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FACUA ha recibido 859.497 euros en subvenciones por parte del Ministerio de Sanidad en los últimos cuatro años a pesar de poder haber incumplido la normativa de las Asociaciones de Consumo por sus Convenios y Acuerdos con empresas y organizaciones con ánimo de lucro (IV)

Junio 8, 2016
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Agosto de 2012. FACUA, de la mano de su portavoz, Rubén Sánchez, denunciaba unas supuestas amenazas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad por las campañas políticas que en la web de la Asociación dirigían contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy. La supuesta advertencia del Ministerio, que entonces dirigía Ana Mato, se resumía en la siguiente exigencia: “Se requiere a esa organización para que proceda a retirar de su página web las campañas objeto del presente requerimiento así como abstenerse en el futuro de realizar cualquier otra actuación que no se corresponda con los fines que les son propios a las Asociaciones de Consumidores y Usuarios disponiendo para ello de 15 días hábiles a partir del día siguiente al de recepción de este escrito, con la advertencia de que en caso de incumplimiento se procederá a decretar la pérdida de condición de asociación de consumidores y usuarios”.

Para Rubén Sánchez, esta carta era “insultante” y señaló que “amenaza con ilegalizarnos, no como Asociación, sino como Asociación de Consumidores. El requisito que nos marca la ley es que no nos podemos vender a los intereses de las empresas. No dice nada de no poder hablar de sanidad, justicia etc. ni de poder hablar de servicios privados y no públicos”. Al final, la sangre no llegó al rio y FACUA continuó recibiendo cuantiosas subvenciones, tanto en el año 2012 como en los siguientes, a través de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) , dependiente del Ministerio de Sanidad. En concreto, estas cantidades nada desdeñables:

Subvenciones FACUA

En total 859.497,60 euros, sólo en cuatro años y por un único organismo, todo ello por estar inscrita en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores en el que, como señaló Rubén Sánchez, el requisito indispensable “no nos podemos vender a los intereses de las empresas”. Pero, ¿qué ha hecho FACUA a través de sus Convenios de Concertación firmados por muchas de las principales compañías y organizaciones empresariales de España?

Unos convenios de concertación

Tal y como informó Extraconfidencial.com, FACUA ha mantenido toda una serie de Convenios con empresas y organizaciones empresariales o profesionales con las que estas conseguían toda una serie de beneficios. Estos podían ser directos, como instrumentos de mediación de conflictos que evitan demandas,  o indirectos, tales como mejoras de la imagen de empresas u organizaciones. Todo ello a través de unos acuerdos que se vendían como transparentes pero que de repente, en el año 2015, han dejado de serlo. Según muestran en la Memoria de Actividades del año pasado se ha renunciado a ellos para establecer “nuevas formas de relaciones” sin “hipotecar nuestra credibilidad”. Pero es más que la imagen de la Asociación la que está en juego: es traspasar la línea roja de lo que puede realizar o no una Asociación de Consumidores.

Según distintas Asociaciones de Consumidores y fuentes jurídicas consultadas por Extraconfidencial.com, en los Convenios de Concertación podría haber varios incumplimientos sobre lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias y que es el que contiene el Régimen Jurídico Básico de las Asociaciones de Consumidores y Usuarios, que aún está pendiente de desarrollo reglamentario.

Entre estos estaría el artículo 27que define que los Convenios no pueden mermar “la independencia de la asociación”. Pero especialmente en diversos puntos del artículo 30 el cual especifica que los convenios deben:

– “Tener como finalidad exclusiva el desarrollo de proyectos específicos de información, formación y defensa de los consumidores y usuarios, mejorando su posición en el mercado”

– “Respetar los principios de independencia y transparencia”

– “Consistir en la realización de actuaciones, trabajos, estudios o publicaciones de interés general para los consumidores y usuarios”.

Recordando lo ocurrido con AUSBANC

Extraconfidencial.com se ha dirigido al Gabinete de Prensa del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Alfonso Alonso para preguntar por el posible incumplimiento de estos puntos que podrían llevar a la “exclusión del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios determinará la pérdida de esta condición, en todo caso, y por un período no inferior a cinco años”, según se refleja en el Real Decreto Legislativo 1/2007.

En una escueta respuesta que a continuación reproducimos se han acogido a una normativa anterior, en concreto a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que establece que “podrán ser beneficiarios de las subvenciones reguladas en esta orden, las Asociaciones, Federaciones, Confederaciones, Uniones y Cooperativas de consumidores y usuarios de ámbito estatal inscritas en el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores, en las que no concurra ninguna de las circunstancias impeditivas previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.”. Es decir que como forman parte de este Registro, reciben subvenciones, sin cuestionar si cumplen todos los requisitos para precisamente poder estar incluidos en el mismo.

Todo ello recuerda mucho lo acontecido con AUSBANC, cuando formó parte de este Registro Estatal, primero con Ana Pastor como ministra de Sanidad, y, posteriormente, en los primeros años de Elena Salgado en el Ministerio ya con José Luis Rodríguez  Zapatero como presidente del Gobierno, aunque fue la ministra socialista quien la expulsó. Entonces se le consintió algo tan burdo como separar la Asociación en dos, una con ánimo de lucro que recibía los dudosos ingresos por publicidad que ahora está investigando el Juez Pedraz en la Audiencia Nacional y, otra, que en teoría no tendría este ánimo de lucro y por tanto era beneficiaria de subvenciones. Entonces, una publicidad del Colegio de Registradores en la separata “Justicia y Derecho” sirvió como excusa para expulsarla, pero quedó muy claro que se había hecho la vista gorda y que si no se hizo antes es porque no se quiso. La historia puede repetirse ahora con FACUA pero la causa es otra: los Convenios de Concertación.