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La implantación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) ha requerido recientemente más fondos del Estado

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, destina medio millón de euros a los sindicatos con representación en los centros privados en pleno desmantelamiento de la enseñanza pública

Enero 14, 2015

Según “la convocatoria de ayudas para fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos”
El pastel se reparte entre la Federación de Trabajadores de la Enseñanza Unión General de Trabajadores (98.004,66 euros); Federación de Enseñanza Comisiones Obreras (52.793,50 euros); Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza del Estado Español (200.479,51 euros); y Federación de Enseñanza Unión Sindical Obrera (129.522,33 euros).


La educación y la igualdad son dos conceptos de gran importancia en una sociedad moderna. Para su máximo desarrollo, el primero debe fomentar el segundo y el segundo debe completar al primero. La realidad en España no permite por el momento una perfecta combinación de ambas. Para empezar existe la llamada educación segregada, que para muchos debería extinguirse. Entre ellos está el PSOE que recientemente ha acusado al Gobierno de anteponer los intereses privados de los centros que segregan por sexo a los derechos de los alumnos en el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos, con claro menoscabo a la igualdad, esa tan esencial. Por ello se ha pedido en dos proposiciones de ley que se suspendan los conciertos educativos a los centros que segregan por sexo, una situación amparada por la nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).

Es precisamente la Lomce la Ley más polémica de los últimos tiempos en la educación española. Una normativa que no cuenta con la aprobación ni de docentes ni de alumnos y por cuya retirada clama el colectivo educativo. Lejos de replantearse su aplicación, el Grupo Popular en el Senado ha presentado una enmienda a los Presupuestos de 2015 para transferir más fondos a los trabajos técnicos de implantación de la LOMCE.

Dinero público a centros privados

Los centros concertados también se encuentran en una posición delicada tanto en la segregación como en su propia constitución como centros educativos. Son los centros privados, centros que no deberían recibir financiación directa del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de José Ignacio Wert ya que de ser así -como es- se produce un claro detrimento a la educación pública.

La Resolución de 26 de noviembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades, por la que se resuelve la convocatoria de ayudas para fomentar la negociación colectiva en el ámbito de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos”, ha sido publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado. En total son cinco millones de euros (480.000 euros) para financiar a los centros privados y que serán repartidos del siguiente modo: Federación de Trabajadores de la Enseñanza Unión General de Trabajadores (98.004,66 euros); Federación de Enseñanza Comisiones Obreras (52.793,50 euros); Federación de Sindicatos Independientes de la Enseñanza del Estado Español (200.479,51 euros); y Federación de Enseñanza Unión Sindical Obrera (129.522,33 euros).

Medio millón de euros para los principales sindicatos españoles con vistas a financiar los centros educativos privados con fondos públicos. Conceptos que chirrían por separado y más en su cohesión.