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El 17 de diciembre la Comisión Nacional de Competencia aprobaba una fusión que se lleva por delante 750 empleos y 4 plantas

En plena crisis de Coca-Cola, hosteleros españoles prescinden de los puntos de distribución nacionales para obtener rebajas de hasta 3 euros por caja en Portugal

Enero 28, 2014

Desde el departamento de comunicación de Coca-Cola alegan que “la embotelladora de Portugal pertenece a Iberian Partners” pero desconocen los desequilibrios en los precios
Según la misma fuente, de los 1.253 trabajadores afectados por la reestructuración: 500 se recolocarán, 350 se prejubilarán y otros tantos se repartirán entre salidas forzosas y salidas voluntarias
Desde Coca-Cola insisten en que “este es un ERE de causa organizativa y productiva, no económica”

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La controversia ha anidado en las ramas de los refrescos. Al menos en la extensión comercial española, especialmente en el sector del embotellado. A nadie se le escapa la delicada situación que atraviesan las corporaciones de refrigerios, máxime en territorio comanche como el español, donde la ingente lista de las empresas que han cerrado cada día o que atraviesan situaciones críticas no para de medrar: Pórtico, Fagor, Panrico, Navantia, PC City y un largo etcétera. Como salvoconducto para su supervivencia, parece que los empresarios han optado por la competencia desleal, pero ¿cómo han reaccionado las multinacionales?

El pasado martes 21 de enero, La Voz de Galicia alertaba de un brote de comercio ilícito en Marín (Pontevedra). Los protagonistas eran la archiconocida tónica Schweppes (producto de Cadbury Swepps, una de las mayores cadenas de alimentación del Reino Unido) y el grupo Refrescos del Atlántico. La primera demandó a la segunda por la posesión de quince mil botellas de tónica de su marca destinadas presuntamente a la comercialización alegando que éstos frascos están considerados como “comercio ilícito” ya que la propia Scweppes tiene la exclusividad para su producción en Europa continental, a excepción de Grecia. A pesar de que Refrescos del Atlántico se defendió como gato panza arriba aduciendo que el producto en cuestión eran seis palés “adquiridos a un distribuidor en España y que no estaba destinada a su comercialización” -y que no habían participado en la fabricación, envasado ni importación del producto-, el Juzgado Mercantil número 1 de A Coruña ordenó el precinto de las bebidas y Schweppes exige su destrucción. La situación no es nueva para la filial de Cadbury Swepps. Desde allí aseguran que han divisado otros focos de comercio ilícito en varios puntos de España, entrando la mercancía desde Gibraltar y Cataluña.

Un ahorro que perjudica a las fábricas españolas

Como si de un mal pandémico se tratara, el fraude se ha extendido como una marabunta hasta los dominios del gigante estadounidense originario de Atlanta: Coca-Cola. Y como el efecto gaseoso de la bebida inventada por el farmacéutico John Pemberton, la polémica está subiendo como la espuma. Tras el escándalo de Schweppes parece que una práctica coge impulso en España: la competencia desleal. Según ha podido saber extraconfidencial.com muchos hosteleros habrían comenzado una nueva actividad en masa: compra a precios menores de productos importados (Portugal) y oferta al público a precios de mercado nacionales (España). La práctica sería la siguiente: el hostelero se percata de los precios menores al por mayor en otros mercados (Portugal) por lo que pasará a comprar las botellas de Coca-Cola allí y así obtener mayor beneficio (menos costes). Supuestamente el comprador contactaría con transportistas para recibir el producto. Éstos también saldrían ganando, pues en el flujo de mercancías con Portugal pueden llevar, por ejemplo, madera y volver cargados de las cajas portuguesas de Coca-Cola que demandarían los hosteleros españoles. La solución a la ecuación: 3 euros de ahorro por cada caja de Coca-Cola comprada por el hostelero. 

Un supuesto que surgiría a contracorriente, cuando los esfuerzos por regular el embotellado y la distribución del producto habían sido más denodados que nunca. El pasado viernes 17 de diciembre, la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) aprobaba el proceso de integración de las siete embotelladoras de Coca-Cola en España -a saber: Casbega, Colebega, Cobega, Rendelsur, Begano, Norbega y Asturbega- en una única sociedad, Iberian Partners, que tendrá su sede en Madrid y realizará también la fabricación y el embotellado de productos de la compañía en Portugal (embotelladora Refrige).

