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Subvenciona con 15,3 millones frente a los 13,6 millones del Estado

El Parlamento de Cataluña paga 1,7 millones más a los partidos políticos que el Congreso y el Senado juntos

Octubre 5, 2009

Ha consolidado la subvención extraordinaria que en ejercicios anteriores procedía de transferencias de crédito del Presupuesto de la Generalidad

Las Comunidades Autónomas financian a los partidos con representación en sus Asambleas con un total de 56,6 millones

Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales  y otras entidades aportan otros 47 millones


Tanto monta, monta tanto, sindicatos y partidos políticos en España no saben de restricciones presupuestarias, ni de crisis. A diferencia de otros países en los que sólo viven de las aportaciones de sus afiliados y sus simpatizantes, el modelo político español se basa en la subvención que pagamos por supuesto todos los españoles.

Las subvenciones se cobran por todo tipo de representación diputado, senador, miembro de asamblea autonómica, cabildo insular y las más “descontroladas” las que parten de los Ayuntamientos y subvencionan a cualquier partido local independiente.
Y es que existen significativas diferencias entre los importes otorgados por Ayuntamientos de población similar, como consecuencia de no disponer de unos límites expresos y de unos criterios comunes en esta materia.

Pero si hay que destacar como buen pagador es el Parlamento de Cataluña, así las subvenciones a los grupos políticos, que supusieron en el ejercicio 2005 un total de 15.301.400 euros. El gobierno catalán se escusa en que esta subida procede de consolidar transferencias de crédito procedentes del presupuesto de la Generalitat, (aunque la procedencia del dinero sigue siendo el bolsillo de todos los españoles) pero aun así, la subida respecto al ejercicio anterior fue de un 10,86%, frente a un importe de 13.880.934 euros en el ejercicio 2004, de los que 7.510.121 euros provenían de la mencionada transferencia.

En relación a esta subvención, en aquellas formaciones que llevan una contabilidad diferenciada de la actividad de los grupos institucionales, se ha observado que el importe consolidado coincide prácticamente con el transferido a la contabilidad de la actividad ordinaria del partido, sin que se haya justificado su aplicación en la existencia de gastos realizados por cuenta del grupo político, lo que no se ajusta a lo previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica 3/1987, en cuanto a las fuentes de recursos públicos para su actividad ordinaria. Es decir se cobra sin necesidad de justificar gasto alguno.

El total de las últimas subvenciones fiscalizadas por representación suponen más de 100 millones de euros, pero esto no es todo, hay que añadir, las subvenciones anuales que reciben todos los partidos y las subvenciones públicas por gastos electorales y por supuesto añadir las facilidades que tienen por obtener créditos por los bancos, y la opacidad de estos para hacer la información pública incluso al Tribunal de Cuentas.