Menú Portada
En marzo fueron 700.000 euros los que el Ministerio del Interior destinó en urnas y cabinas con el mismo cometido

El ministro Jorge Fernández Díaz está que lo tira: se gasta otros 60.000 euros en el alquiler de fotocopiadoras para las elecciones europeas del 25 de mayo

Mayo 13, 2014
pq_929_jorge_fernandez_diaz-copia.jpg

El próximo 25 de mayo -si el opio futbolístico lo permite-, media Europa estará pendiente del resultado electoral que saldrá del escrutinio del viejo continente. Desde la perspectiva del realismo, las expectativas de la atención que se depositará en las elecciones europeas por parte del pueblo, baja hasta límites insospechados. Y es que aunque “Esta vez son diferentes”, como reza el lema de la campaña auspiciada desde Bruselas y aunque el candidato de los diferentes partidos opta este año a presidir la Comisión Europea, las elecciones del 25 de mayo no levantan pasiones. A pesar de la indolencia del electorado, en el país donde Miguel Arias Cañete (PP) y Elena Valenciano (PSOE) se juegan buena parte del futuro de sus partidos, el Estado ha decidido celebrar los comicios por todo lo alto y sin escatimar ningún tipo de gasto.

La última concesión que el Gobierno Central ha realizado para tener todos los cabos atados el próximo domingo 25, pero no la única, ha sido la adjudicación del contrato para el “arrendamiento de máquinas de reprografía y comunicación, así como del suministro de los consumibles necesarios para su funcionamiento en las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. En total, casi 10 millones de las antiguas pesetas (58.854,53 euros) conforman el presupuesto base de licitación que la Delegación del Gobierno en Madrid ha designado para tal empresa. El pasado 30 de abril, se adjudicaba el convenio a Copiadoras Innovadas S.A. con un importe de 0 euros que se establecería finalmente “en función de la cuantía”. El modo de proceder, no fue el más correcto, ya que se optó por un proceso de licitación “negociado sin publicidad”.
 
Más naves quemadas en Europa
Además de estos 60.000 euros, la Dirección General de Política Interior -adscrito al Ministerio homónimo dirigido por Jorge Fernández Díaz– se gastó en marzo unos 700.000 euros en concepto de urnas y cabinas para las elecciones del 25 de mayo. En primera instancia, fue el contrato para la “adquisición y distribución de diverso material electoral con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014: urnas electores” que fue otorgado a Plasty S.A. por un total de 120.516 euros. Tan sólo 6 días más tarde se adjudicaba el acuerdo para la “adquisición y distribución de diverso material electoral con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014: cabinas electorales y soportes señalizadores de locales y mesas electorales”. En total, más de medio millón de euros que favorecía de pleno a la empresa valenciana Don Hierro S.L.
18 millones para el escrutinio
Estas tres no son las únicas acciones que desde el Ministerio del Interior se han llevado a cabo para posibilitar la realización de las elecciones europeas en España. El Ministerio del Interior sacaba a licitación en noviembre del año pasado el contrato para las “actuaciones necesarias para la realización del escrutinio provisional de los resultados electorales y su difusión, previsto en el artículo 98.2 de la LOREG, con motivo de la celebración de Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. Un contrato que se encargará, en detalle, de satisfacer los “servicios de escrutinio provisional y otros servicios adicionales, así como los sistemas de comunicaciones necesarios para la realización de todas las actuaciones que se indican en el PPT con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo 2014”. El importe presupuestado para este contrato serán más de 18 millones de euros -18.150.000 euros exactamente-. El dato más escabroso surge al comparar estos 18 millones presupuestados en 2013 con el gasto de 2009 (alrededor de 12 millones), siendo el máximo responsable de Interior en dicho ejercicio Alfredo Pérez Rubalcaba. Un diferencial de más de 6 millones de euros para el mismo servicio, cinco años después. Pocas justificaciones parecen lógicas para explicar un aumento de más del 50% en la licitación de un mismo servicio, cinco años más tarde y en el contexto de una recesión abrumadora.