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Mientras la promotora de Comisiones Obreras despide a sus empleados por causas económicas objetivas

El patrimonio de Pedro Parra, consejero delegado de la gestora de CC.OO.: Chalet y piso en Aravaca y apartamento en Isla Canela

Junio 19, 2011

El precio del metro cuadrado en Aravaca, donde tiene buena parte de sus inmuebles, ronda los 3.600 euros

El chalet en Aravaca, supera los 1,4 millones de euros en precios de mercado

También posee plazas de garaje y trasteros en Madrid y Ayamonte (Huelva)


Menos de una semana después de que el Gobierno regulara el proceso de negociación colectiva y modificara parcialmente la normativa de los ERE por causas económicas, los sindicatos y la patronal vuelven a anunciar reuniones para negociar los contratos para jóvenes. Parece ser que la postura de Comisiones Obreras y UGT es tener como punto de partida el contrato a tiempo parcial, buscando las fórmulas para impulsar su uso como “transición” al empleo estable. Y decimos “parece” ya que igual que se oponían en teoría al despido por causas económicas, técnicas y objetivas aprobadas en la última reforma laboral, la organización liderada por Ignacio Fernández Toxo, como ha informado extraconfidencial.com, lo aplica en su promotora de viviendas de protección oficial, GPS Gestión.

Una reducción de personal que afecta en lo que va de año a más de diez personas y que ha causado dramas personales, más teniendo en cuenta que la reducción de personal empezó ya en 2009, como también les informó este medio y que casi un tercio de su personal tenía contrato eventual, el que consideran el que debe ser “transitorio”. Pero mientras esto sucede, la constructora reparte millones de euros en dividendos al sindicato y los directivos siguen disfrutando de una posición envidiable.

Chalet de 1,4 millones de euros sin hipoteca

Este es el caso de Pedro Parra Macia, consejero delegado de GPS Gestión que, como atestiguan empleados de la promotora, llega a las oficinas de la Gestora, sita en la madrileña calle de Cristóbal Bordiú en un coche de lujo desde su vivienda habitual, un chalet en una de las zonas más caras de Madrid, Aravaca.

Se trata de una vivienda dentro del conjunto residencial “Fuente del Rey”  en el punto conocido como “Cuesta de Galván”. Compuesta de planta de semisótano, con unos 97 metros cuadrados construidos, distribuida en garaje, cuarto de máquinas de calefacción, bodega y escalera con planta baja; una primera planta de 125 metros cuadrados construidos, distribuida en estar-comedor, dos dormitorios, dos cuartos de baño, cuarto de estar, pasillo y terrazas. El resto de la superficie se destina a patio y jardín con una parcela que ocupa 349 metros cuadrados. Una propiedad valorada en unos 1,4 millones de euros que fue adquirida en 1998 y en la que en los datos del Registro no figura ningún préstamo hipotecario.

No muy lejos de allí, en la Avenida de la Galaxia número 6, también en Aravaca, su esposa María Carmela López Sánchez, junto con su hermano, adquirió en título de compraventa y por el 50% un piso de 99 metros cuadrados compuesto de vestíbulo, cocina, dos cuartos de baño, dos dormitorios, comedor-estar y un tendedero junto con un trastero de seis metros cuadrados, a esto se añade un cuarto de trastero en el mismo inmueble. El precio del metro cuadrado de una vivienda en esta calle, según idealista.com, de supera de media los 3.600 metros. Tampoco sobre este inmueble pesa ninguna hipoteca o deuda.

Pero por supuesto hay que veranear. Para ello posee, desde noviembre de 2009 y en plena crisis inmobiliaria, el máximo responsable de GPS adquiría un apartamento en Isla Canela, Ayamonte (Huelva), que ocupa una superficie construida aproximada, incluidas las zonas comunes, de 97,78 metros cuadrados, más 10 metros cuadrados de terraza a los que hay que añadir una plaza de garaje con nada más y nada menos una superficie útil aproximada de 22,07 metros cuadrados.

Para su adquisición sí que utilizó una hipoteca de 132.390,57 euros pero a diferencia de la mayoría de los españoles que alargan sus cuotas a 30, 35 o incluso 40 años, su plazo es de tan sólo 10 años. Parece que la vivienda protegida no es mal negocio para algunos.