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A través de SIMA, (Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje)

Empresarios y sindicatos gastan 900.000 euros del Estado en “solucionar” conflictos laborales

Septiembre 16, 2010

En 2009, el ministerio de Celestino Corbacho subvencionó a esta institución con 1,5 millones de euros

En ese mismo año, la Fundación justificó unos gastos de personal por importe de 550.000 euros


Decía Celestino Corbacho que se va como ministro de Trabajo e Inmigración con la pena, la tristeza, de no ser ni un solo día feliz en su cargo. Pura metáfora. Que se lo digan a los millones de parados españoles. Y no es demagogia. Los sindicatos y los empresarios se preparan para uno de los días más importantes de los últimos años. El próximo 29 de septiembre, una huelga general en protesta contra los recortes sociales del Gobierno tendrá lugar en toda España; pero, a la espera de esta fecha señalada, no estaría de más que Fernández Toxo, Cándido Méndez o Gerardo Díaz Ferrán justificaran los gastos que han generado al Estado en su supuesto papel de mediadores de conflictos en el trabajo.

Bajo las siglas SIMA (Fundación del Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje), está registrada una Fundación sin ánimo de lucro que pretende arbitrar los conflictos laborales surgidos entre empresarios y trabajadores y que cuenta con la participación de los sindicatos CCOO y UGT y las empresariales CEOE y Cepyme. El problema surge cuando esta entidad únicamente se sustenta de una subvención del Ministerio de Trabajo que supone unos gastos de 900.000 euros, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.


Tanto funcionario, ¿para qué?

En concreto, tal y como consta en las cuentas de la Fundación a las que tuvo acceso Extraconfidencial.com, la subvención en el año 2009 de la cartera del aún ministro Celestino Corbacho ascendió a 1,5  millones de euros. Como quiera que esta cifra no pareciera suficiente a los responsables, solicitaron otra cantidad para la adquisición de bienes de inversión por un importe de 30.650 euros. Si bien es cierto que posteriormente reintegraron 655.000 euros en la ejecución del presupuesto, lo que supone el gasto total de 900.000 euros.  
 
No estaría de más aclarar las costosas actividades de arbitraje en las que se vieron inmersos patronos y sindicatos. Máxime teniendo en cuenta algunos puntos de su presupuesto. Y si no, ¿cómo es posible que sean necesarios unos gastos de personal en esta Fundación de 550.000 euros? ¿Por qué necesitan casi medio millón de euros en el apartado de ´otros gastos´?

Sin duda alguna el ciudadano de la calle merece una explicación de a dónde va a parar el dinero, salido única y exclusivamente de su bolsillo. Y quizás los sindicatos y empresarios deberían mirarse el ombligo propio a la hora de culpar a otros de la crisis antes de saltar a la calle libremente para pedir responsabilidades.  Las cifras cantan.