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Invasión masiva de 530 subsaharianos en la frontera de Melilla en la madrugada de ayer

El ministro Fernández Díaz destina 100.000 euros a la reforma del Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE), sobre el que pesa una denuncia por maltrato a un grupo de malienses

Mayo 28, 2014

Cinco responsables prestaron declaración el pasado 2 de abril por la muerte en 2011 de una congoleña
La empresa adjudicataria, Construcciones Metálicas Martín Carretero, está especializada en obras de Comisarías Policiales, a pesar de que el CIE es un “establecimiento no penitenciario”
El contrato que rige la “obra de reforma del inmueble ocupado por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid” ha sido adjudicado a través de un proceso negociado sin publicidad


El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que la situación es “crítica” en Melilla tras la invasión de la frontera de Melilla por 530 subsaharianos alrededor de las 5,30 horas de la pasada madrugada. Esta es la segunda oleada masiva de inmigrantes por importancia que sucede en lo que va de año. La histórica del 18 de marzo ya queda en la retina de todos los españoles. Pronto vendrá otra que la supere, si no se toman cartas en el asunto, una labor que parece no gustar a los responsables que se dedican a cargar culpas contra el vecino: “No se trata únicamente de una frontera de España sino del conjunto de la Unión, decía esta tarde Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad y número dos de Interior. Los números son verdades absolutas y los 1.800 inmigrantes ilegales que han pisado suelo español este año han hecho saltar todas las alarmas. El CETI de Melilla se ocupa en estos momentos de 2.400 personas cuando su capacidad óptima no llega ni a 500.

Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Karibu-Amigos del Pueblo Africano, Pueblos Unidos y SOS Racismo Madrid-, interponían ante los Tribunales una queja por el trato recibido por un grupo de malienses (naturales del país africano de Mali), mientras se encontraban internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid (CIE), sito en el barrio de Aluche (Madrid). A tal efecto, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid -encargado de las funciones de control del CIE-, envió un requerimiento al centro madrileño, espoleado por la denuncia, y en el que se instaba a su cúpula directiva a que garantice el derecho de los inmigrantes allí recluidos a conocer la situación de su expediente administrativo, saber con antelación cuándo van a ser deportados y recibir información sobre la posibilidad de cursar una petición de asilo en España.  

No es la primera vez que el CIE de Aluche recibe una reprimenda: cinco responsables del establecimiento público (dos médicos, dos sanitarios del CIE y la directora de la empresa que lo gestiona) se sentaron en el banquillo de acusados para prestar declaración como imputados el 2 de abril del presente ejercicio por la muerte en 2011 de la congoleña Samba Martine, que sufrió una meningitis mientras estaba recluida.

Premio ante la polémica

Ante tales despropósitos, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no ha tenido mejor invención que sacarse de la manga un nuevo contrato para premiar al Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid por su “buen hacer”. De este modo, la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial dedica un total cercano a los 100.000 euros (salido de las arcas públicas) para acometer la “obra de reforma del inmueble ocupado por el Centro de Internamiento de Extranjeros de Madrid”.

En detalle, serán 97.499,43 euros que beneficiarán a la empresa Construcciones Metálicas Martín Carretero S.L. Una sociedad que en su página web se define como “una empresa fundada en 1979 por José Martín Núñez, padre de los actuales directores, con más de 30 años de experiencia en el sector y gran capacidad de desarrollo en recursos propios y materiales para dar satisfacción a todo tipo de cliente”.

La gota de agua que colma el vaso

Entre sus trabajos más destacados destacan las obras llevadas a cabo en las Comisarías de Moncloa-Aravaca (Madrid), Usera (Madrid) o Cáceres. Cabe destacar que el CIE es un “establecimiento público de carácter no penitenciario donde se retiene de manera cautelar y preventiva a extranjeros sometidos a expediente de expulsión del territorio nacional” mientras que las Comisarías sí poseen, por definición, calabozos temporales para los detenidos o salas de interrogatorio. Dos conceptos que el Ministerio del Interior parece confundir.

Un nuevo error de procedimiento aparece en la gestión de esta adjudicación, ya que el contrato ha sido otorgado a Construcciones Metálicas Martín Carretero a través de un proceso de licitación negociado sin publicidad, corrompiendo los principios básicos de transparencia. Según el pliego, Interior ha concedido el convenio a la susodicha empresa “al ser considerada su oferta la económicamente más ventajosa para Administración de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público”.

 
 El problema pandémico de la inmigración

El miércoles 18 de diciembre la Comisión de Interior del Congreso rechazaba la retirada de las cuchillas de las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla, así como las alternativas presentadas por la oposición, aduciendo, en palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que “no existe una alternativa tan eficaz”. “Las cuchillas cortan y cortan mucho, pero como el Gobierno no va a Melilla, les traemos las cuchillas para que las vean”, decía el diputado socialista, Antonio Trevín en la cámara baja de las Cortes españolas. Lo cierto es que contra las vallas se hieren multitud de inmigrantes que intentan saltar la barrera para pisar suelo español. La mayoría de ellos son deportados irregularmente incluso sin prestárseles atención médica: “Son llevados de vuelta a los furgones hasta la puerta número A 13 de la verja de Melilla, un lugar vetado al tráfico civil, donde no hay cámaras de vigilancia y donde los inmigrantes suelen ser expulsados de noche en caliente”, relataba El País a mediados de febrero.

En lugar de buscar un método menos nocivo, el Ministerio del Interior refuerza el sistema adjudicando más de 11 millones de euros en los primeros días del año para el mantenimiento de la verja de la discordia. En primer lugar, a través del expediente para los “servicios de mantenimiento integral de las instalaciones de los perímetros fronterizos de España con Marruecos en las Ciudades Autónomas de Melilla y Ceuta”, con un valor estimado de casi 10 millones de euros (9.754.183 euros). En segundo lugar, el contrato para la “obra de reforma consistente en la adecuación de las instalaciones del Puesto Fronterizo de Beni Enzar, en la ciudad autónoma de Melilla”, que dejó más de 1 millón de euros (1.139.429,71 euros) en las arcas de la empresa adjudicataria, Acciona Infraestructuras S.A.-.

Una tendencia que continúa el tortuoso rumbo de las ayudas a los movimientos migratorios desde que se dieron a conocer los Presupuestos Generales del Estado para 2013. En éstos, el Gobierno reservaba un total de casi 150 millones de euros para financiar el caso migratorio. De ellos, más de 76 millones de euros en acciones “a favor de los emigrantes” y más de 62 millones “a favor de los inmigrantes”.