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El Tribunal Constitucional lleva seis años sin resolver, y dilatando de “una manera intencionada” en el tiempo, el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto en el 2010 con motivo de la prohibición de los toros en Cataluña y que está en manos de la magistrada catalana Encarnación Roca Trías

Julio 18, 2016
encarnacion roca trias

El próximo mes de octubre se cumplirán seis años sin que el Tribunal Constitucional haya resuelto aún el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por 50 senadores del Partido Popular el 28 de octubre de 2010, frente a la Ley aprobada por el Parlamento Catalán de fecha de 3 de agosto de 2010, Ley 28/2010, que prohibía las corridas de toros en Cataluña.

Este insólito y extraño retraso, cuando en otros casos la resolución lleva mucho menos tiempo y no alcanza ni los dos años, así como su “intencionada” dilatación en el tiempo, como indican fuentes jurídicas solventes consultadas, ha levantado la indignación en las asociaciones y círculos taurinos de España, que ven en esta maniobra de los bien remunerados magistrados del Constitucional una decisión política más que de índole jurídico.

Ahora, distintos colectivos taurinos aportarán, antes que acabe el mes de julio, una carta firmada al presidente del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos Orihuel, apoyada en más de 150.000 firmas, para someter a la consideración de los miembros del Alto Tribunal las dificultades que para al fiesta de los toros está suponiendo este “indebido retraso”. En la misiva a la que ha tenido acceso Extraconfidencial.com se indica que “el motivo de someter a su consideración las dificultades que se derivan del aludido retraso no se opone a norma jurídica alguna y por el contrario pueden facilitar a Usted, como presidente del Tribunal Constitucional, entender la necesidad de una pronta resolución del recurso”.

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Escrito dirigido al Tribunal Constitucional

Una repercusión negativa para la fiesta de los toros

Nadie duda hoy que esta falta de decisión por parte del Tribunal Constitucional tiene una negativa repercusión en el mundo de la tauromaquia. Esta pasividad del Alto Tribunal, hace que actuaciones de distintas Administraciones Públicas, tanto municipales como autonómicas, bajo distintas formas y con diversos niveles normativos, ausentes en muchos casos de fundamentos competenciales, ataquen reiteradamente a la tauromaquia. Muchas de estas decisiones municipales y autonómicas están ya siendo recurridas, pero la resolución de estos recursos estará orientada en gran parte por lo que resuelva el Tribunal Constitucional en el Recurso de Inconstitucionalidad frente a la Ley aprobada por el parlamento catalán de prohibición de las corridas de toros.

En la citada misiva al presidente Pérez de Los Cobos se señala que “toda esta situación de incertidumbre jurídica, que está afectando a los legítimos derechos de profesionales y aficionados, se evitaría con una resolución del Recurso de Inconstitucionalidad, razón por la que le solicitamos una pronta resolución tras un periodo de casi seis años que consideramos a todas luces excesivo”.

Fundación Toro de Lidia

La iniciativa ha partido de la Fundación del Toro de Lidia, impulsada por las principales asociaciones de toreros, ganaderos y empresarios, que es la misma que ha emprendido acciones por los comentarios ofensivos vertidos en las redes sociales tras la muerte del torero Víctor Barrio, corneado el pasado sábado en Teruel. La Fundación Toro de Lidia ya ha denunciado en comisaría a, al menos, seis personas por tuits que atentaban contra el honor, la intimidad y la memoria del matador fallecido. Esta acción se enmarca dentro de una ofensiva legal que el sector ha decidido emprender contra la campaña de “incitación al odio” que, según ellos, ha impulsado el lobby animalista y anti taurino. La Guardia Civil y la fiscalía también han abierto ya una investigación.

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Ahora, a esta iniciativa de la Fundación del Toro de Lidia ante el Constitucional se han unido ya distintas Federaciones Taurinas, asociaciones, peñas y clubes taurinos, con el fin de urgir al Alto Tribunal a emitir de una vez el fallo del recurso de inconstitucionalidad, cuya demora está repercutiendo muy negativamente en el mundo de la tauromaquia. La carta está pasando ya de mano en mano y solo hay firmarla, indicando el nombre y DNI y enviarla a acciones@fundaciontorodelidia.org  o por correo postal a la Fundación del Toro de Lidia,  Paseo Eduardo Dato, 7, bajo izq. 28010 Madrid.

“Se trata de ejercer cierta presión al Tribunal Constitucional, para que emita de una vez el fallo de recurso de Inconstitucionalidad, interpuesto en 2010, y que todos los aficionados estamos esperando desde hace casi seis años”, indican estos colectivos. “Debemos seguir con el espíritu, laboriosidad y ejemplaridad que mantuvimos los aficionados, en la consecución de las más 600.000 firmas en favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), que como resultado conseguimos que la Tauromaquia fuera declarada como Patrimonio Cultural de los Pueblos de España, según la Ley 18/2013, de 12 de noviembre, publicada en el BOE, con fecha 13 de noviembre de 2013. Esperamos ahora que el sector taurino se exprese públicamente y vayamos hasta el Constitucional para pedir el fallo de una vez, en un sentido o en otro. Todo el sector está esperando  el fallo y es necesario que nos movilicemos para acelerar el proceso. No es lo mismo que el fallo salga ahora que dentro de cinco años”, afirman a Extraconfidencial.com los organizadores de esta carta dirigida al presidente del Tribunal Constitucional, Pérez de los Cobos, un catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Complutense de Madrid que fue nombrado magistrado del Constitucional en diciembre de 2010, dos meses después de interponer este recurso, y que en junio de 2013 fue elegido por unanimidad presidente de la Institución, en sustitución del socialista Pascual Sala Sánchez.

