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En diciembre del pasado año el organismo criticaba un proceso similar en el CES por el que se cubría la seguridad privada del asegurado

El Tribunal de Cuentas destina cerca de 200.000 euros en un seguro de accidentes para sus trabajadores

Marzo 12, 2013
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El Tribunal de Cuentas, esa entidad fiscalizadora superior que se sitúa por encima del bien y del mal para golpear con su cetro las cuentas turbias de los organismos españoles, está de actualidad. Ayer mismo, su presidente Ramón Álvarez de Toledo, comparecía en las Cortes para informar sobre la Cuenta General del Estado del ejercicio 2010. Según sus estatutos, la primera función del TC, la fiscalizadora, está caracterizada “por ser externa, permanente y consuntiva, consiste en comprobar si la actividad económico financiera del sector público respeta los principios de legalidad, eficiencia y economía y su destinatario natural son las Cortes Generales”. Hasta aquí todo en orden, ¿pero quién examina al Tribunal?

Con fecha 23 de febrero de 2013, el BOE anunciaba la resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas por la que “se anuncia el procedimiento abierto para la contratación de una póliza de seguro colectivo de accidentes para el personal que presta sus servicios en el Tribunal de Cuentas, por un período de dos años”. Una coyuntura que fue causa de la alarma en el Tribunal cuando fue divisada en otra entidad como el Consejo Económico y Social. No hace más de un mes, extraconfidencial.com se hacía eco del Informe del Tribunal de Cuentas sobre la Fiscalización de este ente correspondiente al ejercicio de 2010. En el dossier se podía comprobar cómo el Tribunal de Cuentas regañaba al CES por suscribir seguros de vida y de accidentes de régimen anual a favor de sus Consejeros que incluyen “accidentes extraprofesionales, es decir, los acaecidos en la vida particular y privada del asegurado”.

Dos anualidades de seguro por 190.000 euros

Y es que parece que el Tribunal de Cuentas ve la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. El organismo pretende desembolsar ahora 190.000 euros para cubrir las dos anualidades de la póliza de seguros que protegerá a sus empleados.

Los casos del CES y del Tribunal de Cuentas no son aislados. Poco después del anuncio del CES, otro organismo público al servicio del ciudadano anunciaba un trámite similar para el beneficio de sus representantes. En este caso, el Defensor del Pueblo sacaba a licitación “el contrato del procedimiento abierto para la adjudicación del contrato de seguro de vida y accidentes para el personal del Defensor del Pueblo”. Un contrato por valor de 360.000 euros distribuidos en 4 anualidades para blindar la seguridad de sus trabajadores, o como los portavoces del Defensor puntualizaron: cubrir “las eventualidades de fallecimiento o incapacidad permanente para trabajar”. Otra prebenda totalmente arbitraria para los organismos estatales más favorecidos.

Jesús Prieto