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Tras el escándalo de los cubatas a 3,45 euros en el Congreso de los Diputados

El restaurante de la Intervención General de la Administración del Estado vende a sus empleados menús a 5,75 euros y cafés a 70 céntimos

Julio 3, 2013

En el contrato entre la Administración y la empresa adjudicataria es gratuito

El asequible ágape se completa con cervezas y batidos a 90 céntimos o, por poner algún ejemplo, una botella de vino Valdepeñas de crianza a 4 euros

La Administración del Estado se encarga según sus estatutos de que “la actividad económico-financiera del sector público se adecúe a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia”

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A finales de mayo saltaba el escándalo padre a la luz pública. El Congreso de los Diputados subvencionaba los cubatas y combinados de alta graduación de los políticos que hipotéticamente se concentran en el órgano constitucional para hacer política. No obstante, la Cámara Baja primaba con un precio de la misma altura a los diputados y sus huéspedes para consumir los refrigerios salpicados por gotas de licor. Ante el vendaval desatado en la opinión pública, el Congreso tan solo tardó una semana en eliminar esta vergonzosa prebenda y restituir el precio lógico del cubata –en otras Cámaras como el Parlamento Gallego no se distribuye desde 2007– que se vendía a unos pírricos 3,45 euros. El precio medio de la copa en Madrid es de 8 euros. Algo más que el doble.

El 20 de julio de 2013, unas dos semanas más tarde de la rectificación del Congreso respecto al precio de los cubatas de los diputados, la Plataforma de Contratación del Estado publicaba el anuncio de licitación para contratar el servicio de cafetería-restaurante en las instalaciones del edificio ocupado por la Intervención General de la Administración del Estado. Una licitación para la que la Junta de Contratación del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas de Cristóbal Montoro no prepara ni un solo euro, en espera de las propuestas que se presentarán.

Los precios son irrisorios, como aquellos que debían sufragar los diputados para su sol y sombra. El pliego de cláusulas administrativas detalla la relación de productos y precios unitarios máximos de licitación. Para el menú, los trabajadores de la intervención general del Estado escogerán un primer plato entre tres, un segundo a elegir entre otros tantos y su respectiva guarnición, así como un postre a elegir entre cuatro -debiendo incluir fruta fresca y lácteos-, pan y bebida envasada. Todo ello, con su correspondiente opción de régimen o dietética por 5,75 euros o, en su defecto, 4,75 euros si se opta por un menú con plato único.

Los productos que configuran este momio para los interventores del Estado conforman un sinfín de viandas a precios de otro tiempo: platos combinados a 3 euros; sándwiches a 1 euro; medios bocadillos de jamón serrano a 90 céntimos; o una baguette entera de salmón con tomate o mahonesa, o bien de calamares por 2,60 euros.

Según el pliego de prescripciones técnicas, “el servicio a prestar, así como la calidad de los artículos y consumiciones que se ofrezcan al público, deberán ser equivalentes a los de una cafetería de primera categoría, según la reglamentación vigente”. Los mismos productos, el mismo resultado, pero un precio sensiblemente menor.

Café más barato que el de Zapatero

El café también entra en la oferta. Esa bebida estimulante tan extendida en el populacho provocó en su día el traspié del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien aseguró rotundamente que en la calle un café valía 80 céntimos. Al socialista le respondieron por aquel entonces que ese precio se daba “en los tiempos del abuelo Patxi”. En el número 50 de la madrileña calle María de Molina -emplazamiento de la Intervención General de la Administración del Estado- esos tiempos han vuelto: un café solo o descafeinado se cotiza a 70 céntimos de euro, infusiones a 50 céntimos y churros a 40.

Y es que a los trabajadores de la Intervención General del Estado, aquellos que se encargan de que “la actividad económico-financiera del sector público se adecúe a los principios de legalidad, economía, eficiencia y eficacia”, no predican con el ejemplo. El asequible ágape se completa con cervezas y batidos a 90 céntimos o, por poner algún ejemplo, una botella de vino Valdepeñas de crianza a 4 euros. Si la Administración no aporta ni un centavo y la empresa debe ceñirse a estos precios antediluvianos, ¿qué beneficio saca la adjudicataria? ¿Qué pluses se esconden tras un contrato a saldo cero?

El pliego de cláusulas administrativas lo dice claro: “el importe de los servicios de cafetería restaurante será satisfecho directamente por los usuarios, sin que la Administración destine partida económica a tal fin”. “A los efectos previstos en el artículo 88 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), dado que no está destinada partida económica por parte de la Administración, el valor estimado del contrato, incluidas posibles prórrogas y modificaciones es de 0 euros”.

Una vez más, todos los españoles debemos costear con nuestros impuestos ciertas canonjías muy prescindibles de los políticos nacionales. Mientras a los de abajo se les reduce el salario en un 5%, se les quitan derechos fundamentales como los días libres, se aumentan las jornadas laborales o se elimina el derecho a la sanidad -esa por la que España siempre ha sacado pecho-, a los de arriba se le subvenciona el aperitivo y la copa de después, para la buena digestión. Loable gestión.  

Jesús Prieto