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Según el Informe de Fiscalización del Plan de Apoyo a las familias, para el periodo 2001-2005

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas incapaz de evaluar el gasto del Plan de Apoyo a las Familias de Ibarretxe

Enero 27, 2009

“Se observa una ausencia de objetivos expresados en términos cuantitativos relacionados con su ejecución, lo que impide una adecuada valoración”
 
El importe total, 380, millones de euros no determina el número de ayudas que se concederían ni la composición de las mismas


Ya ha comenzado la campaña electoral de cara a los próximos comicios electorales en el País Vasco. Como informamos en ediciones anteriores si algo claro tiene el presidente del Gobierno vasco, Juan José Ibarretxe, tiene algo muy claro es incentivar, al precio que sea, el nacimiento de niños/niñas en el País Vasco. El primer Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias con Hijos e Hijas fue impulsado por el Gobierno Vasco y, aprobado en julio de 2001, finalizó en 2005. El 26 de septiembre de 2006, el Consejo de Gobierno aprobó un Segundo Plan de Apoyo a las Familias para el periodo 2006-2010, “cuyo objetivo es avanzar en el desarrollo del sistema integral de protección y apoyo a las familias iniciado con el Primer Plan”.

Distintos tipos de ayudas, todas ellas ventajosas con respecto a otras Comunidades Autónomas. En las subvenciones destinadas a la conciliación laboral y familiar una ayuda anual de 2.400 euros a la trabajadora y de 3.000 euros al trabajador que opte por acogerse a la excedencia parental. Y entre las medidas de fomento de las reducciones de jornada otra anual de 1.800 euros a la trabajadora y de 2.400 euros al trabajador cuando la reducción sea de la mitad y de 1.350 euros a la trabajadora y de 1.800 euros al trabajador cuando la reducción sea de un tercio. En total más de 380 millones destinados a este objetivo
 
Pero si nos detenemos en las conclusiones del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas Públicas del primer Plan mencionado, al que ha tenido acceso este periódico, las cuentas no están nada claras. El organismo fiscalizador asegura que “no es posible evaluar la idoneidad del gasto en función de la conclusión del objetivo del Plan”.
Y apunta dos posibles irregularidades. La primera la inexistencia de un modelo organizativo, en el que se reflejen los recursos necesarios (humanos, técnicos y materiales) y cómo utilizarlos.
 
La segunda no menos importante, ya que aunque en la elaboración del proyecto participaron diferentes administraciones y agentes sociales pero su aprobación la ha efectuado el Consejo del Gobierno Vasco. Su financiación ha correspondido al Gobierno Vasco y las Diputaciones Forales, concretándose la de éstas sólo en bonificaciones en el IRPF.