Fortalecer la empresa a un duro coste para los trabajadores

Para Coca-Cola, la fusión de las embotelladoras es un proceso de ordenación societaria con el objetivo de “fortalecer la estructura del negocio en España a través de un modelo más eficiente y más competitivo en el ámbito internacional”, así como “eliminar duplicidades e ineficiencias y unificar criterios en las actividades y procedimientos que se realizan en el Grupo”. La nueva embotelladora contará con una cifra de negocio de 3.000 millones de euros, lo que la sitúa como la primera empresa agroalimentaria en España.

En noviembre, la agencia de noticias Europa Press destacaba que “tras cerrarse el proyecto de integración, la plantilla sufrirá un ajuste en el que se verán afectadas cerca de 30 personas. De esta forma, diez empleados serán recolocados en otras embotelladoras, mientras que otros diez trabajadores se acogerán a prejubilaciones y la decena restante serán salidas en las que se aplicarán medidas de apoyo conforme a la legislación en procesos consensuados con los afectados”. Casi tres meses después, las cifras se han multiplicado: 750 despidos y el cierre de cuatro plantas, las de Alicante, Colloto (Asturias), Palma de Mallorca y Fuenlabrada (Madrid).

Despidos por causas organizativas

El responsable de Comunicación de Iberian Partners, Luis González, en conversaciones con extraconfidencial.com asegura no conocer el origen de la primera especulación que hablaba del cese de 10 empleados, dejando su procedencia en la subjetividad de algún medio: “puede ser que alguien hiciera alguna quiniela”. Por el contrario, sí establece con pelos y señales el modo en que Coca-Cola ha encarado este proceso: “en diciembre se lanzó una información oficialmente que la compañía iba a poner en marcha una reestructuración con una afectación aproximada de 1.200 personas. El día 22 la compañía lanza otra información donde se explica un poco más los detalles de lo que es esa reestructuración en la primera negociación del período oficial de consultas que se tiene con los representantes de los sindicatos. Y ahí se explica que de las 1.253 personas, aproximadamente se pueden recolocar en torno a 500 posiciones por lo que estaríamos hablando de unas 700 salidas. De esas 700 salidas aproximadamente la mitad podrían ser prejubilaciones, con lo cual te quedan 350 salidas que pueden ser bien salidas forzosas o incluso en algunos casos podrían ser también salidas voluntarias. Eso es, en grandes números el proceso que se está empezando a abordar ahora”.

Además de quitarle hierro a las personas que perderán su empleo por la fusión de Iberian Partners, Luis González matizaba una cuestión relativa a las razones que envuelven al expediente de regulación de empleo: “este es un ERE de causa organizativa y productiva, no económica. Las razones son de organización y de producción debido a que se han unificado las siete embotelladoras en una sola sociedad y hay que racionalizar los recursos y la producción y por eso se plantea esta nueva organización”.

<span>La embotelladora de Portugal “parte de las empresas integradas”

Preguntado por la supuesta compra de cajas de botellas en Portugal que llevarían a cabo los hosteleros españoles, González apunta que “la embotelladora de Portugal pertenece a Iberian Partners” por lo que “forma parte de las empresas integradas”. A pesar de ello, sobre la cuestión de la bajada de precios en los puntos de distribución lusos, comenta que “es un tema de negocio puro que yo no controlo, pero me imagino que si hubiera alguna diferencia de precio sería siempre conforme a lo que estipule el mercado y la ley. No me cabe en la cabeza que haya por parte de la compañía ninguna fórmula que no suponga hacer las cosas como hay que hacerlas”.

Malos tiempos para Coca-Cola

Todo ello en medio de un momento -como indicábamos- plenamente convulso para la multinacional, no solo por el ERE que decapita a 750 trabajadores, sino también por la gestión de sus líderes. El diario El Economista publica que Sol Daurella, la presidenta de la nueva embotelladora que integra la siete anteriores para España y Portugal (Coca-Cola Iberian Partners) “tiene una fortuna estimada, según distintos medios, de más de 850 millones de euros. Calcular la cifra exacta es una tarea prácticamente imposible, debido al complejo entramado de sociedades sin consolidar. Sea cuál sea su patrimonio, lo único cierto, según los datos del Registro Mercantil, es que la matriz de casi todos sus negocios está en Luxemburgo, un país que ofrece numerosas ventajas fiscales frente a España”.