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El PSOE firma con Ciudadanos el acuerdo para la supresión de las Diputaciones pero continúa licitando contratos millonarios desde ellas: 2 millones de euros para las Telecomunicaciones del ente provincial de Pontevedra

Mayo 4, 2016

El contrato se divide en dos lotes: uno para los servicios de voz y datos (931.700 euros), y otro para telefonía móvil (159.720 euros). La eliminación de los entes provinciales generaría un ahorro de unos 5.000 millones de euros

carmela silva

A finales de febrero el Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos llegaban a un acuerdo para intentar despejar las dudas del panorama de ingobernabilidad que vive España. Un pacto entre dos fuerzas, una de centro izquierda y otra de centro derecha, que parecía impensable hace escasos meses. Sin embargo, Pedro Sánchez, el líder socialista, pasó por el aro y aceptó todas las condiciones que puso Albert Rivera a la firma de la alianza. Unas condiciones que se resumen en una reforma constitucional exprés de cinco puntos: supresión de la figura de los aforamientos, facilitar las iniciativas legislativas populares -bajando de 500.000 a 250.000 las firmas necesarias para impulsarlas-, la despolitización de la Justicia, la supresión de las Diputaciones Provinciales y, por último, limitar los mandatos a ocho años para el presidente del Gobierno.

Quizás, la más polémica de estas proposiciones aceptadas por el PSOE sea la que pretende eliminar las Diputaciones Provinciales. A pesar de que ya en 2011, el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Alfredo  Pérez Rubalcaba, proponía su supresión en el programa electoral, hay que comprender que las Diputaciones son instancias de poder de gran calado en la ordenación territorial de España y que muchas de ellas llevan el sello socialista por bandera. Sin embargo Pedro Sánchez parecía convencido: Iniciaremos la reforma de las diputaciones para sustituirlos por consejos provinciales de alcaldes, de manera que puedan estar atendidos los municipios de menos de veinte mil habitantes“. Y vaya si fue controvertida.

La Diputación de Pontevedra un ejemplo de la contradicción de Ciudadanos y PSOE

La mayoría de los entes provinciales mostraron su rechazo generalizado a esta medida y el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, salía al paso para calmar las aguas desvinculándose de la supresión y asegurando que solo se modernizarían para  hacerlas más eficientes y sustituirlas por entidades con competencias similares. Con todo, el mismo partido que pretende, por un lado, suprimir las Diputaciones de Régimen Común continúa realizando gastos elevadísimos desde aquellas Diputaciones Provinciales en las que ostenta el poder. Por ejemplo, en la de Pontevedra.

La Diputación de Pontevedra, gobernada en mayoría por el Partido Socialista de Galicia (PSdeG), y encabezada por Carmela Silva, la que fuera fiel escudera del alcalde de Vigo y presidente de la FEMP, Abel Caballero, acaba de tirar del erario público para contratar el servicio corporativo de telecomunicaciones y creación de la red multiservicio de la Diputación de Pontevedra y centros dependientes. En total serán cerca de unos 2 millones de euros (1.091.420 euros cada año), por un contrato bianual que se divide en dos lotes. El primero, que se encargará de los servicios de voz y datos, tendrá una inversión de 931.700 euros, mientras que el segundo, para telefonía móvil, contará con un presupuesto de 159.720 euros, impuestos incluidos.

Un gasto en 2015 de 22.309 millones de euros

A la vista de estos datos se entiende el gasto que genera un órgano de gobierno de estas dimensiones. A los gastos habituales de personal, mantenimiento de Infraestructuras o Seguridad, hay que sumarles otros derivados de la propia dinámica laboral como podrían ser los Transportes o este servicio de Telecomunicaciones. Suprimir las Diputaciones de Régimen Común le ocasionaría al Estado un ahorro de unos 5.000 millones de euros al año.

En 2015, todas las Diputaciones generaron un gasto de 22.309 millones de euros. España cuenta con 38 Diputaciones de Régimen Común, las pertenecientes a las provincias de Galicia, Castilla y León, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía. Es hora de achicar el barco.

Doinel Castro