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Con el fin de evitar que los trabajadores se conviertan en personal laboral de la Administración

El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a controlar la contratación de empresas de servicios

Mayo 12, 2009

Distintas sentencias judiciales corroboran que empleados de estas sociedades pasaron a formar parte de la plantilla al margen de los procedimientos públicos de selección de personal legalmente establecidos

Se quieren garantizar así los principios constitucionales que rigen en el acceso del personal a la Administración y de los aplicables en la contratación pública


El Tribunal de Cuentas que preside Manuel Núñez Pérez tiene distintas competencias, al margen de la fiscalización, que en pocas ocasiones ejecuta. Entre ellas, que podrá elevar a las Cortes Generales “cuantas Mociones considere convenientes, proponiendo las medidas a su juicio conducentes a la mejora de la gestión económico-financiera del sector público, a la vista de los Informes y del resultado de los procedimientos de fiscalización de que hubiere conocido”.

Pues bien, en las actuaciones fiscalizadoras llevadas a cabo en los últimos años por el TC, este organismo detectó ciertas prácticas que, a juicio del Tribunal, deben ser atajadas a la mayor brevedad, “por cuanto de las mismas pueden derivarse distorsiones en la selección del personal al servicio de la Administración y en la correcta gestión contractual de los servicios públicos”. El TC, a la vista de la situación, consideró que había llegado el momento de elevar una moción a las Cortes Generales, proponiendo los cauces y medidas que deberían adoptarse para una correcta gestión pública, de conformidad con los principios constitucionales que rigen en el acceso del personal a la Administración y de los aplicables en la contratación pública.

Así, el pasado 29 de febrero el Tribunal de Cuentas presentaba una moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de “evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales, al margen de los procedimientos públicos de selección de personal legalmente establecidos”.

En nuestra edición de mañana informaremos de esos “antecedentes” judiciales de los que alerta el TC y que han permitido a muchos trabajadores acceder a la plantilla de organismos y empresas públicas a muchos trabajadores sin tener que opositar o presentarse a la correspondiente Oferta de Empleo Público. Para terminar, una de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas que justifican su alarma:

“Que los responsables de la gestión de los servicios para cuya ejecución se recurre a la contratación externa se abstengan de realizar, durante la ejecución de los contratos, acto alguno que, conforme a la interpretación que viene realizándose en sede judicial, pueda conducir al reconocimiento de una situación de cesión ilegal, con las consecuencias que se anudan a este reconocimiento. En especial, deberán respetar, durante dicha ejecución, el poder de dirección que corresponde al empresario, absteniéndose de asumir funciones directivas, señaladamente mediante la impartición directa de órdenes e instrucciones, sobre el personal de la empresa contratada, sin perjuicio de las facultades que la legislación de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los contratos”.