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LA MALA GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DEL ESTADO EN EL EXTERIOR (I)
En 2006, el ICEX y la SEPI se hicieron con la totalidad de su capital

Expansión Exterior S.A., un agujero negro para la Administración de 13,7 millones de euros de pérdidas

Mayo 16, 2011

Hasta diciembre de 2006, el BBVA tenía un 17,86% de las acciones que fueron adquiridas por el Instituto Español de Comercio Exterior

No se gestionaron de forma idónea la gestión de impagos, ni siquiera se reclamaron intereses de demora por una deuda de más de 374.000 euros

Todos los expedientes de contratación de personal acumulan irregularidades


Sin duda, uno de los pilares de las dos Legislaturas de José Luis Rodríguez de Zapatero ha sido dar un cambio de imagen a la política exterior y a la colaboración con otros países: Alianza de civilizaciones, cúpula de Barceló, ayudas a decenas de países a pesar de que la situación en España se deterioraba de forma dramática… son algunos de estos ejemplos.

 

En esta política, una de sus piezas era la sociedad Expansión Exterior SA, que se constituyó el 1 de julio de 1997, como filial de las empresas públicas Fomento de Comercio Exterior, S.A. y Sociedad General de Intercambios y Relaciones Comerciales Exteriores, S.A., siendo el paso inicial de un proceso de integración cuyo objetivo final era la constitución de una única empresa estatal de comercio exterior, que culminó en noviembre de 1999 mediante la fusión, por absorción y posterior disolución, de las citadas empresas.

 

En 2006, se ejecutó un importante cambio respecto a su estructura accionarial. El 7 de diciembre de ese año, el Consejo de Ministros autorizó la compra por el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), de las acciones que el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria poseía hasta el momento en el capital, un 17,81%, de modo que, a 31 de diciembre de dicho año, su accionariado lo integraban el Instituto, con el 88,13%, y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 11,87%.

 

Empresa de capital íntegramente público

 

Tras esta operación, la Sociedad se constituyó en una empresa de capital íntegramente público, quizás para escapar así del control privado. Y es que el citado acuerdo del Consejo de Ministros designó, para la tutela de la Sociedad, al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través de la Secretaría de Estado de Turismo y Comercio, a la que estaba adscrito el ICEX en cuanto sociedad matriz de Expansión Exterior.

 

Los nuevos Estatutos, elevados a escritura pública con fecha de 27 de junio de 2007, que otorgaban a la Compañía la nueva denominación de “Sociedad Estatal Española P4R, S.A.”, supusieron una importante modificación del objeto social para convertirse de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración del Estado, y se le contraten a través de la Secretaría de Estado de Comercio, prestando servicios de asistencia técnica a los países beneficiarios del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD).

 

Pésima gestión de impagos

 

En esta empresa parece cumplirse una idea preconcebida, cuando el dinero es del Estado, no tiene dueño, cuando es el de todos los contribuyentes. Así, antes de la estatalización total de la sociedad, los saldos de clientes y deudores de dudoso cobro, representaban en conjunto 1,26 millones de euros, aunque se encontraban provisionados, en dos de ellos, por un importe acumulado de 543.390 de euros, se consideraban definitivamente incobrables por la Sociedad, sin que se hubieran dado de baja en contabilidad.

 

Así Las gestiones realizadas por la Sociedad para la reclamación de una deuda de 374.590 euros a un cliente español se consideraron claramente insuficientes y no se requirieron los intereses devengados hasta la fecha de la reclamación, que resultarían exigibles en virtud de los contratos de prestación de servicios suscritos entre ambas entidades.

 

El resultado, entre otras, de estas gestiones, es que la Junta General de Accionistas acordó, el 30 de junio de 2006, la reducción del capital social por valor de 10,9 millones de euros, con el objeto de restablecer el equilibrio patrimonial disminuido como consecuencia de las pérdidas acumuladas, que ascendían a 13,68 millones de euros.

 

Irregularidades en la gestión de personal

 

Mientras la sociedad era un agujero negro en pérdidas, también lo era en la contratación de personal. Así, en una de las cuatro  contrataciones de personal llevadas a cabo en 2006, no aportó la documentación relativa a la misma. Del examen de los restantes expedientes, en todos existía una falta de homogeneidad y orden en la documentación incluida, lo que no permitió contrastar la objetividad y transparencia del proceso de selección a las autoridades competentes.

 

En particular, se incumplieron, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, “determinados aspectos expresamente recogidos en la normativa interna, como son: en uno de los casos el Comité de Dirección no ha aprobado la necesidad de efectuar la contratación, y en ninguna de las contrataciones constaba la conformidad del superior jerárquico al perfil del puesto, ni se habían emitido los informes justificativos de la elección de los candidatos finales ni, por último, quedaba documentada la aprobación de la contratación por el responsable de asumir la decisión”.

 

Empresa pública sin control

 

Igualmente, es más que llamativo la falta de control de la gestión, que debe tener toda empresa, más si esta es pública. Las normas internas de funcionamiento, vigentes en 2006, “carecían de sistemas y mecanismos de control encaminados a garantizar el cumplimiento de la normativa básica que rige determinadas materias, como son la financiación oficial a la exportación o la normativa de contratación pública que le era de aplicación”, según se denuncia en el documento mencionado.

 

Así, en varios casos analizados se produjeron importantes modificaciones de las condiciones estipuladas sin la preceptiva aprobación del Comité Comercial; incluso, en un caso los contratos fueron suscritos y comenzaron a ejecutarse con anterioridad a que el citado Comité acordara la participación en la operación.

 

Todo ello llevó a toda una serie de irregularidades y pérdidas económicas de una empresa que en teoría debería ayudar al Comercio Exterior, pero en realidad ha costado muchos millones de euros a todos los contribuyentes.