comercios e industrias, con un tránsito elevado de vehículos y personas en horario de finalización de jornada laboral”. Los afectados por la cadena humana, decía la resolución, podían desarrollar “una actitud hostil hacia los manifestantes de la cadena humana y provocar alternaciones de orden público”.

Los convocantes recurrieron inmediatamente a la Justicia y la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV convocó una vista urgente para la mana siguiente. El tiempo se agotaba. Y es aquí donde entró el segundo actor utilizado por el Gobierno en su maniobra contra la manifestación en Castellón, la Abogacía del Estado. Para perplejidad de los presentes en la vista, el abogado del Estado planteó una excepción procesal cuestionando el modo en el que Acciò Cultural había acordado internamente recurrir la decisión de la Subdelegación. El representante legal del Estado recurría al artículo 45.2.d de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, un punto que, según fuentes jurídicas, se utiliza para acuerdos adoptados en el seno de empresas, pero nunca antes de una asociación cultural. La consecuencia inmediata, que la Sala requirió a la Asociación el acta del acuerdo para recurrir y la vista se volvía a retrasar 24 horas. Los actos de celebración de la Diada ya habrían comenzado para cuando hubiera un fallo judicial.

Pero la vista se celebró el miércoles por la mañana y ya con el acuerdo en sus manos, la Sala falló que el recurso de la Subdelegación era contrario a derecho. “Solamente razones convincentes e imperativas pueden justificar las restricciones a la libertad de reunión y manifestación”, recordaron los jueces al departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. “Para muchos grupos sociales, este derecho es, en la práctica, uno de los pocos medios de los que disponen para expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones”, remachaban. El Estado era condenado a pagar las costas. 

Ya por la tarde, 5.000 personas participaron en el tramo ‘valenciano’ de la Vía Catalana. Hubo dos detenidos por desacato a la autoridad, uno de ellos el ex diputado del Parlament catalán Alfons Tena.

Pedro Águeda