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La sentencia aclara sin embargo que corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación para evitar las irregularidades

El Tribunal Constitucional avala que las autonomías paguen las sanciones de la UE por el déficit con diez años de retraso

Enero 31, 2012

La normativa fue aprobada el pasado diciembre, mientras que el recurso fue interpuesto en 2001

Otra sentencia del TC desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001


El Tribunal Constitucional (TC), ha avalado que sean las comunidades autónomas, y no la Administración Central, quienes paguen las sanciones que pueda imponer la Unión Europea (UE), a España por incumplimiento de los objetivos de déficit derivados de su propia actuación. La sentencia del TC aclara que corresponde al Estado establecer los sistemas de coordinación y cooperación que permitan evitar las irregularidades o las carencias en el cumplimiento de la normativa europea, y también «los sistemas de compensación interadministrativa de la responsabilidad financiera que pudiera generarse para el propio Estado en el caso de que dichas irregularidades o carencias se produjeran efectivamente y así se constatara por las instituciones comunitarias».
 
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, anunciaba recientemente que la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria prevé ya un régimen de sanciones para las regiones incumplidoras, y que será similar al que se aplicará en la UE en el marco del Pacto Fiscal que se aprobará en uno de los próximos consejos europeos. La intensidad de las sanciones dependerá de la “gravedad y la reincidencia”, como afirmó el propio Montoro.
 
Sin embargo, esta disposición del TC llega con diez años de retraso, ya que fue aprobada el pasado 13 de diciembre de 2011, mientras que el recurso fue interpuesto en 2001, y se ha dictado tras los cambios constitucionales pactados el pasado verano por el PSOE y el Partido Popular.
 
En su texto, el TC desestima el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña contra varios artículos de la normativa, y consagra el principio de estabilidad presupuestaria, de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas a partir de ahora.
 
Dicho en otros términos, el mandato constitucional “vincula a todos los poderes públicos y queda fuera de la disponibilidad del Estado y de las Comunidades Autónomas”. Lo que quiere decir que la estabilidad presupuestaria obliga a todas las administraciones.
 
Buena parte de la argumentación del recurso iba dirigida contra “la obligación básica, impuesta por el Estado, a que todos los presupuestos públicos, incluidos los de las Comunidades Autónomas y entidades locales, deban ser aprobados sin déficit, y en situación de equilibrio o superávit”.
 
 
El alto tribunal aclara, en lo que se refiere al cumplimiento de estabilidad presupuestaria de las entidades locales, que en el ámbito de sus competencias, ajustarán sus presupuestos al cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria en los términos previstos por la ley, y sin perjuicio de las competencias que en esta materia tengan atribuidas las Comunidades Autónomas”.
 
 
Por otro lado, otra sentencia del TC desestimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Parlamento de Cataluña contra varios artículos de la Ley General de Estabilidad Presupuestaria de 2001, por considerar que vulneraban la autonomía política y financiera de la Generalitat, al obligar a ésta a mantener el equilibrio presupuestario o el superávit.
 
Por lo tanto, el Constitucional autorizaba al Estado a imponer límites al gasto de las autonomías a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera como medida política y económica de carácter general, ya que forma parte de su competencia de dirección de la actividad económica que le atribuye la Constitución.
 
Sin embargo, el reciente anuncio del ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, de establecer el control previo de los presupuestos autonómicos por el Gobierno central, ha puesto el grito en el cielo por parte de comunidades autónomas como Cataluña y País Vasco, que ya han calificado la medida de “censura previa, ataque al autogobierno o tutela destinada a cargarse la autonomía financiera”.
 
Equilibrio económico
 
Algunas de las ideas establecidas en la sentencia establecieron nítidamente que la garantía del equilibrio económico corresponde al Estado, como encargado de adoptar las medidas oportunas tendentes a conseguir la estabilidad económica interna y externa y la estabilidad presupuestaria, entendiendo por estabilidad presupuestaria la situación de equilibrio o de superávit en términos de capacidad de financiación.
 
El principal reproche se dirigió a que tal definición se aplicase ala Generalitat en la elaboración y aprobación de sus presupuestos. Sin embargo, el Constitucional dejó sentado que la autonomía financiera de las comunidades autónomas no excluye la existencia de controles, incluso específicos, si bien supondría una limitación inadecuada de la autonomía financiera las intervenciones del Estado con controles rigurosos que no se manifiesten imprescindibles para asegurar la coordinación de la política autonómica.