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EL DESCONTROL DE LAS AYUDAS PARA EL EMPLEO (I)
La Fundación para la Formación Continua gestionó la Formación Profesional de los trabajadores desde 1992

El Supremo condena a Patronal y Sindicatos a devolver 3 millones de euros entregados irregularmente a la empresa del que fue secretario del FORCEM

Marzo 26, 2012

Elevaron el precio del contrato con la sociedad ODON 91 SL, de la cual era también apoderado, un 187,63% mediante una carta del gerente y sin realizar un nuevo procedimiento de contratación

Los trabajos realizados por esta mercantil fueron “irrelevantes” o “copias de otros anteriores”

El FORCEM se fusionó en el año 2004 con la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo


Entramos en unas semanas claves para nuestra Economía. Tras la próxima huelga general del 29 de marzo, se conocerán los Presupuestos Generales del Estado que contendrán las medidas de recorte para conseguir el objetivo de déficit para el 2012 consensuado por el Gobierno y la Comisión Europea. Y es que la presión de esta última y de los Estados Miembros como han sido las declaraciones, aunque posteriormente rectificadas, del primer ministro Italiano Mario Monti son un claro ejemplo. Con el compromiso de no subir impuestos como el IVA, el caballo de batalla son los recortes y que estos no toquen los servicios básicos.

Así muchos ciudadanos verían con buenos ojos por ejemplo que se redujeran subvenciones a partidos políticos y sindicatos, y es que visto la última sentencia confirmada por el Supremo, el uso que se ha hecho de muchos millones de euros que deberían haberse utilizado para fines tan importantes como la formación deja que desear.

Así el alto Tribunal acaba de condenar al FORCEM, organismo creado por la patronal y los sindicatos CC.OO., UGT y CIG, para la gestión de la Formación Profesional de los empleados hasta el 2004 (cuando se constituyó la Fundación Tripartita) a devolver 3 millones de euros al INEM que fueron entregados irregularmente a una empresa en la que su apoderado era también el secretario de este organismo.

Y es que a pesar de existir un claro conflicto de intereses, el FORCEM pagó enormes cifras de dinero que iba incrementando sin control como consecuencia de los diversos trabajos, dictámenes y asesoramientos realizados, por la sociedad ODÓN 91, S.L. o incluso directamente  por él mismo. Estos trabajos además fueron irrelevantes o copias de otros anteriores realizando además modificaciones contractuales injustificadas.

Dinero del INEM a bolsillos particulares

FORCEM era una Fundación constituida por CEOE, CEPYME, CCOO, UGT y CIG, quienes aportaron su capital inicial pero que se nutrió, para llevar a cabo los Acuerdos Nacionales de Formación Continua, de los fondos aportados por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), por la Unión Europea y en menor medida de los provenientes de la gestión de los remanentes de su tesorería. De los procedentes del INEM, el primer Acuerdo Nacional de los años 199 a 1996 previó que podía destinarse el 10% a gastos de funcionamiento. El segundo Acuerdo Nacional 1997 a 2000,  dispuso a tal efecto una cantidad fija cuya utilización debería justificar la Fundación.

Así, FORCEM contrató con ODÓN 91, S.L. el asesoramiento jurídico el 21 de julio de 1994 por un precio de 11,5 millones de pesetas (691.163 euros). Para que no constara el conflicto de intereses anteriormente  señalado se inscribió en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid a su esposa y un hijo de ambos menor de edad.

Mientras el 5 de abril de 1995 la Junta de Gobierno de FORCEM decidió nombrarle secretario percibiendo 50.000 pesetas (300,51 euros) por cada sesión a la que asistiera. Pero las irregularidades no pararon, sino que fueron a más. El 25 de julio de 1996 se amplió el contrato de asesoramiento entre FORCEM y ODÓN 91, S.L. de manera que la retribución pasó a ser de 30 millones de pesetas anuales (180.303 euros) con efectos de 1 de enero de 1996, se mejoró la cláusula de revisión anual del contrato, se excluyó el IVA del precio y se introdujo una indemnización por rescisión sin justa causa equivalente a una anualidad. Esa ampliación del contrato se formalizó mediante una carta del Gerente de FORCEM, a la que dio su conformidad el propio apoderado de ODÓN 91, S.L. como secretario. Es decir era asesor jurídico interno de FORCEM a 25 de julio de 1996 y una de las personas que debía añadir su firma a la del Gerente en contratos de más de 50 millones de pesetas. Además, tenía autorización para firmar, con otra de las personas designadas al efecto, los pagos.

El resultado es que elevaron el precio del contrato entre FORCEM y ODÓN 91, S.L., en un 187,63%. Es decir, no habían aumentado las necesidades de asesoramiento jurídico de FORCEM en tal medida. Además, la modificación del contrato inicial mediante una carta del gerente se realizó sin previo procedimiento en el que se hicieran ofertas a otros posibles interesados para obtener asesoramiento en las mejores condiciones, supuso para la sentencia “un acto realizado sin la debida diligencia en el desempeño de su cargo por parte del Gerente, que causó perjuicios económicos a la Fundación“.

Lo peor es que esto sólo es una parte de las irregularidades detectadas y que nos han costado millones de euros que ahora veremos si finalmente acaban volviendo a las arcas del Estado.