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Fátima Báñez busca entre la iniciativa privada, por 826.000 euros, una empresa que fiscalice sus cuentas, ignorando a las auditoras públicas

Noviembre 4, 2015

La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal saca a concurso el “servicio para verificar el cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006 respecto de las líneas de acción cofinanciadas por el Fondo Social Europeo”. Hay que recordar que la política onubense y artífice de la reforma laboral, no ha cotizado nunca en empresa alguna. El contrato supera el medio millón de euros como presupuesto base de licitación.

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La Cámara de Cuentas de Andalucía, la Cámara de Comptos de Navarra o la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana, son solo un ejemplo de la gran cantidad de auditoras públicas que se encuentran enmarcadas en el organigrama fiscalizador del Estado español. Todas ellas, 17 en total, ocupadas de las Autonomías que le son competentes y todas ellas, en un ramal claramente inferior al que ostenta el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado y del sector público, el Tribunal de Cuentas.

No son pocas las noticias que desde Extraconfidencial.com se hacen eco de los Informes de Fiscalización que salen de estos departamentos para intentar paliar las situaciones de irregularidad económica que suceden en empresas, Ayuntamientos, ejecutivos autonómicos, Universidades o demás cuerpos e instituciones pertenecientes a la esfera pública. Sin embargo, una pregunta surge en este punto: ¿Son tenidas en cuenta las opiniones de los órganos fiscalizadores? ¿Son aprovechadas al máximo las oportunidades que brindan los auditores públicos? ¿Se prioriza el sector fiscalizador público ante el privado?

Una ministra que nunca ha cotizado en ninguna empresa

Muchas de las veces la respuesta es negativa, desafortunadamente. El trabajo de los órganos fiscalizadores públicos es ninguneado como se observa en el siguiente caso. La Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal, departamento adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social que dirige Fátima Báñez, ha sacado a concurso de licitación abierto el “servicio para verificar el cumplimiento del artículo 13 del Reglamento (CE) 1828/2006, de la Comisión, de 8 de diciembre de 2006, respecto de las líneas de acción cofinanciadas por el Fondo Social Europeo”.

¿Qué significa esto? Que cualquier empresa del sector privado podrá optar a la adjudicación de este contrato para revisar el cumplimiento de la legalidad en el manejo de capitales del Fondo Social Europeo, en detrimento de las auditoras públicas. Un suculento convenio que alcanza los 826.446,27 euros como valor estimado del contrato, para acabar finalmente cerrándose en 510.000 euros como presupuesto base de licitación.

Es extraña esta querencia de la ministra de Empleo, Fátima Báñez por el sector privado cuando es vox populi que la política onubense y artífice de la reforma laboral más polémica, no ha cotizado nunca en empresa alguna.

Doinel Castro