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Contrato por dos años, que puede prorrogarse otros dos ejercicios más

El Parlamento de Andalucía gasta 300.000 euros en los servicios de captación y difusión de su señal audiovisual

Julio 24, 2012
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El pasado 11 de julio, una semana antes de que se anunciara el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) sobre 1.200 trabajadores de la Radiotelevisión Valenciana, trabajadores de su homóloga andaluza protagonizaban un encierro en su sede por el “deterioro” y los ajustes que afectarán a los empleados de Canal Sur Radio y Canal Sur Televisión, presididos por José Moratalla Molina. Esas condiciones contemplan el recorte de al menos un 6% en el sueldo de la plantilla, así como la homologación de los complementos salariales con los del resto del organigrama de la administración andaluza (perjudicando a los trabajadores eventuales).

Y es que la situación de la televisión pública andaluza es insostenible. Este año, cerrará con un déficit de 42 millones, los cuales sumados a los 122 millones de subvención por parte de la Junta, genera un coste de 164 millones. De estos, unos 100 millones van a cubrir las nóminas de los 1.700 empleados, más que Antena 3 y Telecinco juntas, mientras que su coste salarial medio, de 59.000 euros supera con creces el de cualquier empresa andaluza, pública o privada.

Cuatro años para gestionar la señal del Parlamento de Andalucía

Con esta estructura, claramente sobredimensionada, se podría pensar que Canal Sur, cubre todos los aspectos institucionales del Gobierno de Andalucía, pero no es así. Una semana antes de estas movilizaciones, el BOE publicaba una resolución de la Secretaría General del Parlamento de Andalucía, por la que se anunciaba “la licitación, por el procedimiento abierto, de los servicios de captación, grabación, difusión y distribución de las señales audiovisuales del Parlamento de Andalucía”.

Este contrato de una duración de dos años, prorrogable a otros dos, tiene un presupuesto base de licitación total de 298.945,92 euros, no exigiendo ninguna garantía provisional, mientras que la definitiva es de tan sólo un 5%. Mientras el ciudadano pide el adelgazamiento del Estado, y rozamos el abismo de la intervención, el Parlamento de Andalucía parece actuar, como si nada estuviera pasando, sin que escuchemos ninguna queja de José Antonio Griñán.