Una catalana, ponente de la resolución

Se da la circunstancia que la ponente de esta resolución es la magistrado catalana María Encarnación Roca Trías (Barcelona 1944), propuesta por el Parlamento catalán en 2010 y que contaba en su día con el visto bueno de Convergencia i Unió, que fue el partido que impulsó con sus votos en el Parlament el fin de los toros en Cataluña y que siempre ha demostrado escaso apego a la fiesta taurina.

La magistrada barcelonesa ha basado toda su carrera en el Derecho Civil, materia en la que ha ido ganando reconocimiento en el mundo jurídico y académico. Nacida en Barcelona el 26 de abril de 1944, Encarnación Roca fue la primera catedrática de Derecho Civil en España, la cuarta mujer que accedió al Tribunal Supremo y también la primera que llegó a la Sala de lo Civil, cuando fue elegida en 2005 por el turno de juristas de reconocido prestigio.

Licenciada en Derecho en 1966 y doctora por la Universidad de Barcelona está también considerada una experta en Derecho de Familia. Una mujer que rompió barreras cuando se convirtió en la primera mujer que ingresó en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, la única de las instituciones académicas que todavía estaba formada íntegramente por hombres. Esta magistrada del Tribunal Constitucional fue una de las que firmó la suspensión de la primera consulta referendaria del 9-N en Cataluña, lo que le ocasionó que la Universitat de Girona le retirara el doctorado honoris causa que le otorgó en el año 2012.

Un lustro ya sin toros en Barcelona

El Partido Popular presentó el 28 de octubre de 2010 un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la ley que prohibía las corridas de toros en Cataluña, al considerar que “la norma invade competencias estatales, rompe con la unidad de mercado e impide el libre acceso a la cultura”. Seis años han pasado y el Alto Tribunal, que admitió a trámite el recurso, aún no ha dictado resolución alguna. Fue el 25 de septiembre de 2011 cuando se celebró la última corrida de toros en la plaza Monumental de Barcelona por mandato del Parlamento catalán.

El último empresario de la Monumental de Barcelona, Antonio Matilla, siempre ha señalado que el histórico coso de la Ciudad Condal no se ha deteriorado. Su empresa Funciones Taurinas mantiene a día de hoy otro pleito contra la Generalitat en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ahora, el profesor, periodista e historiador de la Universidad CEU, José Ignacio Castelló, aborda en su reciente libro “¿La prensa apuntilló a los toros en Cataluña? La Vanguardia y El Periódico de Catalunya”, publicado por Ediciones Carena, un riguroso análisis de la cobertura informativa de las corridas en La Vanguardia y El Periódico de Catalunya , donde analiza la complicidad de la prensa en la prohibición de las corridas en Catalunya.

El estudio, que combina historia, periodismo y toros, se centra en los años previos de la abolición, concretamente desde que Barcelona se declaró ciudad anti taurina hasta que el Parlamento catalán prohibió las corridas de toros (2004-2010). En sus 716 páginas se demuestra que la opinión pública se alejó de la realidad taurina catalana por la escasa cobertura informativa de las corridas en Barcelona en una etapa de manifiesto acoso a la fiesta. El libro, además, reconstruye al detalle la historia de la tauromaquia catalana y la sección taurina La Vanguardia y El Periódico de Catalunya, contando con capítulos dedicados al acoso a la fiesta, la panorámica histórica del periodo analizado, la indiscutible figura de José Tomás para Barcelona o la información taurina como área periodística.

En su prólogo se puede leer: “Desvelar el complot para asestar a la Fiesta el bajonazo mas indecente: su prohibición. Y los cómplices tienen nombre. Por delante, una empresa, los Balañá, que tiró la afición, preocupada por recalificaciones de su decadente negocio del cine, corazón del imperio del genio empresarial de Pedro Balañá Espinós. En la segunda línea de ataque, unos diarios genuflexos ante el rodillo político que buscaba pegar un patada a España en la boca del toreo, eliminando una de sus manifestaciones culturales que más nos identifican en el mundo”.

Ahora, en manos del presidente del Constitucional, Pérez de Los Cobos, y de la magistrada catalana Encarnación Roca, está acelerar o retrasar la publicación de un fallo que la poca urgencia que hay en desvelarlo invita a pensar que es una decisión meramente política y no judicial. La compleja situación que vive Cataluña tampoco favorece que se aligere el proceso, ni tampoco la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que considera a la tauromaquia como Bien de Interés Cultural, ya que su aprobación no obliga a que vuelvan los toros a Cataluña puesto que esta ley fue validada el 18 de noviembre de 2013 y no tiene carácter retroactivo. Pero sí puede servir de amparo al Constitucional a la hora de dictar una resolución que ya lleva seis años dormitando el sueño de alguno de sus bien remunerados magistrados.

Nadie puede ni debe negar que los toros constituyen parte del patrimonio histórico y cultural de España y que suponen en sí mismos una actividad económica y empresarial que produce dinero y empleo. Solo por eso, merecen que el Tribunal Constitucional se pronuncie de una vez.

Juan Luis Galiacho

juanluisgaliacho@extraconfidencial.com

@jlgaliacho