Menú Portada
Una década después

El Tribunal Constitucional dio luz verde a Bildu en tiempo récord mientras tenía varios casos pendientes desde hacía años

Octubre 31, 2011

Las presiones políticas influyeron en la rapidez de la sentencia del Alto Tribunal que revocaba la del Supremo y que permitió a la formación ´abertzale´ `presentarse a las autonómicas del 22-M

Entre los casos están la regulación de las Cajas de Ahorro y los Costes de Transición de Competencia de las empresas eléctricas


El Tribunal Constitucional, volvió recientemente a dar muestras de la doble velocidad con la que se desenvuelve. Mientras resolvía el Caso Bildu con prontitud debido a las presiones políticas y las urgencias de algunos por no quedarse fuera de las listas electorales para las pasadas elecciones municipales y autonómicas del 22 de mayo, el Alto Tribunal se ha tomado su tiempo para despachar cuestiones tan en boga como las Cajas de Ahorros, el sector inmobiliario o las empresas eléctricas.

Así el pasado 11 de octubre se publicaban dos sentencias sobre la regulación de las Cajas de Ahorros como consecuencia del proceso de restructuración que ha provocado una importante reducción en su número y que la mayoría de ellas se hayan convertido en entidades de crédito o que incluso hayan perdido ese estatus. El Grupo Parlamentario Socialista presentó un recurso, que fue parcialmente estimado, que establecía que las Comunidades Autónomas son competentes en los términos recogidos en sus estatutos de autonomía en materia de organización interna de las Cajas fundadas por la Iglesia católica.

Caja Mediterráneo ha sido la última entidad intervenida por el Banco de España, aunque anteriormente también tuvo que ocuparse de Caja Castilla-La Mancha, en marzo de 2009, y Cajasur, en junio de 2010. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decidió, en junio de 2009, constituir el Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB), que hasta el momento ha otorgado 11.000 millones de euros a las cajas y otros 14.000 millones para recapitalizaciones, además de 800 millones para el rescate de Cajasur.

Por otro lado, el Pleno del Tribunal Constitucional rechazó el recurso de inconstitucionalidad presentado por 89 diputados del Grupo Socialista del Congreso de los Diputados contra la forma en que en 1998 se aprobó la ley que reconoce una indemnización de 6.000 millones de euros a las eléctricas por los llamados costes de transición a la competencia (CTC).

El PSOE había incluido estos CTC en un recurso más amplio contra las leyes de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en las que se aprovecha para aprobar aspectos que nada tienen que ver con las cuentas públicas. La denuncia iba destinada a poner “coto a la corruptela consistente en la utilización” de la ley de PGE como “vehículo de regulación de cualquier tema o cuestión de ordenamiento jurídico”, según informa Europa Press.

En lo que se refiere a las indemnizaciones a las eléctricas, el recurso lamentaba que el Gobierno del Partido Popular de José María Aznar, en un ejercicio de “arbitrariedad”, utilizase una enmienda para modificar la ley del sector eléctrico, lo que posteriormente permitió fijar una compensación de 7.813 millones de euros para las eléctricas por sus esfuerzos de adaptación a la competencia. Esta cifra quedó finalmente en 6.010 millones, un billón de pesetas. 

Una opción legítima 

El TC considera que la norma no establece “discriminación de ningún tipo” y encaja tanto en la libertad del legislador como en el contexto de transición a la competencia. Lo que se pone en cuestión, señala, es la forma de abono de la indemnización, que al Constitucional le parece “una opción política y económica perfectamente legítima”.

Sobre la legalización de Bildu, sin duda uno de los temas más candentes de los últimos años y que mantuvo al país entero expectante, el pleno del Alto Tribunal, en una sentencia histórica con presiones políticas procedentes de todos los flancos y hasta última hora, revocó la anulación de las 254 listas de la formación ´abertzale´ que había establecido el Tribunal Supremo y autorizó la concurrencia de la coalición a las elecciones municipales de Euskadi y Navarra y a los comicios forales vascos del 22 de mayo. La decisión fue adoptada por el estrecho margen de seis votos a cinco. Se trata de la cuarta ocasión en la que el Constitucional revoca una decisión del Supremo relacionada con candidaturas de la izquierda ´abertzale´.