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Extraconfidencial.com ha denunciado en los últimos años las prácticas de esta Asociación de Consumo

FACUA y su portavoz, Rubén Sánchez, investigados por la Justicia por falsificar presuntamente facturas para que UGT captara subvenciones

Junio 26, 2014

La organización “sin ánimo de lucro", utiliza su propia vía de financiación: los denominados Convenios de Concertación con instituciones y empresas privadas

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Las organizaciones de consumidores no pasan por su mejor momento, cuestionadas por su escasa utilidad pública más allá del uso que realizan de determinados medios de comunicación, el mayor problema se ha descubierto de la manera más turbia: el de su financiación. Si hace apenas un mes, tal y como informó extraconfidencial.com, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (AUSBANC Consumo), que preside Luis Pineda Salido, fue expulsada del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores por no explicar el origen de los 1,2 millones  de euros recibidos de su “Asociación hermana” AUSBANC Empresas, ni los 593.820 euros de facturación cruzada con otra de las sociedades propiedad de su presidente, Estructuras y Servicios Inmobiliarios S.L.

Ahora le ha tocado “bailar con la más fea” a su eterna rival, FACUA. Según informó en la edición de ayer El Economista, la Asociación de Rubén Sánchez está siendo investigada por el juez de Instrucción número 9 de Sevilla, Juan Jesús García Vélez, al relacionarla con el supuesto desvío de fondos de la Junta de Andalucía por parte de UGT. Según este diario “fuentes próximas al proceso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), está investigando, en concreto, si el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, podría haber falsificado facturas para que el sindicato obtuviera ayudas”.

Una financiación bajo sospecha
 
En el caso de FACUA, la investigación se ha iniciado tras una denuncia presentada por el Sindicato de Funcionarios Manos Limpias. Tras esta acusación, se están intervinieron correos electrónicos entre Lola Sánchez, responsable del departamento de compras del sindicato, que figura ya entre los detenidos, y el portavoz de la organización de consumidores. Presuntamente, la responsable sindical le habría pedido que modificara el concepto de tres facturas por la elaboración de la revista interna para poder endosar el cargo a la Junta. Si inicialmente el concepto era “el coste del diseño y distribución de 193.000 revistas sobre Trabajo y Dialogo” posteriormente se cambió por el de “guías sectoriales y material didáctico“, facilitando que el sindicato pudiera recibir las subvenciones estipuladas en VII Acuerdo de Concertación Social. Rubén Sánchez realizó estos trabajos a través de una firma comercial de su propiedad, Concepto 19, pero, según este diario, las sospechas de la Guardia Civil apuntan a que el entramado iba mucho más allá y que sería la organización la que estaría involucrada. Más tarde, cuando Rubén Sánchez dejó de ser el impresor de las revistas paso a realizar el “ensobrado, impresión de destinatarios, preparación postal y entrega en correos” de la publicación del sindicato.
 
Esta presunta implicación pone a FACUA en el ojo del huracán. La organización creció de forma importante en los últimos años bajo el paraguas de la Junta de Andalucía y de los distintos Ministerios de Sanidad de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero. Por ejemplo, en el último año de Leyre Pajín como ministra de Sanidad, el 2011, recibió subvenciones de este organismo por “fomento del asociacionismo” por un total de 120.000 euros, 84.934 euros por “análisis y control del mercado de las telecomunicaciones” y otros 84.934 euros por el “análisis e información sobre los sectores eléctrico y del gas”. En total, 289.868 euros, nada más y nada menos que un 29% más de lo que recibió un año antes por el mismo organismo (224.416 euros). Cantidades a las que se sumó el apoyo de la Junta de Andalucía, valorado en más de 110.000 euros en ese bienio.
 
Pero si esto no fuera suficiente, tal y como denunció Extraconfidencial.com, la organización “sin ánimo de lucro“, utiliza su propia vía de financiación: los denominados Convenios de Concertación con instituciones y empresas privadas. Estos acuerdos bilaterales son creados con el objetivo de “desarrollar actuaciones conjuntas encaminadas a mejorar la información de los consumidores” y entre los beneficiarios han estado la Asociación CAAE (Agricultura Ecológica), la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamientos (AEAS), la Asociación Nacional de Protésicos Dentales Autónomos (Anprodenta-UPTA), Asociación Técnica de Producción Integrada del Olivar, Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros, Consejo General de los Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Cgcoapi), Ebay, Grupo Leche Pascual, Iberdrola, Ivesur, Mercadona o Midas. Estos convenios generan más que dudas: ¿Quién fiscaliza dónde van estos ingresos? ¿Cubren gastos de otras acciones de la Asociación? Y lo que es más importante, ¿generan algún trato de favor con las entidades con las que lo firma? Quizá en la siguiente edición del libro del portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, titulado “Defiéndete de #101 fraudes” se vea en la obligación de ampliarlo.