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El TC sólo puede imponer multas de entre 10.000 y 150.000 pesetas a quienes no cumplan con sus requerimientos

El Tribunal de Cuentas exige aumentar las sanciones a las administraciones que no colaboren en su fiscalización

Junio 15, 2011
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Tras las elecciones del 22M parece, solo parece, que toca levantar las alfombras en aquellas administraciones que cambian el partido político que las gobernará los próximos cuatro años. El caso más significativo ha sido el problemático traspaso de poderes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha entre José María Barreda y Dolores de Cospedal, con destrucción de documentación oficial incluida tal y como reflejó en su día el diario ABC.

Pues imagínense como estarán los estados financieros de CCAA, empresas y organismos públicos que hasta el Tribunal de Cuentas se ha visto obligado a presentar una moción “sobre el perfeccionamiento de la regulación legal del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal en el ejercicio de su función fiscalizadora, con la finalidad de mejorar la eficacia del control de la gestión económico-financiera del sector público por parte del Tribunal”. Una forma dulcificada de clamar en el desierto que los organismos públicos faciliten el trabajo de fiscalización del TC, aunque éste carezca de capacidad sancionadora. Lo peor es que sino cumplen con sus obligaciones legales no pasa nada.

El Tribunal de Cuentas es, de acuerdo con el artículo 136 de la Constitución española, el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público. En sus numerosos Informes, año tras año, se queja de esta situación de indefensión en la que se encuentra ante la indiferencia de los organismos fiscalizados.

Multas irrisorias

Los miembros del TC exponen en su escrito un total de 8 propuestas de modificaciones normativas “para que puedan ser tenidas en cuenta, si lo consideran oportuno, por quienes tienen constitucionalmente atribuida la iniciativa legislativa con el fin de perfeccionar y actualizar la regulación del deber de colaboración con el Tribunal de Cuentas”. Ý entre las más llamativas el aumento del importe de las sanciones. En la actualidad, el incumplimiento de los requerimientos efectuados por el Tribunal le faculta para imponer al responsable una multa de 10.000 a 150.000 pesetas, que podrá reiterarse hasta obtener el total cumplimiento de lo solicitado.

Como será la gravedad de la situación que “la experiencia acumulada por el Tribunal de Cuentas en estos años, aconseja, al igual que se ha hecho en otras normas jurídicas (verbigracia en el caso de las multas de tráfico), una modificación de estos límites cuantitativos debiendo situarse éstos, a título orientativo, al menos entre los 600 € de límite mínimo y los 9.000 € de límite máximo, para prevenir eventuales incumplimientos del deber de colaboración”.