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El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada, subcontrata la asistencia técnica para los trabajos con Hidrocarburos, a pesar de contar con casi 500 empleados propios, mientras la mayoría de los consejeros se rebelan contra él

Abril 1, 2016

Serán 653.400 euros en 36 meses para cubrir el “servicio de asistencia técnica para la realización de trabajos relacionados con el mercado de hidrocarburos líquidos y biocarburantes”

Jose-Maria-Marin-Quemada

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), se enfrentaba al pleno más complicado de su historia en plena rebelión contra su presidente, José María Marín Quemada. El conflicto interno no es nuevo, pero ha alcanzado su máxima expresión ante la negativa de seis de los 10 consejeros a avalar el Informe sobre economía colaborativa impulsado por Marín que propone la liberalización total del sector del taxi, que debería haberse publicado en febrero. Al enfrentamiento que vive el organismo desde su fundación en octubre de 2013 entre su presidente y su vicepresidenta, María Fernández, que provenía de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a la que apoyaron dos consejeros nombrados por el PP, se han sumado otros tres consejeros, también propuestos por el partido del Gobierno. Esta mayoría rebelde propone que se vote la destitución del autor del Informe, Antonio Maudes, director de Promoción de la Competencia afín al presidente de la CNMC, asunto sobre el que tiene la última potestad Marín. Si el presidente no avala el cese, los sublevados han trasladado que debería analizar el asunto la Abogacía del Estado, escenario que no está previsto en los reglamentos del superegulador.

El consumo colaborativo o economía colaborativa se da cuando se produce una interacción entre dos o más sujetos -a través de medios digitalizados o no-, que satisface una necesidad real o potencial, a una o más personas. En la práctica, los nombres de Airbnb, Uber o BlaBlaCar (herramientas relacionadas con el alquiler y con el transporte de viajeros), le dirán al lector mucho más que la explicación técnica de este moderno mecanismo. Sin embargo, el organismo responsable de preservar, garantizar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios en España, la CNMC no se pone de acuerdo respecto a esta nueva forma que ha adoptado el mercado. De hecho, el ente dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad de Luis de Guindos ha publicado recientemente un Informe con conclusiones preliminares sobre la economía colaborativa.

500 trabajadores, ¿para qué?

No es este el único campo en el que los consejeros de la CNMC no se ponen de acuerdo. El organismo público no tiene muy claro si, para realizar sus tareas, echar mano de su propio personal o subcontratar a nuevas empresas, a pesar de contar con una concurrida plantilla.

Según la resolución de 23 de diciembre de 2015, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se publican las cuentas anuales del ejercicio 2014 y el informe de auditoría, publicada por el Boletín Oficial del Estado el pasado 12 de enero de 2016, la propia CNMC tiene unos gastos de personal que ascienden casi a los 28 millones de euros (27.555.394,63 euros). Este gasto resulta de las nóminas de los cerca de 500 trabajadores con los que cuenta la Comisión. De hecho, al cierre del ejercicio 2014 la CNMC tenía 190 funcionarios y 309 laborales.

A pesar de esta cantidad abrumadora de personal y de dinero dedicado a sostener la partida que cubre sus salarios, la CNMC decide optar por la subcontratación de nuevas empresas en lugar de gestionar sus propias tareas con el personal existente en su plantilla. Sin ir más lejos, el 18 de marzo de 2016 la Plataforma de Contratación del Estado publicaba el anuncio de la Presidencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el que sacaba la licitación el contrato para cubrir el  servicio de asistencia técnica para la realización de trabajos relacionados con el Mercado de Hidrocarburos Líquidos y Biocarburantes”. En total, 653.400 euros por un plazo de ejecución de 36 meses.

Una licitación que, por un lado, supone un gasto extra para las arcas del erario público y, por el otro, ignora y obvia las capacidades de los casi 500 trabajadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que como organismo público que es pagamos todos los contribuyentes.

Doinel Castro