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El presidente Carles Puigdemont regala 500.000 euros a una multinacional alemana justificando un procedimiento sin publicidad por exclusividad para mantener los alcoholímetros de los controles del Servicio Catalán de Tráfico

Abril 14, 2016

Las instituciones solo pueden acogerse a esta figura legal cuando las razones técnicas o artísticas lo exijan o cuando exista una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles. La empresa adjudicataria, Dräger, estuvo envuelta en 2012 en un escándalo acaecido en el Ayuntamiento de Parla por una factura de 2009 que no había sido abonada

Carles-Puigdemont

El Servicio Catalán de Tráfico (SCT), dependiente de la Generalitat de Cataluña de Carles Puigdemont, planeaba en los albores de la Semana Santa de 2016 lo que contemplaban como un dispositivo especial de tráfico que consiguiera evitar el mayor número de catástrofes en las carreteras de la comunidad, allí donde no tiene jurisdicción la Dirección General de Tráfico del Estado. Según explicaba el propio SCT, “la Semana Santa es una de las épocas festivas del año que registra más movilidad y complicaciones circulatorias en el conjunto de la red viaria interurbana de Cataluña”. Y tantas complicaciones se registraron que el resultado fue nefasto. En total, 18 fueron los desenlaces trágicos de los accidentes que se produjeron durante estas fechas en las vías catalanas. 18 vidas segadas que suponen un aumento de la mortalidad del 360% con respecto al mismo periodo de 2015 cuando tan solo se registraron 5 fallecimientos.

Parece que el SCT, deberá intensificar sus acciones en la carretera para lograr reducir estas pésimas cifras. Para ello, el Cuerpo dirigido por Eugenia Doménech viene de hacer público la formalización de un contrato de servicios para el mantenimiento de los etilómetros y alcoholímetros del Servicio Catalán de Tráfico y de la Dirección General de la Policía en las demarcaciones de Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Pero, ¿cómo ha llevado a cabo la  contratación de este acuerdo?

Un contrato “ad hoc”

En primer lugar, la adjudicataria, la empresa Dräger Safety Hispania S.A., forma parte de una matriz alemana que se dedica a generar soluciones para Hospitales, industria química, industria del gas, el petróleo y la minería, así como otras aplicaciones como en este caso, los productos de muestreo de alcohol y drogas. Pero lo más llamativo del caso es que el procedimiento escogido por la Generalitat presidida por Puigdemont sea un contrato negociado sin publicidad por exclusividad. Esto es, el SCT se salta a la torera las máximas de publicidad y concurrencia competitiva alegando que el contrato solo puede encomendarse a esta empresa determinada.

Las instituciones solo pueden acogerse a esta figura legal cuando las razones técnicas o artísticas o la prestación de derechos de exclusiva lo exijan, o bien cuando exista una imperiosa urgencia resultante de acontecimientos imprevisibles para el órgano de contratación y no imputables al mismo.

Otra vez Dräger

La empresa seleccionada ya fue protagonista de un escándalo nacional hace apenas cuatro años cuando un contrato fantasma en el Ayuntamiento madrileño de Parla aparecía en el cajón de las facturas sin pagar con fecha de 2009. Esta factura consistía en la compra de tres gorras para un nuevo subinspector de la Policía Local. Aunque empresas del sector ofrecen este tipo de complementos de uniformidad policial a un precio de unos 80 euros la unidad, el alcalde socialista José María Fraile decidió adjudicar el contrato a Dräger que exigía por las tres viseras una cantidad prohibitiva cercana a los 900 euros.

La factura vio la luz, como decíamos, en 2012, tres años después de su emisión y debido a los problemas de liquidez del Consistorio para el pago a proveedores. Por aquel entonces fue denegada del Fondo de Financiación para Proveedores del Ministerio de Hacienda y archivada como Operación Pendiente de Aplicar al Presupuesto. Desconocemos si, finalmente, el Ayuntamiento de Parla ha podido saldar su deuda con Dräger.

Doinel Castro